El cúmulo de irregularidades registradas durante la elección de jueces el 1 de junio último refuerza los casos contra el Estado mexicano que promueven jueces en ejercicio y colectivos de derechos humanos ante organismos internacionales por las normas que transgrede la reforma judicial, dicen a Proceso expertas en el área de justicia.
- La profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Azul Aguiar, señala que la reforma lopezobradorista “definitivamente viola normas específicas de tratados internacionales y convenciones de las que México es parte, entre ellas la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles”.
Esos instrumentos, señala la autora de “Los tribunales y la erosión judicial de la democracia en América Latina», hablan de una justicia independiente y de garantías de independencia a jueces.
Y para Aguiar, lo que ocurrió en las elecciones judiciales de hace dos semanas fue la captura del Poder Judicial por parte del oficialista partido Morena, lo que acaba con la división de poderes en México.
La doctora en Ciencias políticas prevé que el Estado mexicano será condenado en diferentes instancias internacionales por haber destituido de manera masiva a miles de personas juzgadoras para dar paso a los candidatos a jueces elegidos el 1 de junio, todos ellos cercanos a Morena.
“El problema es que esta condena será como en 10 años –dice–, y en ese momento, dependiendo del gobierno que tengamos, veremos si acata la sentencia”.
- La abogada peruana Úrsula Indacochea, quien asistió como observadora a la elección judicial en su calidad de directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales “tienen hoy más argumentos” para seguir investigando el caso mexicano.
- México, sostiene la maestra en Derecho constitucional, deberá rendir cuentas de la reforma judicial ante instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra; la Comisión de Venecia –organismo europeo que promueve el constitucionalismo y el Estado de derecho– y, eventualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
También, en la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, cuya titular, Margaret Satterthwaite, ha señalado incluso que aunque la corrupción judicial ya existe en México, la elección de jueces puede causar que la justicia sea “más fácilmente infiltrada por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial”.
Desdén por las recomendaciones
Úrsula Indacochea explica que aunque los procesos ante organismos internacionales pueden llevar mucho tiempo, los fallos que produzcan instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos estarán lejos de ser simbólicos.
- Esto, porque una condena de ese tribunal con sede en Costa Rica probablemente estipule altas indemnizaciones monetarias para los más de siete mil jueces que serán cesados y reemplazados por los juzgadores elegidos el pasado 1 de junio y en los comicios de 2027.
- “Además de las indemnizaciones que ya les deben y que no les van a poder pagar porque el dinero de los fideicomisos ya se lo pasaron a Hacienda, el Estado mexicano tendrá que pagarles las indemnizaciones de todos los años que no van a poder ejercer su carrera o que están a punto de jubilarse y no lo podrán hacer por los despidos”, indica.
Dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también puede ordenar a México “cambiar algunas cosas de su marco normativo interno” relacionadas con la reforma judicial.
Aunque de acuerdo con Indacochea, “ahora México no hace mucho caso de las sentencias de la Corte tampoco; ya le mandaron a reformar la ley de la prisión preventiva oficiosa y el Estado mexicano no lo ha hecho”.
- Azul Aguiar considera que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado muestras de su desdén a recomendaciones y señalamientos de organismos multilaterales.
- Como ejemplo señala que la presidenta ya descalificó, de entrada, el informe preliminar de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los comicios judiciales, que recomienda que ese modelo de selección de jueces por el voto popular “no se replique para otros países de la región”.
De acuerdo con la misión, encabezada por el político izquierdista chileno Heraldo Muñoz, los mexicanos deben evaluar si esa forma de elegir jueces, que no tiene precedentes en el mundo, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la justicia “o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.
A reparar el daño
En mayo pasado, 14 personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF) de México presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que documentaron varias violaciones de sus derechos fundamentales como resultado de la implementación de la reforma judicial lopezobradorista.
- Los denunciantes argumentan que como trabajadores del PJF fueron “directamente afectados” por la reforma judicial y piden a la CIDH tomar medidas para proteger sus derechos y ordenar al Estado mexicano otorgarles una reparación.
- Además, indican que la reforma judicial vulnera principios internacionales como el de independencia judicial, el de igualdad y el de no discriminación, y acusaron a altos funcionarios del gobierno de Morena de acusarlos públicamente de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso, lo que afectó su honra.
“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura”, afirma la petición.
- La denuncia ante la CIDH, que fue presentada en representación de los jueces mexicanos por el Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, sostiene que no busca derogar la reforma judicial.
Lo que pretende es que las personas afectadas obtengan “la reparación integral por la violación de sus derechos humanos” y contribuir al fortalecimiento de los estándares de independencia judicial dentro del Sistema Interamericano para casos futuros.
“Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región”, dice el director adjunto del Vance Center, Jaime Chávez Alor.
- La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, una de las demandantes, sostiene que “ya es demasiado tarde para revertir los cambios perjudiciales que ha traído consigo este proceso de reforma, que tiene motivaciones políticas, pero no es demasiado tarde para reparar esos daños”.
La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, recuerda que en la sesión sobre la reforma judicial convocada por la CIDH en Washington en noviembre pasado varios juzgadores, abogados de derechos humanos y grupos de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos que implicaba para la democracia y la separación de poderes esa iniciativa.
- “Esta elección que vimos el 1 de junio, con tantas irregularidades, confirma muchos de los escenarios que alertamos en aquella sesión”, señala.
- Los resultados, dice la abogada, comienzan a estar a la vista ya que, como resultado de esos comicios, todos los candidatos que fueron elegidos para conformar la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral son cercanos a Morena.
“De hecho ése fue el énfasis más importante que hicimos en esa sesión de la CIDH, la posible cooptación de los cargos judiciales por parte del partido de gobierno, de dirigentes de Morena, de intereses económicos, de delincuencia organizada, y lo que corroboremos de esto lo vamos a llevar a los organismos internacionales”, indica.
México, en la mira
Hace dos semanas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano que admitió una denuncia de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito (Jufed) sobre las violaciones a los derechos fundamentales de juzgadores y de la «grave afectación a la independencia judicial derivada de la llamada reforma judicial».
- La presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, dijo que esa notificación es parte del proceso internacional de vigilancia y escrutinio sobre las condiciones que imperan en México en materia de garantías judiciales y “respeto a los principios democráticos»,
- La elección judicial permitió que se “colaran” al Poder Judicial abogados de la cuestionada secta La Luz del Mundo y un torturador, según las primeras investigaciones de organismos de la sociedad civil
De hecho, explica, varios integrantes de organizaciones que han denunciado la reforma judicial se reunieron con observadores internacionales que viajaron a México para conocer de manera directa el proceso electoral que culminó el 1 de junio.
“Los que hemos visto desde diferentes organizaciones confirma que no fue una elección limpia y que esta reforma es un mal ejemplo para gobiernos que buscan la concentración del poder por vías no muy legales, no muy ortodoxas, ni muy apegadas a los principios democráticos”.
- De acuerdo con Camacho, el litigio internacional contra la reforma lopezobradorista es un proceso a largo plazo –después de la CIDH pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, “pero cuando menos tenemos que hacer las denuncias en estos espacios internacionales de todo lo que está pasando con la implementación” de la iniciativa.
- El Estado mexicano, dice, “ya estaba en la mira de diferentes organismos internacionales por esta reforma, porque desde el sexenio pasado los contrapesos entre poderes se estaban perdiendo, porque el expresidente (Andrés Manuel López Obrador) desobedecía sentencias de jueces y ahora, con esta elección, la captura del Poder Judicial se consuma”.
La abogada peruana Úrsula Indacochea dice que con la elección popular de jueces “México se ha lanzado al abismo” y eso es algo que va a tener una gran fiscalización por parte de organismos internacionales./Agencias-PUNTOporPUNTO
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