Al dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin definición la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), se arriesga a que México sea objeto de un proceso de responsabilidad internacional por incumplir la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, al interior del país, el impacto será para cientos de personas que se mantienen en la cárcel y cuyos procesos se encuentran varados por la falta de una resolución sobre esta medida cautelar.
- Así lo aseguró Simón Hernández, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, quien explicó que, en noviembre, México deberá rendir un informe sobre cómo ha atendido la sentencia que se le dictó en 2023 y será para el próximo año cuando la CIDH se exprese al respecto. Será entonces cuando su incumplimiento podría llevar a que el gobierno sea llevado ante la Asamblea General de la OEA, para dar cuenta de que se ha negado a cumplir.
- Subrayó que esto sólo lo han enfrentado países con alteraciones en su funcionamiento interno y constitucional, como lo fue Perú en tiempos de Alberto Fujimori, o Venezuela, hacia el final del gobierno de Hugo Chávez.
“México nunca ha tenido un posicionamiento confrontativo con el Sistema Interamericano. Siempre ha sido de colaboración, de construcción, de cumplimiento, posiblemente con retraso, pero el Estado siempre ha sido muy respetuoso del orden interamericano. En este caso, pues todo parece indicar que las autoridades no querrán cumplir y, pues, seguramente habrá un llamado mucho más enérgico de la Corte Interamericana el próximo año”, declaró, en entrevista.
- El experto en este tipo de medida cautelar recordó que, a raíz de esta sentencia, la Corte Interamericana ordenó pausar los amparos que personas en prisión preventiva oficiosa presentaron hasta que el alto tribunal tomara una decisión respecto a la sentencia de la CIDH.
- Enfatizó que el mayor inconveniente lo viven aquellas personas que están privadas de su libertad como consecuencia de arbitrariedades, “malas” decisiones judiciales y que veían en los amparos una salida a su situación.
Como consecuencia, subrayó que esto lleva a un agravamiento de determinadas condiciones que enfrentan varios penales en México: sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e incluso la permanencia de distintos delitos, como la extorsión y corrupción en su interior.
En su último reporte sobre el sistema penitenciario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que los temas de mayor incidencia en los 14 centros carcelarios federales son la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como la atención a personas adultas mayores.
- Señaló que la discusión sobre la aplicación o no de esta medida se ha quedado en el discurso político, pero, en su opinión, lo que se tiene que atender es la eficacia en la labor que realizan las fiscalías para defender adecuadamente a las víctimas y también en justificar cuando esta medida cautelar deba aplicarse.
“Lo que no debería suceder es esta aplicación automática, porque genera muchas distorsiones al sistema de procuración de justicia. Primero, que se genere una alta dinámica de fabricación del delito, de extorsión, que los delitos que sí suceden no se investiguen adecuadamente, que no se generen capacidades para investigar y para presentar adecuadamente un caso, y para poder garantizar una reparación a una víctima”, dijo./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
