América Latina tiene una obsesión: cambiar las reglas electorales. En 45 años, 19 países implementaron 297 reformas legales. El problema es que muchas, lejos de fortalecer la democracia, la han debilitado. En diversas investigaciones he documentado cómo las reformas legales se han convertido en una herramienta para acceder o retener el poder, pero no siempre para mejorarlo.
- Si bien muchas reformas significaron avances en derechos, pluralismo e inclusión, otras generaron efectos perversos. A menudo se copian mal reformas de otros países o nacen de caprichos personalistas, sin diagnósticos serios ni consensos amplios. Dos ejemplos dramáticos ilustran esta afirmación: primero, la reelección presidencial indefinida. Entre 2009-2025, cinco países eliminaron límites a la reelección. El resultado: deterioro democrático.
La Corte Interamericana declaró que la reelección indefinida contradice los principios de la democracia representativa. Segundo, el voto preferencial. La promesa: democratizar partidos y crear vínculos directos con las y los candidatos. Los resultados fueron catastróficos: guerra interna partidaria, personalización extrema, clientelismo, campañas carísimas y exclusión de mujeres.
Cuatro lecciones: muchas reformas responden a un interés político inmediato, producen efectos contrarios a sus objetivos; casi nunca se evalúan; tienden a concentrar o a fragmentar el poder. Flavia Freidenberg, IIJ UNAM
Lo que es inaceptable
La reforma electoral en ciernes es el golpe final a la democracia. El oficialismo habla de reducir el número de representantes electos por representación proporcional en las cámaras, disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la independencia de las instituciones electorales.
- Los efectos de estas medidas conducen a la consolidación de la concentración de poder en Morena mediante la eliminación de facto de la capacidad de la oposición para formar mayorías alternativas. En pocas palabras, llevan a terminar con la alternancia política.
- Una reforma de esta naturaleza es un llamado a la violencia. Cerradas las vías de acceso al poder, se impedirá la formación de mayorías que de todas maneras tendrán una base social, pero que no podrán expresarse en la toma de decisiones en el parlamento, los ejecutivos y, desde la reforma judicial, en el Poder Judicial de la Federación y de los estados.
En vez de que el conflicto político se procese dentro de los cauces institucionales, se desplazará a la calle cuando el control morenista se agote, lo que comenzaría de inmediato, les guste o no.
Si la reforma viene así, significa el fin de la República democrática y la legitimación de una forma de gobierno que comenzó de facto en 2024 con la imposición de la sobrerrepresentación oficialista. Limitará el sufragio universal, las libertades individuales y el Estado de derecho. Francisco Valdés Ugalde, investigador de la UNAM
Debe surgir del consenso
Primero lo obvio: la mejor reforma electoral es la que surge del consenso de las diversas fuerzas políticas, dado que se trata del marco que debe regular su competencia y convivencia. Eso se entendió en el pasado y la diversidad instalada en el Congreso logró que las últimas cuatro reformas contaran con el aval de la pluralidad política.
No parece que eso se encuentre en la agenda gubernamental y es probable que desde el gobierno se esté pensando en una operación para beneficiar a su coalición con la mayoría espuria de la Cámara de Diputados y la compra de voluntades en el Senado.
Una auténtica reforma electoral debería por lo menos:
1) Lograr que entre votos y escaños en la Cámara de Diputados hubiera correspondencia.
2) Que las autoridades electorales recuperaran su autonomía para ofrecer garantías de imparcialidad. Su elección debería hacerse con el consenso de las fuerzas políticas con presencia en el Congreso.
3) Fortalecer condiciones de equidad en la competencia, sin las cuales es imposible hablar de auténticos comicios.
4) Preservar los servicios civiles de carrera en los institutos locales y el nacional.
5) Mantener el esquema federalista, con autoridades nacionales para los comicios federales y autoridades estatales para las elecciones en los estados.
6) Redoblar las disposiciones para impedir que los gobiernos de todos los niveles intercedan en la contienda. José Woldenberg, expresidente del IF
No puede haber regresión
Todos los modelos electorales son perfectibles y esto se logra en toda democracia mediante reformas electorales.
Ahora bien, la pregunta es saber qué requisitos deben cumplir estas reformas para que realmente sean democráticas y, por ende, inclusivas de todas las voces.
- En nuestra historia democrática, las reformas electorales siempre han sido pedidas por la fuerza política que quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales. La buscan los partidos de oposición con el fin de corregir errores del diseño que salieron a la luz con motivo del proceso electoral. Y esto ha implicado que todas las fuerzas se sienten en la mesa para buscar los consensos y definir las mejores reglas del juego democrático al que todos se someterán.
En el contexto actual, la iniciativa de reforma emana del Poder Ejecutivo, es decir, del partido que ha ganado las dos últimas elecciones presidenciales y legislativas.
Hoy la oposición no está sentada en la mesa de negociaciones y esto implica que una parte de la sociedad no esté representada en estos debates.
La reforma debe tomar en cuenta la evolución democrática de México, los avances alcanzados. No puede ser regresiva.
Debe también fortalecerse la justicia electoral, ya que los tribunales electorales deben ser el pilar de cualquier sistema electoral. Son los órganos que dan certeza en los resultados electorales. Janine M. Otálora Malassis, exmagistrada del TEPJF
Respetar voto del electorado
A fin de garantizar que la integración de la Cámara de Diputados refleje la voluntad real del electorado y las reformas constitucionales sean resultado de la deliberación entre la pluralidad y no de la imposición de una sola fuerza política, se deben mantener las curules de representación proporcional y corregir la indebida e inconstitucional interpretación de la Sala Superior del TEPJF, que permite una sobrerrepresentación excesiva y la conformación de una mayoría calificada por una misma fuerza política.
Así, se debe hacer explícito que el límite máximo de 300 diputaciones y de ocho puntos de sobrerrepresentación previsto en la Constitución se aplica también a las coaliciones.
- Si se redujera el número de diputaciones de representación proporcional, estas debieran tener sólo una función compensatoria en favor de los partidos subrepresentados conforme a la elección por el principio de mayoría.
Para garantizar que el Senado refleje la voluntad real del electorado y cada estado tenga igual número de senadurías, establecer que las cuatro senadurías por cada entidad federativa se elegirán por el principio de representación proporcional.
Para fortalecer la voluntad ciudadana y reducir el peso de los partidos, prever que la lista de candidaturas por representación proporcional tenga el carácter de abierta, o cerrada pero desbloqueada, o se forme con quienes obtuvieron los mejores porcentajes de votación y no ganaron por mayoría. Jesús Orozco Henríquez, expresidente CIDH./Agencias-PUNTOporPUNTO
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