Una red de siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales estatales es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante posibles operaciones de simulación de competencia, triangulación de recursos y uso de empresas factureras.
- De acuerdo con la información de la investigación citada por Grupo REFORMA, actualmente hay 70 cuentas bancarias bloqueadas, aunque no se han identificado públicamente a todos sus titulares ni se han dado a conocer resoluciones definitivas sobre las responsabilidades de las personas y compañías señaladas.
La indagatoria se concentra en los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con empresas que han participado en contrataciones de materiales electorales desde 2012. También se mencionan exfuncionarios relacionados con la administración del INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei. El caso plantea interrogantes sobre la competencia entre proveedores, la asignación de contratos públicos y el destino de los recursos utilizados para organizar elecciones en México.
Según los antecedentes proporcionados sobre la investigación, entre 2023 y 2024 la UIF también bloqueó más de 400 cuentas bancarias relacionadas con 13 personas físicas y siete empresas. Sin embargo, no se ha precisado si las 70 cuentas actualmente bloqueadas forman parte de ese universo anterior o corresponden a medidas adicionales.
La investigación sigue en curso. Los señalamientos no constituyen por sí mismos pruebas de responsabilidad penal, y la información disponible no permite establecer que los contratos examinados hayan sido declarados ilegales mediante una resolución definitiva.
¿Por qué la UIF investiga a empresas proveedoras del INE?
La investigación busca determinar si varias compañías que participaban en licitaciones públicas actuaban realmente como competidoras independientes o si mantenían vínculos que les permitían coordinar sus propuestas.
El análisis también contempla movimientos financieros entre sociedades relacionadas y posibles operaciones con empresas que presentan características asociadas con la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
Las principales conductas bajo investigación son:
- Simulación de competencia: presentación de ofertas aparentemente independientes por empresas que podrían estar relacionadas.
- Triangulación de recursos: transferencias de dinero entre distintas sociedades para identificar su origen, destino y posibles beneficiarios.
- Operación de factureras: posible utilización de compañías que emiten comprobantes fiscales por servicios u operaciones que deben comprobarse.
- Contrataciones públicas: revisión de adjudicaciones para determinar si existieron condiciones que favorecieron a determinados proveedores.
La existencia de relaciones comerciales entre empresas no demuestra automáticamente una irregularidad. Para determinar responsabilidades es necesario establecer si hubo acuerdos indebidos, operaciones simuladas o incumplimientos de las disposiciones aplicables.
¿Cuáles son las siete empresas relacionadas con la investigación?
La información identifica siete sociedades vinculadas con el grupo empresarial de los hermanos Hernández Casillas:
- Cajas Graf.
- Corporativo Zeg.
- Formas Finas y Materiales.
- Seriplast de México.
- Diseño Reconstrucción y Comunicación.
- Formas Finas Fernando Fernández.
- Comercializadora Grupo Selati.
Entre ellas destacan Cajas Graf y Corporativo Zeg, por sus antecedentes como proveedoras de materiales utilizados en procesos electorales.
Las autoridades financieras buscan establecer la relación corporativa y económica entre las compañías, así como identificar si existieron transferencias que permitan acreditar las operaciones investigadas.
La inclusión de una empresa en esta relación no significa que exista una sentencia o sanción definitiva en su contra.
¿Qué relación tienen los hermanos Hernández Casillas con los contratos electorales?
José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas aparecen como los principales empresarios señalados en la investigación descrita.
Las compañías relacionadas con ambos habrían participado en contrataciones de organismos electorales desde 2012, antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del INE.
Uno de los antecedentes examinados corresponde a licitaciones realizadas en el organismo electoral de Sonora, durante el periodo en que Taddei estuvo al frente de esa institución.
Según el reporte citado, en esos procedimientos se identificaron propuestas que aparentaban provenir de competidores independientes, aunque existían relaciones entre las sociedades participantes.
La indagatoria busca determinar si estas condiciones permitieron favorecer al grupo empresarial mediante contratos financiados con recursos públicos.
Este antecedente amplía el alcance del caso, debido a que las operaciones investigadas no se limitan a la actual administración del INE ni a contrataciones federales.
¿Qué exfuncionarios del INE aparecen relacionados con las contrataciones?
La información menciona a dos personas que ocuparon cargos administrativos dentro del Instituto Nacional Electoral:
- Jesús Octavio García González. Fue encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración desde septiembre de 2025. Su trayectoria es relevante porque, de acuerdo con las publicaciones de Grupo REFORMA, anteriormente había participado como representante de empresas proveedoras del propio Instituto.
- Claudia Arlett Espino. Ocupó la Secretaría Ejecutiva del INE entre noviembre de 2024 y septiembre de 2026. Su nombre aparece en la información sobre la revisión de contrataciones, aunque no se detallan las operaciones específicas que se le atribuyen.
La documentación oficial del INE confirma que ambos desempeñaron esas funciones. En particular, los registros institucionales de octubre de 2025 identifican a García González como encargado de Administración y a Espino como secretaria ejecutiva.
Es importante distinguir entre la participación de una persona en procesos administrativos y la acreditación de una conducta irregular. Hasta ahora, la información presentada no permite establecer responsabilidades definitivas de estos exfuncionarios./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
