A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el caso sigue siendo una herida abierta en la historia reciente de México. A pesar del paso del tiempo y de diversos esfuerzos gubernamentales para esclarecer los hechos, las familias de los desaparecidos continúan exigiendo verdad y justicia.
Después de la “verdad histórica” presentada por el entonces fiscal Jesús Murillo Karam, las inconformidades y la falta de verdad han sido una constante en el caso. El periplo de los familiares de las víctimas se ha basado en la búsqueda de certezas.
- En un esfuerzo por avanzar en la resolución del caso, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha llevado a cabo cinco reuniones significativas con los familiares de las víctimas. Estas sesiones han sido fundamentales para abordar las demandas de los padres y reafirmar el compromiso del gobierno, aunque sigue sin haber avances sustanciales.
- El primer encuentro se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2024, cuando la presidenta se comprometió a reactivar las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas. Los padres expresaron su descontento con la falta de avances y solicitaron un enfoque más transparente en la investigación.
- Para el 28 de febrero de 2025, en la segunda reunión, Sheinbaum presentó un informe sobre los avances en la Comisión de la Verdad. Los familiares recibieron detalles sobre nuevas líneas de investigación y la importancia de la colaboración con organismos internacionales.
Sin embargo, los padres reiteraron su exigencia de respuestas concretas. Lo que han buscado desde el principio es el paradero de sus hijos o, por lo menos, la información real sobre qué pasó con ellos.
Tres meses después, en un nuevo encuentro, los familiares exigieron la renuncia del titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez. Además pidieron la extradición del exfuncionario de la Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada, Tomás Zerón, y del exjuez de barandillas en Iguala.
El cuarto encuentro ocurrió el 29 de julio, donde se adelantó que en septiembre darían nuevas líneas de investigación del caso. Los padres expresaron su frustración por la falta de resultados tangibles, pero también su esperanza de que el compromiso del gobierno se traduzca en acciones concretas.
- Tras concluir la quinta junta, el pasado 4 de septiembre, el nuevo representante de lo familiares, Isidoro Vicario, calificó de infructuosa la reunión llevada a cabo con la presidenta, debido a que se presentaron líneas de investigación que ya se habían analizado con anterioridad. Hablaron, incluso, de un retroceso.
- Por su parte, la mandataria mexicana dijo un día después, que el gobierno mexicano y la ONU negocian la posibilidad de que personal del organismo conforme un nuevo grupo de trabajo interdisciplinario para el caso Ayotzinapa.
- Las reuniones han sido un espacio crucial para el diálogo entre el gobierno y los padres de los normalistas, quienes han enfrentado más de una década de dolor y lucha.
- Clara violación a los Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, destaca la importancia de continuar la búsqueda de justicia y verdad en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.
Entre los hallazgos más significativos del informe se encuentra la Manipulación de la Evidencia, apartado en el que la CIDH denuncia que la «verdad histórica» presentada por el gobierno anterior fue manipulada, lo que ha llevado a una serie de errores en la investigación que aún afectan el proceso actual.
Respecto a la participación de autoridades, se han identificado indicios de complicidad entre autoridades locales y grupos criminales, lo que sugiere que la desaparición de los estudiantes no fue un acto aislado, sino parte de un patrón más amplio de violaciones a derechos humanos.
En el apartado llamado Falta de Progreso en la Búsqueda, la comisión enfatiza que, pesar de los esfuerzos realizados, la búsqueda de los restos de los estudiantes desaparecidos sigue sin resultados concluyentes.
La CIDH llama a las autoridades mexicanas a redoblar esfuerzos para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas. Además, se insta a que se brinde apoyo a las familias de las víctimas, quienes han enfrentado años de sufrimiento y búsqueda de justicia.
El décimo primer aniversario de la desaparición de los estudiantes, ocurre en un contexto de creciente presión social y movilizaciones en todo México, donde los familiares de los estudiantes desaparecidos continúan exigiendo respuestas.
Estas afirmaciones caminan en el sentido de la búsqueda de justicia para las víctimas de Ayotzinapa. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de este caso, que sigue siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad en México.
Cientos de millones y 43 ausencias
- Se perdieron de la faz de México sin que ningún esfuerzo haya dado con su localización. Han pasado 11 años desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Superior “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos. Habían acudido a Iguala, Guerrero, para tomar autobuses y asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
- Era la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y no solo desaparecieron 43 estudiantes; también murieron seis personas, entre ellas, los estudiantes Julio César Mondragón Fontes quien fue torturado, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
Son 11 años marcados por marchas, informes, peritajes, un grupo especializado, una comisión de la verdad, verdades históricas, cierre y reinicio de las investigaciones, y promesas, muchas promesas.
También, es más de una década marcada por un gasto multimillonario de tres gobiernos federales a través de varias instancias en un marco de dispersión y opacidad. Primero la Procuraduría General de la República (PGR) que se transformó en Fiscalía y luego las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Gobernación (Segob) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVaj) han ejercido recursos que en más de una década no han presentado en conjunto.
No obstante, cifras disponibles en los documentos financieros de la Organización de Estados Americanos, los contratos históricos de la otrora PGR y respuestas a solicitudes de información realizadas por investigadores, periodistas y ciudadanos en general, arrojan un flujo de cientos de millones de pesos. Un gasto sin ningún reflejo.
La danza de los millones
Al principio –los primeros diez días– la responsabilidad del esclarecimiento de la tragedia quedó en el Gobierno de Guerrero. Pero, en paralelo, los padres se organizaron y acudieron a los medios. Pronto, en las calles, tanto de Guerrero como de la Ciudad de México, un grito se hizo común: “¡Nos faltan 43!”
En octubre la administración federal intervino a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Se empezaron a hacer los primeros gastos que, según el rastro de esta instancia en el antiguo CompraNet, no fueron más allá de traslados a Iguala, Guerrero.
Un mes después, el entonces procurador Jesús Murillo Karam –hoy bajo proceso– se presentó en una conferencia de prensa en la que brindó resultados concluyentes de supuestas pesquisas sobre Ayotzinapa. El exfuncionario sostuvo que las 43 desapariciones se debieron a acciones del grupo delincuencial Guerreros Unidos. Este cártel los habría asesinado y calcinado en el basurero de Cocula. Después, esparció sus restos en el río San Juan.
La versión, conocida como “verdad histórica”, fue cuestionada y rechazada por las madres y padres de los 43 que lograron a través de la medida cautelar 409/2014 que fuera sometida a escrutinio. Entonces, México aceptó la participación de Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Equipo Argentino de Antropología Forense y solicitó el apoyo de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria.
En esta etapa, según la documentación, la erogación se incrementó. La entonces PGR reportó por tres años de investigación 49.6 millones de pesos. Siete meses la misma suscribió otro reporte en el que el gasto era de 75 millones 275 mil 43 pesos. Los conceptos reportados fueron gastos operativos y de investigación, así como el uso del sistema Láser Imaging Detection and Ranging (LIDAR), consta en documentos archivados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Al GIEI el gobierno mexicano le dio un millón de dólares que en 2016 equivalía a 18 millones 474 mil 215 pesos (unos 30 millones de pesos de ahora), según un informe financiero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la OEA de ese año. Se gastó en sueldos, viajes, personal externo, relación con la prensa, gastos administrativos, entre otros.
El gasto entre operativos, peritajes y logística
- Para el cuarto aniversario de Ayotzinapa, en 2018, la cifra se había disparado: entre la PGR y la Secretaría de Marina se contabilizaban 132.9 millones de pesos destinados a operativos, diligencias, peritajes, viajes de funcionarios y apoyos logísticos relacionados con la investigación. Hasta ese momento se habían pagado investigaciones por aire y tierra, servicios periciales y personal especializado.
- Pero los normalistas no aparecieron y las instituciones se desgastaron. En 2019 el gobierno reconoció que la “verdad histórica” estaba rota y las investigaciones habían fracasado. Entonces, por decreto, dentro de la Segob fue creada la CoVAJ.
Los trabajos de la nueva instancia implicaron más erogaciones. El organismo realizó, sobre todo, operativos en fosas clandestinas y estudios. Pero el registro de los gastos quedó integrado en el global de la dependencia federal.
En el undécimo aniversario las madres y padres marchan por las calles de la Ciudad de México. De nuevo gritan: “¡Nos faltan 43!” La escena se parece a aquellos primeros días cuando se sospechaba de una tragedia y el Gobierno federal empezaba a invertir./Agencias-PUNTOporPUNTO
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