Durante la gestión de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano se desviaron recursos por mil 134 millones 84 mil 631 pesos que originalmente servirían para apoyar a damnificados por el huracán Willa, comprar estufas ecológicas, pagar rentas, seguridad, vuelos y hasta coches.
- De acuerdo con la auditoría forense practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la dependencia, incluida en la Cuenta Pública 2018, estos desvíos se operaron a través de mecanismos similares a los implementados, previamente, en la Secretaría de Desarrollo Social, para concretar la llamada Estafa Maestra: subcontrataciones de empresas que posiblemente sea fantasma.
David Colmenares, auditor Superior de la Federación, dijo durante la presentación del Informe de la Cuenta Pública 2018 que han ido presentando denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República sobre probables casos de corrupción, y aportando pruebas que se requieren en juicios penales de los imputados.
“Como ejemplo tenemos la participación de la ASF de manera directa, activa y coordinada con la Fiscalía en diferentes audiencias relacionadas con el caso que se desahoga en el Poder Judicial de la Federación sobre las irregularidades presuntamente cometidas por exservidores públicos de la entonces Sedatu y de la Sedesol”, dijo.
- El mayor probable daño al erario público fue de 211 millones 204 mil 278.80 pesos; fue ocasionado porque la Sedatu “pagó injustificadamente” al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para operar el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional y el de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
- La secretaría pagó 159 millones 491mil 334.30 pesos a la empresa Integraciones Profesionales, para que prestara el servicio de administración y mantenimiento de la infraestructura informática. Sin embargo, la dependencia no tenía autorización de Hacienda para devengar ese monto.
Además, contrató Actividades Creativas para la Prevención de la Violencia para adaptar 480 espacios públicos por 52 millones de pesos. Sin embargo, esta empresa subcontrató a Servicios Integrales Kade, Impulso Empresarial Becka y Comercializadora de Materiales Hospitalarios Goes para el trabajo, pero no hay constancias de que lo hayan hecho ni de que existan.
Esa empresa regresó a la Sedatu 26 millones de pesos sin que la dependencia haya reportado el reintegro o explicado por qué ocurrió.
Pagó 67 millones de pesos a Casanova Vallejo por 122 vehículos que nunca aparecieron y 47 millones a Coppel por vales con los que damnificados por el huracán pudieran canjearlos por estufas, colchones y refrigeradores pero que, en realidad, nunca fueron entregados./EL HERALDO DE MÉXICO-PUNTOporPUNTO
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