México ocupa el tercer lugar entre 193 países, después de Myanmar y Colombia, en un índice de crimen organizado difundido por el Banco Mundial (BM).
- En el informe “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, el organismo indica que México es el país de la región con mayor participación en mercados ilícitos, 13 de 15, seguido por Brasil y Colombia, cada uno con 8.
Detalla que el índice, desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés), se compone de dos puntajes, uno sobre criminalidad y otro sobre resiliencia.
- El primero evalúa la escala, el alcance y el impacto de 15 mercados criminales y evalúa la estructura y la influencia de cinco tipos de actores criminales. El segundo mide la preparación de los países para enfrentar el crimen organizado.
- De acuerdo con el reporte, hay cuatro elementos que caracterizan al crimen organizado en América Latina y el Caribe: control territorial, gobernanza criminal, extorsión y captura del Estado.
- Los grupos criminales, detalla, controlan territorios que van desde algunas manzanas en zonas urbanas hasta grandes áreas rurales, donde monopolizan mercados ilícitos (y a veces lícitos) a través de la coerción y la violencia.
Grandes porciones del territorio, apunta, están bajo el control de grupos criminales, en particular en Colombia, México, Brasil, Ecuador y Venezuela.
“En los territorios que controlan, las organizaciones criminales dictan las reglas del juego. Proveen servicios a la comunidad, sustituyendo al Gobierno, especialmente en la provisión de seguridad y justicia, a menudo en respuesta a demandas de la ciudadanía”, añade.
“El cobro de ‘impuestos’ a empresas es una práctica común de los grupos de crimen organizado en los territorios bajo su control”.
La actividad criminal, remarca el BM, es posible gracias a la habilidad de los grupos criminales para manipular actores estatales tanto a nivel nacional como subnacional.
- El Banco Mundial señala que entre los factores que han influido en el crecimiento del crimen organizado en la región, y de la violencia asociada al mismo, se encuentran la reorganización de los grupos en respuesta a estrategias de confrontación por parte de los Gobiernos y la misma pandemia de COVID-19.
- “Existe evidencia de que la violencia en México se intensificó significativamente como consecuencia de las operaciones contra el narcotráfico y las incautaciones de drogas en Colombia entre 2006 y 2009”, indica.
“La pandemia de COVID-19 generó nuevas oportunidades y desafíos para el crimen organizado en todo el mundo. En Colombia y México, la crisis permitió que las organizaciones criminales ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad”.
México, advierte, ocupa el primer lugar en la tasa de victimización por el crimen organizado en la región, seguido por Venezuela y Argentina.
El crimen organizado y la violencia frenan el desarrollo en América Latina
El crimen organizado y la violencia representan hoy “una barrera creciente para el desarrollo” de América Latina y el Caribe, alertó el Banco Mundial en su Reporte Económico de América Latina y el Caribe de abril de 2025.
- De acuerdo con el informe, el crimen organizado se ha expandido más allá del narcotráfico, abarcando “la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de armas de fuego, la extorsión, la minería ilegal y los crímenes cibernéticos”.
- “El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada”, afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, en declaraciones difundidas en un comunicado.
“Este ya no es un problema aislado, exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos”, Jaramillo dijo.
El reporte agrega que este flagelo se alimenta de la falta de oportunidades económicas y de participación política, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Añade que la ausencia de empleos de calidad, combinada con contextos de violencia familiar y social, facilita el reclutamiento de jóvenes en organizaciones criminales que les ofrecen ingresos superiores, perspectivas de carrera y formas de reconocimiento personal que los mercados legales no pueden garantizar.
“Las reformas necesarias para generar estas oportunidades han sido postergadas por décadas, y la región hoy paga un alto precio en forma de mayor criminalidad, crecimiento económico perdido y desarrollo estancado”, según el informe.
“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo”, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
- En materia carcelaria, el diagnóstico es severo respecto a la respuesta institucional. El Banco Mundial subraya que las cárceles están hacinadas, muchos reclusos no han sido sentenciados y, en varios países, los grupos criminales han tomado el control de los penales.
- “En este contexto, la ineficacia del sistema judicial, combinada con fragilidad institucional y fuerzas de seguridad débiles y poco estratégicas, contribuye a crear un círculo vicioso que abarca amplias desventajas sociales, económicas y políticas”, agrega el documento.
- Según el reporte, se proyecta que la región crecerá apenas 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026, lo que la posiciona como la región con menor estimación de crecimiento en el mundo.
El Banco Mundial señala que enfrentar el crimen organizado en América Latina y el Caribe requiere fortalecer la capacidad del Estado mediante reformas policiales, mejoras en el sistema penitenciario y el fortalecimiento de los procesos judiciales, así como impulsar políticas económicas que generen empleo y brinden alternativas reales a los jóvenes a través de mejor educación y formación profesional.
El informe subraya la importancia de producir investigaciones a largo plazo que guíen las decisiones gubernamentales, advirtiendo que la falta de estudios constantes y comparables dificulta el desarrollo de políticas eficaces./Agencias-PUNTOporPUNTO
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