CRISIS de DESAPARICIONES de MIGRANTES se AGUDIZA en MÉXICO; hay 120 MIL indocumentados NO LOCALIZADOS

Al retomar advertencias del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2020), en el informe «Mecanismos Transnacionales existentes para la búsqueda e investigación en casos de personas migrantes desaparecidas» se enfatiza que las crisis de desapariciones de personas migrantes se habrían agudizado a lo largo de los últimos años.

Algunas fuentes señalan que entre 72.000 y 120.000 personas migrantes la mayoría provenientes de Centroamérica- habrían desaparecido en México entre 2006 y 2016. Los datos disponibles en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México estima un total de 329. 627 personas que habrían sido reportadas como desaparecidas desde 1964 al 11 de septiembre de 2024, de las cuales 214.165 habrían sido encontradas, mientras que 115.462 permanecen desaparecidas en México. La falta de sistematización y coordinación institucional en la recopilación de datos fidedignos conduce a que el número exacto de migrantes desaparecidos en México sea hoy desconocido.

  • La situación migratoria en México responde, entre otros, a crisis en Latinoamérica que conducen a que millones de migrantes busquen nuevas oportunidades de vida en Estados Unidos, utilizando a México como país de tránsito, remarcan el Laboratorio de Justicia y Política Criminal para la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, tras haber hablado con ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras que migran a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades laborales y acceso a medios económicos perdurables en el tiempo.
  • El estudio resalta que “las precarias condiciones económicas, la violencia y el cambio climático, entre muchas otras situaciones les obliga no sólo a migrar de su país, sino a hacerlo en condiciones de alta inseguridad y peligro; mediante rutas migratorias no identificadas o con la mediación de “coyotes” o “polleros” que a veces están vinculados a grupos ilegales.

Si bien México, Guatemala, El Salvador y Honduras han tenido algunos avances en la definición de un marco jurídico para el abordaje de casos de personas migrantes desaparecidas, parecería que estas regulaciones no están alcanzando sus objetivos en la práctica, se apunta en el reporte al resaltar nuevamente que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, señaló que sólo en 2019 en México se denunciaron 1.363 casos de desapariciones forzadas en los que se habría documentado la participación de agentes estatales con las redes de delincuencia organizada. Hasta 2021, 1.307 de estos casos estarían pendientes de cualquier investigación. Las autoridades de investigación sólo habrían iniciado carpeta de investigación y proceso de búsqueda en 365 casos, en los que 8 personas fueron encontradas vivas y 10 se encontraron fallecidas.

  • En México cada vez más aumenta la crisis por desapariciones forzadas que, además, se caracteriza por ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, falta de investigación efectiva y falta de labores de búsqueda exhaustivas que respondan a las necesidades de quienes están en la búsqueda de sus familiares y quienes, además, parecen no contar con las herramientas o los recursos suficientes para hacer un seguimiento adecuado a los casos denunciados, se destaca.

Las consecuencias del fenómeno de desaparición son especialmente graves, pues, la desaparición de un ser querido puede implicar una vulneración múltiple en los derechos fundamentales tanto de quien está desaparecido como de los familiares o allegados que lo buscan. Adicionalmente, puede generar múltiples afectaciones en la salud mental -angustia, dolor intenso e incertidumbre constante-. “Los efectos de la desaparición no sólo atañen a la dignidad de la persona desaparecida, afectan también con sus secuelas el tejido social, la economía del hogar e incluso, la condición jurídica de sus familiares” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, SF), remarca el Laboratorio de Justicia y Política Criminal para la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho./Agencias-PUNTOporPUNTO

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