Más de 20 niñas y adolescentes se convierten en madres en nuestro país todos los días, en un contexto de riesgo de muerte materna que se duplica en personas menores de 19 años de edad.
El embarazo infantil es consecuencia de violencia y también un problema urgente de salud pública. De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud, 7 mil 855 niñas y adolescentes menores de 15 años fueron madres en México durante 2024. De ese total, parieron 3 niñas de diez años; 32 de once y 195 de doce.
“Es lamentable que en pleno 2026 tengamos que seguir hablando de que hay niñas que están entrando en trabajo de parto y que están siendo madres producto de una violación, porque esto nos habla de que a las niñas no se les está garantizando su derecho a la salud”, apunta Angie Contreras, de la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres.
- La activista recuerda que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) reconoce en su artículo 50 “el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social” de infancias y adolescencias; por lo tanto, cuando una niña entra en trabajo de parto significa que el Estado ha fallado en garantizarlo, lo mismo que en casos como el que se conoció la semana pasada de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, que accedió al servicio de aborto, con cinco meses de embarazo, producto de una violación por parte de su padrastro.
Las cifras oficiales arrojan una realidad alarmante que revela la problemática de la violencia sexual infantil: entre las madres niñas y adolescentes de 10 a 17 años registradas en 2024, la diferencia promedio de edad respecto a los “padres” fue de 15 años y cerca del 9 % ya tenía previamente al menos un hijo o una hija, destaca Mujeres Vivas, Mujeres Libres en un pronunciamiento.
NIÑAS NO MADRES
“¿Qué pasó durante esos cinco meses y qué pasó antes?”, cuestiona Angie Contreras sobre el caso mediático de la niña de 11 años que interrumpió un embarazo en Matamoros.
“¿Por qué no hubo ninguna persona atenta a los cambios que presentaba?, ¿dónde estuvo el Estado, las instituciones de educación, la asistencia de salud?, ¿dónde estuvieron también las otras personas adultas que estaban observando esta situación?”, añade, enfatizando las fallas en distintos niveles.
El hecho de que el caso se haya vuelto tendencia tampoco es de celebrar —remarca—, pues demuestra que solo pudo recibir acompañamiento hasta que el tema se volvió viral, mientras que muchas más niñas —21 cada día— están convirtiéndose en madres. ¿Quién está hablando de esas otras niñas?, apunta.
La falta de acceso a abortos legales y la violación a los derechos humanos de las niñas mediante maternidades forzadas son temas que a nivel internacional han derivado en precedentes importantes. El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió resoluciones favorables en dos casos litigados por el movimiento Niñas No Madres mediante la condena a los Estados de Ecuador y Nicaragua.
- En estas resoluciones, el comité hizo principalmente cinco conjeturas. La primera, es que la falta de acceso al aborto viola el derecho a la vida y a la vida digna, pues la situación tiene implicaciones que dañan el proyecto personal, familiar, profesional y educativo de las niñas.
- El segundo, es que el Comité vuelve a reconocer, como ya lo ha hecho en otros casos, que impedir que las niñas y mujeres accedan a servicios de salud como el aborto, constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes por el alto impacto emocional que esto tiene en la salud mental de las niñas.
Como tercer punto, el comité habla de una vulneración a la vida privada cuando no existe una regulación del aborto. El cuarto, es su abordaje en torno a la violación al acceso a la información, con una ampliación a la salud sexual y reproductiva, y finalmente, se presenta también un análisis en torno a la discriminación y al hecho de que sigan existiendo barreras y penalizaciones a un servicio de salud reproductiva como el aborto.
El caso de Matamoros pone de relieve, como publicó Animal Político la semana pasada, que las autoridades suelen ignorar lo que implica la NOM-046, que reconoce que las niñas menores de 15 años pueden tener una interrupción legal del embarazo en caso de violación, para lo que no se requiere presentar una denuncia, sino únicamente solicitarlo.
Pero Angélica Contreras va mucho más allá: considera que los embarazos de niñas y adolescentes que llegan a término deben conducir a poner en el centro, de nuevo, la importancia de sacar el aborto del código penal y poner fin, definitivamente, a su criminalización.
En la sociedad, en cambio, sigue sin permear que una niña puede tener un aborto, y por otro lado, persiste el miedo a dar la información y practicarlo.
Angie Contreras resalta que hablar del aborto como un tema de salud pública implica pensarlo de manera integral, lo cual implicaría tener acceso a educación, información y servicios sin importar si una mujer vive en un municipio, una comunidad o una capital.
En el caso particular de niñas y adolescentes, el tema que sigue ausente es la prevención, la cual solo se logra fortaleciendo la educación y la información. Las clases de educación sexual que se reciben, sobre todo fuera de la capital, siguen sosteniéndose desde una visión que reproduce miedo y prejuicios, donde además se les niega el derecho a ser escuchadas.
- “Puedes tener toda la educación que tú quieras, pero a ellas no se les escucha, se minimiza o se menosprecia lo que dicen, o no se les cree, pero además, y ahí viene de la mano con la falta justamente de conocimiento y de operatividad de la Norma 046, se desconoce qué hacer”, puntualiza Contreras.
- Muchas veces, no solo se trata —precisa— del desconocimiento que tienen las autoridades de salud pública o de instancias cuyo trabajo se enfoca en las mujeres, el personal de salud o las fiscalías sobre la aplicabilidad de la NOM-046, sino que tampoco saben a dónde canalizar. Por otro lado, las instancias de salud creen que el tema solo recae en las fiscalías y eluden su responsabilidad.
“¿De qué sirve que tú les estés dando información, si todas las demás instancias del Estado no están justamente alineadas a trabajar desde el derecho a la salud que las niñas también tienen? Y eso implica hablar de aborto”, añade la activista.
Por eso es que las organizaciones y acompañantes insisten tanto en que el aborto debe eliminarse completamente del Código Penal para que sea un tema de salud pública, y por esa vía pueda seguirse exigiendo la implementación de la NOM-046, también en el caso de las niñas.
Lo contrario implica seguir privilegiando una mirada adultocéntrica, en la que se proyecta el mensaje de que las niñas les pertenecen a las personas adultas, “y que si la niña dice, la niña opina, la niña cambia de actitudes, eso no es importante para la persona adulta, pero las niñas tienen derechos también, y el derecho a la salud es uno de ellos”, remarca.
Por otro lado, negar la situación como un problema estructural tampoco permite atenderla de manera adecuada, desde la manera como se exponen y comunican los casos, como el de la niña de Matamoros, que no es el primero que se hace público. Incluso, socialmente llega a existir una validación de que las mujeres sean madres desde niñas o adolescentes.
Ejemplifica cómo en Aguascalientes se ha llegado al punto de promover una ley para la protección del embarazo, que en el fondo es impulsada por posturas antiderechos que buscan brindar apoyos económicos a las mujeres para que continúen con sus embarazos, negando o ignorando todas las causas estructurales y las violencias sistemáticas que los generan en el caso de las menores de edad.
“Al final se piensa —o se dice— como si fuera algo que ellas querían, al desconocer justamente el contexto en el que se está dando y además revictimizar, porque entonces se niega la violencia que vivió. No la reconoces, generas más revictimización y las estás obligando a llevar un embarazo a término a una edad en la que además corre riesgo la vida de ella y del producto”, explica la activista.
- Todo lo anterior se sostiene en discursos y paradigmas sociales en donde la maternidad sigue siendo la única opción, sin garantizar acceso a otros servicios. Eso ocurre con frecuencia en estados donde se busca, desde otras leyes, la prohibición al aborto aunque ya exista una despenalización parcial hasta la semana doce, porque, además, no se hacen públicos esos servicios.
- “No se sabe a dónde mandar, por ejemplo, o cómo canalizar a una niña o adolescente, y las mismas personas servidoras públicas lo desconocen, porque el tema se reduce a culpar a la familia, o se le enmarca en un asunto privado”, apunta.
Así, el desconocimiento también representa un obstáculo al acceso al derecho a la salud de las niñas, así como la falta de políticas públicas que fortalezcan la educación sexual. Mientras los Estados presumen que son temas que sí se están abordando, no hay una reflexión respecto a desde qué mirada se hace —muchas veces prohibicionista— y donde no suele nombrarse, o se llega a poner en duda, que si no hay un consentimiento, es un tema de violencia sexual.
“Las niñas merecen seguridad, el derecho al acceso a la salud —sin que ocurra hasta que los casos se vuelven virales. ¿Qué pasa con todas las niñas que no son N y que sus casos no quedan ni siquiera archivados, porque el Estado les niega, no las reconoce, no les garantiza, les prohíbe, no les da información, y al final eso es otra forma de violentarlas?”, cuestiona Contreras./Agencias-PUNTOporPUNTO
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