Amnistía Internacional (AI) calificó como «un golpe directo» la decisión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de revocar la autorización a más de 100 ONG para recibir donativos, pues afecta la capacidad de la sociedad civil organizada de operar y apoyar a la gente.
A la par que el SAT revocó a más de un centenar de ONG la autorización para recibir donaciones, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda canceló la operación de fundaciones y organizaciones civiles, como la Fundación Chespirito, creada por el comediante Roberto Gómez Bolaños para apoyar a la niñez más vulnerable, así como ONG a favor de ancianos, de la educación y a aquellas dedicadas a brindar atención a familias y personas que enfrentan problemas de adicciones.
- Según el más reciente listado del SAT, publicado a principios de año, las organizaciones con estatus cancelado ante el RFC, que significa que su registro fue dado de baja definitivamente, son Aportando a Su Calidad de Vida, A.C.; Corazón para la Educación, I.A.P.; Cultura y Arte en los Parques, A.C.; Fundación Chespirito, I.A.P.; Grupo Renovable para Trabajadores Agrícolas y Medio Ambiente, A.C.; Mano Amiga al Anciano, A.C.; Patronato Pro-Cultura Pestalozzi. A.C., y Teratoma, A.C.
Las ONG que fueron canceladas son Fundación Leonora Carrington, A.C.; Fundación Casa del Poeta, I.A.P.; Son de Huilango, A.C.; Fundación Lulu, A.C.; Fusionando Valores, A.C.; Programa Tizaac 2033, A.C., y Abel Quezada, A.C.
Con esta cancelación, a estos organismos civiles les fue retirada la autorización para actuar como donataria autorizada, lo que implica que ya no pueden recibir donativos deducibles de impuestos, lo que limita su financiamiento y pone en riesgo su operación al no poder ofrecer facturas fiscales a sus donantes.
Este lunes, al fijar un posicionamiento de este tema en redes sociales Amnistía Internacional advirtió que en México y América Latina crece una tendencia de crear leyes anti-ONG.
«¿Qué significa en la práctica? Menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas. El debate real no es ‘control contra libertad’, es: ¿queremos un país donde nadie vigile al poder? Porque cuando las ONG se debilitan la corrupción y los abusos crecen», dijo en X.
Precisó que en toda América crece una tendencia de «leyes anti-ONG» por parte de gobiernos que dicen promover transparencia, pero en realidad buscan debilitar a la sociedad civil.
«Las organizaciones de la sociedad civil sostienen comunidades: acompañan, documentan abusos y exigen justicia. Limitar su trabajo es debilitar a toda la sociedad. A las organizaciones se les exige todo, pero muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos. Más control a quien vigila, menos a quien gasta», pidió.
Enfatizó también que la sociedad civil no es el problema, sino parte de la solución. «Documenta abusos, acompaña víctimas, vigila elecciones, impulsa mejores leyes. Debilitarla es debilitar a toda la sociedad», sostuvo.
Dijo que son urgentes reglas claras y justas. «Sí a la transparencia, pero sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social. Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos», insistió.
- Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., perdieron la autorización para recibir donativos.
- El motivo del SAT para revocar la autorización de donatarias autorizadas a la mayoría de esas organizaciones civiles fue porque «no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes».
- De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y las regulaciones del SAT, si la organización no recupera su autorización en un plazo de 12 meses está obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.
Según el reporte El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas, elaborado por AI durante los últimos años, diversos países de las Américas han avanzado en la aprobación de marcos normativos dirigidos a restringir, controlar y, en algunos casos, desmantelar a las organizaciones civiles.
Precisa que entre 2024 y 2025, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador adoptaron o reformaron leyes que bajo argumentos de transparencia, seguridad nacional o supervisión administrativa, imponen controles desproporcionados a la labor de las OSC y afectan directamente su capacidad de operar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos.
«El análisis realizado por Amnistía Internacional evidencia que estas leyes, conocidas como ‘leyes anti-ONG’, comparten patrones preocupantes que comprometen seriamente el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la privacidad y al ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
«La implementación de estas normas se produce en contextos de creciente concentración de poder, prácticas autoritarias y hostilidad hacia voces críticas, lo que amplifica su impacto y profundiza el cierre del espacio cívico en la región», menciona.
Explica que entre los patrones identificados en la región para perjudicar a las ONG destaca el control del financiamiento.
«Los Estados han impuesto restricciones que dificultan el acceso a la cooperación internacional y la obtención y utilización de recursos en general, incluyendo impuestos abusivos, requisitos previos para recibir fondos y prohibiciones de destinarlos a actividades que no estén declaradas. En algunos países, bancos y donantes internacionales han condicionado sus relaciones al cumplimiento de estas leyes, lo que agrava la presión y provoca la salida o reducción de proyectos esenciales, especialmente los vinculados a derechos humanos, género, medioambiente y pueblos indígenas», señala el documento./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
