La exoneración de César Duarte Jáquez por adquirir 50 propiedades en Estados Unidos, debido a falta de pruebas que no presentó el Gobierno de Chihuahua de María Eugenia Campos, evoca los casos de otros exgobernadores mexicanos que permanecen impunes.
- Uno de los más recientes, el del exgobernador del PRD en Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a quien se le atribuye un posible desfalco al erario estatal de 5 mil 186 millones de pesos (mdp), relacionado con la simulación de un arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su sexenio.
- Dado que se utilizaron recursos federales en la contratación irregular, el asunto es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), que obtuvo de un juez una orden de captura contra el político perredista.
Pese a esto, en abril pasado, el secretario en funciones de juez primero de Distrito en materia Penal en Ciudad de México otorgó a Aureoles una suspensión provisional, lo que lo mantiene blindado de cualquier orden de captura, arresto o comparecencia al político pero es considerado un prófugo de la justicia. La FGR impugnó esta suspensión y el recurso fue turnado a un Tribunal Colegiado que aún tiene pendiente por resolver si la protección legal de Aureoles se mantiene o puede ser detenido.
Por esta misma investigación, cuatro colaboradores del exgobernador fueron detenidos en marzo. La lista de los exfuncionarios la encabeza Carlos Maldonado Mendoza, quien fungió como secretario de Finanzas en la administración de Aureoles.
En Morelia fueron arrestados Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Elizabeth Villegas Pineda, también antigua funcionaria de Seguridad en el Estado. Y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, también fue detenido.
- Mientras se resuelve lo relacionado con la suspensión provisional otorgada, la Fiscalía de Gertz Manero tiene que definir si avanza en este proceso formal contra Aureoles o pide una nueva orden de aprehensión.
Cabeza de Vaca
Silvano Aureoles se une a las filas de los políticos investigados por sus cuentas pendientes con la justicia y ahora vive una circunstancia semejante a la de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, militante del PAN, acusado de crimen organizado y blanqueo de recursos y quien se ha exiliado para evitar su captura.
- La investigación contra Cabeza de Vaca también la lleva la Fiscalía General de la República que ha obtenido al menos dos órdenes de aprehensión que no ha logrado cumplir debido a la defensa legal del panista, quien alega su inocencia y sostiene que es objeto de una persecución política.
- El último avance fue la ficha roja de la Interpol contra el exgobernador para que sea detenido en cualquier país y extraditado a México. Este recurso fue suspendido, no cancelado, tras solicitudes judiciales hechas por la defensa del exgobernador de Tamaulipas.
El también exalcalde de Reynosa, exdiputado federal y local, exsenador y exfuncionario federal con Felipe Calderón, ha vivido entre polémicas. En 2020, cuando ya era gobernador, la FGR inició una carpeta de investigación en su contra por presunto blanqueo de recursos del Cártel del Golfo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) proporcionó además pruebas de supuesto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y fraude fiscal. La investigación alcanzaba al círculo familiar y posibles testaferros de Cabeza de Vaca; y Emilio Lozoya, el titular de Pemex con Peña Nieto, lo implicó en la trama de los sobornos pagados por Odebrecht a legisladores para facilitar la aprobación de la reforma energética impulsada por el PRI.
¿En qué va el proceso contra el exgobernador de Tamaulipas? En octubre de 2022 un juez federal le otorgó una suspensión definitiva contra la orden de captura pero esto no impide que sea detenido, pues los cargos son por delitos graves.
Apenas el mes pasado, junio de 2025, la FGR interpuso un recurso para impugnar esa suspensión definitiva, y el caso fue turnado al Tribunal Colegiado del décimo noveno Circuito, que deberá decidir si confirma, modifica o revoca la suspensión.
Otros exgobernadores con procesos abiertos
Un caso penal que sigue abierto contra exgobernador es el del panista Roberto Borge Angulo (2011–2016), de Quintana Roo, a quien se le acusa de adjudicar terrenos estatales a prestanombres en ventas subvaluadas, con un daño al erario estimado en 900 mdp; estos terrenos incluían reservas naturales.
- En junio de 2017 fue detenido en Panamá al intentar abordar un vuelo a París y extraditado a México en enero de 2018; actualmente, permanece preso en el Cefereso de Morelos. En este caso, Borge está acusado tanto a nivel federal como estatal; por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, fue vinculado a proceso en marzo de 2023 y aunque un juez federal le concedió prisión domiciliaria por lavado de dinero, sigue privado de su libertad por el otro delito.
A nivel local, hay al menos dos carpetas en su contra: una por desvío de 594 mdp a través de servicios de VIP Saesa, y otra por entrega irregular de concesiones de carritos de golf, aunque está ya fue sobreseída tras el pago de 255 mil pesos por reparación del daño.
- Un exgobernador de Sonora también enfrenta acusaciones: Guillermo Padrés Elías (2009–2015), acusado en 2016 de defraudación fiscal por 70.4 millones de pesos; también por delincuencia organizada y lavado de dinero, vinculados al desvío de recursos estatales y transferencias por unos 8.8 millones de dólares.
En noviembre de 2016 se dictaron autos de formal prisión; pasó dos años en prisión preventiva pero en febrero de 2019 salió bajo fianza, localizador electrónico y restricciones de movilidad. Para 2024 intentó eliminar pruebas obtenidas por la FGR pero un Tribunal Federal rechazó la petición, validando la legalidad de las evidencias.
Actualmente, siguen activos los procesos por los delitos de defraudación y lavado de dinero. Lo más reciente ocurrió el 7 de abril de 2025, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó su amparo directo en revisión y confirmó la sentencia que lo obliga a pagar casi 200 millones de pesos por un crédito fiscal de 2015, tras comprobarse que subdeclaró ingresos y la deuda creció por recargos y multas.
Y aunque el caso de Cabeza de Vaca es el más conocido en Tamaulipas, de esa entidad hay otro exgobernador que enfrentó un proceso penal: Eugenio Hernández Flores, mandatario estatal priista de 2005 a 2010.
- Fue detenido el 6 de octubre de 2017, acusado inicialmente de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo la compra irregular de predios en Altamira y Ciudad Victoria. Además, Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de asociación delictuosa para lavar dinero, fraude bancario y operación ilegal de negocio financiero en Texas.
Aunque se iniciaron cuatro carpetas de investigación, una por una se fueron anulando por «falta de elementos» o irregularidades. En agosto de 2023 un juez federal otorgó libertad condicional pese a la extradición solicitada que sigue vigente; en su caso, la FGR podría impugnar la libertad condicional o el amparo que sostiene la suspensión de extradición y, de perder el amparo, podría ser detenido y extraditado.
Las acusaciones contra Bonilla y Blanco
Hay un par de casos más sobre exgobernadores sin procesos formales. Uno de ellos es contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, a quien se le acusa, junto a seis exfuncionarios, de desvío de partidas federales por aproximadamente 12 mil millones de pesos en la creación del fideicomiso de la planta fotovoltaica de Next Energy.
- También enfrenta denuncias por abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, como en la expropiación irregular de campos de béisbol en Tijuana. Y en abril de 2025, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, presentó una denuncia contra Bonilla por violencia política de género ante la Fiscalía Especializada. Todos los procesos penales están pendientes por iniciarse.
El otro caso sin carpetas de investigación en proceso es el de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado federal. Lo más conocido es la investigación por tentativa de violación contra su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, quien en octubre de 2024 presentó denuncia ante la Fiscalía estatal de Morelos, lo que provocó una solicitud de desafuero.
Sin embargo, en marzo de 2025, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó retirarle el fuero argumentando graves deficiencias en la carpeta presentada por la Fiscalía de Morelos, como la falta de diligencias, peritajes contradictorios y omisión de entrevistas clave.
Aunque mantiene el fuero federal, la Fiscalía de Morelos avanza con diligencias y, en caso de reforzar la investigación, podría presentar una nueva solicitud de desafuero ante la Cámara.
Además, existen al menos seis denuncias penales y administrativas contra exfuncionarios de la administración de Blanco por actos presuntamente ilegales por un monto aproximado de 40 millones de pesos en contratos y fideicomisos del estado.
Los Duarte
Pese a la exoneración de César Duarte Jáquez en EU, debido a que el Gobierno de María Eugenia Campos no respondió los requerimientos que la firma Buzbee Law le hizo para aportar elementos de prueba en el juicio, contra este exgobernador priista de Chihuahua (2010-2016) hay en curso 18 causas penales por peculado y asociación delictuosa, relacionadas con un desvío de aproximadamente 96 millones de pesos.
- Y aunque en junio 2024 salió de prisión, sigue el proceso bajo arraigo domiciliario con localizador electrónico. Además, en mayo de 2025, la Conagua detectó una presa construida ilegalmente en uno de sus ranchos desviando unos 700 mil metros cúbicos de agua de un río perteneciente a una cuenca regulada por el Tratado de Aguas de 1944 con EE. UU.
El otro Duarte con procesos penales en su contra es Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz de 2010 a 2016. Al terminar su administración, huyó del país y fue declarado prófugo antes de ser detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017, tres meses después fue extraditado a México.
¿Cuáles son los procesos en su contra? En septiembre de 2018 se declaró culpable bajo un procedimiento abreviado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero recibiendo una condena de 9 años, vigente hasta 2026.
Por el delito de desaparición forzada fue exonerado. En noviembre de 2022 fue vinculado a proceso por la desaparición del policía David Lara Cruz en 2016 pero dos años después un juez de Veracruz emitió un sobreseimiento, descartando que se siguiera el caso. Mientras que el decomiso de sus bienes mayores se mantiene en litigio./Agencias-PUNTOporPUNTO
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