El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha liberado a alrededor de 378 menores de edad que se encuentran en la estación Las Agujas, en Iztapalapa, Ciudad de México, por lo que puede ser acreedor a una sanción.
El pasado miércoles 24 de julio, el juzgado primero de distrito en materia administrativa de la capital resolvió un amparo presentado por tres organizaciones de la sociedad civil, el cual les fue favorable.
Por ello, el juzgado dio un plazo de 24 horas al INM, es decir hasta el jueves 25, para sacar a los niños y adolescentes, 264 acompañados y 114 que viajan solos, de acuerdo con la abogada del Área de Defensoría de Sin Fronteras, Ximena Suárez de la Cruz.
Se prevé que mañana el instituto que encabeza Francisco Garduño, entre otras dependencias federales, sea notificado de una multa por desobedecer la resolución judicial.
Al respecto, el INM aseguró que entregó la información solicitada por el tribunal federal acerca de los detalles sobre los menores de edad que están en Las Agujas, así como su situación legal y su estado de salud.
- “El instituto entregó la información solicitada por el juez en los tiempos establecidos por la autoridad, por lo que reitera que en ningún momento incumplió con una orden judicial”, indicó en un comunicado.
En junio pasado, el vigesimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México ordenó al INM dejar en libertad a los niños y adolescentes y canalizarlos a lugares apropiados hasta que se resuelva su situación migratoria.
Promovieron el amparo Sin Fronteras IAP, la Oficina de la Defensoría de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y la Clínica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana.
- Aunque en primera instancia un juez federal otorgó la suspensión que evita su expulsión del país, la parte demandante interpuso un recurso de queja donde reclamó que el juzgador no se pronunció sobre los derechos de los menores y su estadía en centros especializados.
- Por unanimidad, los magistrados resolvieron que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos en favor de migrantes y, de manera especial, de los menores, así como las condiciones mínimas que deben satisfacer las estaciones migratorias y los lugares en que sean alojados. Por ello ordenaron la identificación de cada caso y dar aviso a los consulados o instituciones como el DIF y la Procuraduría del Menor, entre otros.
- “Las autoridades respondieron solo citando artículos de la Ley de Migración y no atendiendo a las medidas dictadas por el Tribunal Colegiado”, resaltó Suárez de la Cruz. De enero a mayo del presente año han sido detenidos, en 66 estaciones migratorias y albergues del país, alrededor de 22 mil 263 niños, principalmente de Centroamérica./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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