La tala clandestina pasó de ser solamente un delito ambiental a una de las economías que alimentan al crimen organizado en México. El saqueo de los bosques avanza en distintas regiones del país, genera ganancias millonarias y amenaza ecosistemas enteros, mientras las autoridades identifican cada vez más vínculos entre los ilícitos forestales y grupos criminales. Se estima que 70 por ciento de la madera comercializada entre 2013 y 2018 provenía de la tala ilegal, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la UNAM.
Aunque la dimensión real de los delitos forestales es difícil de cuantificar, los registros disponibles muestran la magnitud del problema. En 28 entidades del país han sido identificadas 122 zonas críticas por la incidencia de ilícitos forestales, principalmente tala clandestina, extracción ilegal y comercialización de madera.
El impacto ambiental también resulta significativo. Un informe de la Universidad de Guadalajara (UdeG) documentó que en 2019 la superficie de bosques destruida en México equivalió aproximadamente a dos veces el territorio de la Ciudad de México. Para 2020, se perdieron más de 127 mil 700 hectáreas, 12 por ciento más que un año antes.
El avance de esta actividad y su presunta relación con organizaciones criminales llevó a las autoridades a reforzar una estrategia de operativos simultáneos en distintos puntos del territorio nacional. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa a Reporte Índigo que estas acciones buscan atacar de manera coordinada los delitos forestales y evitar que las redes dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de madera amplíen su presencia.
Los llamados multioperativos forestales se despliegan de manera simultánea en más de 25 entidades, con la participación de instituciones federales, estatales y municipales. El objetivo es intervenir las zonas de mayor incidencia mediante acciones conjuntas y con respaldo de fuerzas de seguridad.
El geógrafo Lucio Arturo García, coordinador del multioperativo forestal y director de enlace en la Coordinación de Oficinas de Representación de Profepa, explica a este medio que la dimensión del problema obliga a una respuesta que trascienda las capacidades de una sola institución.
“Nosotros tenemos a lo largo de 28 entidades, identificadas 122 zonas críticas forestales, donde se da una alta incidencia de ilícitos ambientales, específicamente los forestales, que desgraciadamente hemos observado que tienen alguna relación con grupos de delincuencia organizada, por lo que es necesario hacer acciones operativas con el resguardo y apoyo de fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno. Es la primera vez que se hacen este tipo de acciones de manera en conjunto esta coordinación simultánea, es innovadora”, dice el entrevistado.
Presencia del crimen organizado alerta a comunidades
La presencia del crimen organizado en estas actividades ha obligado a elevar el nivel de seguridad durante las intervenciones. En el último multioperativo participaron 624 elementos de distintas instituciones, en una operación conjunta destinada a intervenir puntos considerados de alta incidencia.
La apuesta de los multioperativos es cerrar esos espacios antes de que el crimen organizado eche raíces todavía más profundas en los bosques mexicanos.
“Hemos percibido que hay gente de la delincuencia organizada que se ha involucrado en este tipo de ilícitos, por eso es muy relevante e importante que se sumen mayor número de elementos de fuerzas de seguridad, para los multioperativos contamos con el apoyo permanente de elementos de personal de Profepa, Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, las policías federal, estatal y municipal”, resalta.
La estrategia busca cortar la cadena que permite que la madera obtenida ilegalmente llegue al mercado: desde la extracción en zonas forestales protegidas hasta su traslado y comercialización. Para las autoridades ambientales, combatir esta actividad implica no solo proteger los ecosistemas, sino también impedir que los recursos naturales continúen convirtiéndose en una fuente de ingresos para las organizaciones criminales.
Las 122 zonas críticas identificadas muestran que la tala ilegal no constituye un fenómeno aislado, sino una problemática extendida que requiere vigilancia permanente, inteligencia y coordinación entre las autoridades ambientales y las instituciones encargadas de la seguridad pública.
En este escenario, el combate a la tala clandestina representa también una batalla contra una de las economías ilícitas que han encontrado en los recursos naturales una fuente de financiamiento.
Operativos sumultáneos para evitar el ‘efecto cucaracha’
García también explica que los multioperativos son muy importantes ya que al ser simultáneos y en diferentes estados dan golpes contundentes en diversos puntos donde se comenten los delitos forestales en todo el territorio nacional y, una de las cuestiones más destacada es que combaten el efecto cucaracha para que ya no se extienda.
«Ahora no, cuando hacemos operativos simultáneos hay sellamientos de largo territorio que nos permite tener mayores resultados y efectividad”, resalta el experto en el tema.
Expone que este es uno de los puntos claves por lo que la estrategia realmente innovadora, con la mira de frenar los delitos en diferente partes del país a través de acciones que eviten el efecto cucaracha, situación que no se sabía cómo prevenirla.
El organismo realiza las acciones al considerar los puntos críticos donde se realizan los delitos forestales, además de buscar frenar crímenes como la tala clandestina buscan también subsanar la situación con acciones como la reforestación.
“La primera fase de los multioperativos implican aseguramientos y clausuras, es decir, instaurar el procedimiento jurídico administrativo, pero además las cuestiones de la reparación del daño las estamos visualizando en la resolución de los procedimientos para que deriven en actos de instauración y compensación del daño y ahí es donde están definidas acciones como reforestación y tareas de conservación, entre otras”, concluye García.
- Aumenta presencia de la delincuencia organizada en ‘sociedad’ con taladores
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconocen indicios claros de que grupos de delincuencia organizada participan en la tala clandestina de árboles en México. Sin embargo, en sus comunicados oficiales no publican listados ni nombres específicos de cárteles o células. La información se basa en datos de cuerpos de seguridad y fiscalías, y se centra en estadísticas, zonas críticas y tipologías del delito. - El área jurídica de Profepa ha señalado que, según autoridades de seguridad, existen indicios de que estos grupos se asocian con taladores y que su presencia se ha incrementado en años recientes. La venta ilegal de madera forma parte de sus actividades; citan cifras del Banco Mundial de ganancias ilícitas globales de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares anuales.
Semarnat ha advertido que el combate requiere el apoyo de Guardia Nacional y Sedena, porque la tala ilegal la realizan esencialmente células del crimen organizado. Por su parte, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) estimó que entre 2013 y 2018 la tala clandestina estuvo asociada con estos grupos en poco más del 70 por ciento del volumen total de la madera comercializada en el país.
Entre 2019 y febrero de 2025, Profepa recibió más de 10 mil 371 denuncias por tala ilegal. Michoacán encabeza con alrededor de mil 497 casos, seguido del Estado de México con cerca de mil 274. En el mismo periodo 2019 a 2024 solo se detuvo y presentó ante el Ministerio Público a 103 personas.
Las autoridades han identificado entre 120 y 122 zonas críticas en 20 a 28 estados por ilícitos que incluyen tala clandestina, lavado de madera, cambio de uso de suelo, incendios provocados y delincuencia organizada. Actualmente priorizan unas 13, entre ellas el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Ocuilan en el Estado de México y la selva Lacandona.
Aseguran madera durante operativos
Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, Profepa ha realizado 17 multioperativos, 12 de ellos en materia forestal. El segundo de 2026, ejecutado del 26 al 30 de junio en 25 entidades, dejó 28 clausuras (13 a centros de almacenamiento y 15 a predios), el aseguramiento de 4 mil 268.52 metros cúbicos de madera, más de 19 toneladas de carbón, nueve vehículos, cinco maquinarias, 22 herramientas y tres personas presentadas ante el Ministerio Público.
- El geógrafo Lucio Arturo García, coordinador del multioperativo forestal de Profepa, explica a Reporte Índigo la gravedad del problema: “México cuenta con 196 millones de hectáreas, de estas el 70 por ciento corresponde a cobertura forestal… La problemática de tala clandestina es complicada porque en los últimos años se ha acentuado… algo muy delicado es el cambio de uso de suelo… para asentamientos humanos irregulares, agrícolas intensivas, desarrollos inmobiliarios”.
- García destaca que es la primera vez que se realizan este tipo de multioperativos simultáneos a gran escala: “Actualmente llevamos 17 multioperativos, de los cuales 12 han sido en materia forestal… Estos multioperativos son de la política que estableció la procuradora Mariana Boy”.La información pública permanece limitada a cifras operativas. Los detalles sobre estructuras criminales específicas se manejan en el ámbito de inteligencia. Mientras tanto, la violencia, el desplazamiento de comunidades y los conflictos agrarios continúan afectando los bosques mexicanos.
Los multioperativos forestales buscan contener la tala clandestina
Frenar la tala clandestina resulta fundamental en los tiempos actuales, por lo que los multioperativos resultan una estrategia importante para lograrlo. Las acciones deben de tener un mayor alcance que las realizadas en el pasado, debido a que eran muy por debajo de la problemática que ha aumentado en los últimos años, de acuerdo con la UNAM.
De acuerdo con el documento “Al menos 70 por ciento de la madera que se consume en México es ilegal”, de la UNAM, en 2018 los decomisos de la Profepa alcanzaron apenas 30 mil metros cúbicos de madera, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente.
Por su parte, el geógrafo Lucio Arturo García, coordinador del multioperativo forestal y director de enlace en la Coordinación de Oficinas de Representación de Profepa, destaca que la estrategia está dando resultados y uno de ellos es un total de 400 inspecciones realizadas en distintos lugares.
“Hemos tenido más de 170 recorridos de vigilancia, 246 filtros de revisión al transporte incidiendo en 83 áreas naturales protegidas de 32 entidades, 259 clausuras, hemos asegurado 90 vehículos, 124 equipos y herramientas 10 maquinarias pesadas y un dato relevante es que se han obtenido más de 11 mil metros cúbicos de madera, ya que en el último operativo se aseguraron 4 mil metros cúbicos”, resalta el entrevistado.
Detalló que para tener un parámetro, un camión de carga traslada aproximadamente 10 metros cúbicos de madera, es decir, para esos 4 mil metros cúbicos que se aseguran se necesitan 400 camiones, y para los 11 mil metros cúbicos en total se requerirían mil 100 camiones de carga.
“Mucha gente diría, ‘bueno, pero es que es mejor prevenir que los corten’, y es lo que estamos buscando, que no se llegue a esto, pero el asegurar esta cantidad de madera nos permite dar un golpe económico a los grupos de delincuencia organizada, también la maquinaria pesada que tienen, los vehículos que emplean para la comisión del ilícito y desde luego poder incidir en que esto ya no afecte y que se pueda se puedan preservar los ecosistemas forestales”, dice el entrevistado.
Falta política ambiental eficiente
Y es que la problemática es grave desde hace años, en el documento de la UNAM se expone la necesidad de conservar estos ecosistemas ya que desde 2018 los bosques mexicanos estaban en deterioro, ya que a pesar que más del 60 por ciento del territorio nacional es forestal, México no tiene una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener éste y otros recursos naturales de forma sustentable.
También resalta que más del 60 por ciento del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros lo que representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica.
En ese contexto se informa que aproximadamente 2 millones de hectáreas de bosques, que representan el 25 por ciento de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades definen como áreas de conservación./Agencias-PUNTOporPUNTO
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