Las autoridades gubernamentales de Colima, Morelos y Baja California incurrieron en presuntos desvíos de bolsas multimillonarias de recursos públicos, durante el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con los hallazgos que obtuvo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en esas entidades federativas que gobiernan las mandatarias, Indira Vizcaíno Silva, Margarita González Saravia y Marina del Pilar Ávila Olmeda, respectivamente. Todas ellas de Morena.
Los informes conclusivos que difundió recientemente la ASF sobre los análisis que efectuó sobre el gasto público que ejercieron las instituciones gubernamentales de esos tres estados del país, confirman que estas entidades se volvieron el escenario de anomalías durante el año 2024, tanto en el ámbito estatal como municipal, que habrían ascendido a varios miles de millones de pesos.
Estas mandatarias de Morena, además de tener como característica común su pertenencia a la fuerza política que hoy domina el país, presentaron problemas puntuales en el ejercicio del fondo de Participaciones Federales que se distribuye entre los gobiernos locales, mismo que financia las acciones tanto de entes del Poder Ejecutivo como de las instituciones de naturaleza legislativa y judicial.
- El estado de Colima, en específico, gobernado por Vizcaíno Silva, concentra observaciones totales de la Auditoría Superior de la Federación por anomalías que se estimaron en 485 millones 672 mil 800 pesos, con el siguiente desglose por entidad responsable: 217 millones 756 mil pesos atribuibles al Gobierno del Estado; 190 millones 205 mil 400 pesos que habrían desviado los municipios; más otros 77 millones 711 mil 400 pesos malversados que tuvieron detrás “otros” órganos gubernamentales.
- En Morelos, por su parte, gobernado por González Saravia, el diagnóstico de corrupción que bosquejó el órgano fiscalizador señala: en términos globales ese estado albergó anomalías totales valuadas en 3 mil 168 millones 922 mil 800 pesos, aunque con estas instancias gubernamentales como responsables de esas irregularidades: el Gobierno del Estado habría desviado mil 909 millones 195 mil 400 pesos; los municipios habrían hecho lo mismo con fondos por mil 248 millones 981 mil 700 pesos; mientras que la categoría de “Otros” entes públicos figura con malos manejos sobre 10 millones 745 mil 600 pesos.
- Finalmente, en Baja California, la Auditoría descubrió presuntos desvíos totales que habrían ascendido a 558 millones 402 mil 100 pesos, de los cuales, 12 millones 968 mil 300 pesos habrían sido malversados directamente por el Gobierno del Estado, que encabeza la mandataria, Ávila Olmeda, quien cobró notoriedad nacional luego de que las autoridades estadounidenses le revocaran su visa; otros 455 millones 092 mil 200 pesos están categorizados como anomalías atribuidas a los municipios; aunque se rastrearon también 90 millones 341 mil 700 pesos que se habrían perdido por irregularidades cometidas por “Otros” entes gubernamentales.
Todas estas presuntas malversaciones plasmadas en el documento titulado “Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, Primera, Segunda y Tercera Entregas Consolidado”, conciernen al llamado Gasto Federalizado, compuesto por los fondos federales que se distribuyen entre las autoridades estatales y municipales.
Colima: hechos contra narrativa
En Colima, tan solo el fondo de “Participaciones Federales a Entidades Federativas” del año 2024, originó observaciones para el Gobierno de Indira Vizcaíno Silva por anomalías que se valuaron en 177 millones 212 mil 359.22 pesos, principalmente por irregularidades que se detectaron en ámbitos como el pago de nómina y obtención de bienes y servicios, aunque en las mismas también habría responsabilidad de otras instancias gubernamentales locales.
- Esa auditoría en específico arrojó observaciones para el Gobierno de Vizcaíno Silva como las siguientes: “Para que el Gobierno del Estado de Colima aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 26,513,167.38 pesos (…), por pagos realizados a 89 trabajadores que excedieron los importes autorizados y por pagos efectuados en la percepción Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable (FOEAC) que no estuvo autorizada, con recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2024, de los cuales no se proporcionó la totalidad de las pólizas, los comprobantes de transferencia electrónica, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, los cheques ni las dispersiones de nómina”.
Además se menciona que que el Gobierno del Estado de Colima debe proporcionar la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 76,831,126.47 pesos (…), por no existir coincidencia entre la información contractual justificativa de los importes pagados con recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, “en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y la información presentada en el reporte del destino de los recursos, de 17 ejecutores”.
Pese a estos resultados, la gobernadora mantiene una narrativa donde se dice comprometida con el combate a la corrupción, como lo señalaría el 10 de febrero de 2023: “en Colima compartimos una genuina visión transformadora de las instituciones, estamos a favor de todos los acuerdos y buenas prácticas que nos ayuden a cumplir con uno de los compromisos más importantes que adquirimos antes de llegar a la gubernatura: ejercer el presupuesto con honestidad, transparencia y una responsabilidad”.
Morelos: epicentro de corruptelas
Entre las bolsas presupuestales donde se originaron las mayores malversaciones en Morelos, durante el año 2024, figura también la correspondiente a las “Participaciones Federales a Entidades Federativas”, pues el ejercicio de este fondo generó observaciones para el gobierno de Margarita González Saravia valuadas en mil 645 millones 375 mil 789.42 pesos, aunque, como se indicó en el caso de Colima, en estas irregularidades colaboran otras instituciones locales categorizadas como ejecutores del gasto.
El órgano de fiscalización de la Federación encontró malos manejos en recursos utilizados para pagar sueldos en la burocracia local pero también para la obtención de bienes y servicios, como se corrobora en observaciones como la siguiente: “Para que el Gobierno del Estado de Morelos aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 101,371,856.73 pesos (…), por no presentar la autorización o fundamento legal para el pago de la prestación denominada ‘I.P. Patrón’”.
Y en esta otra: “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 221,951,664.11 pesos (…), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por no proporcionar los registros contables y presupuestales de las erogaciones con cargo a las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2024 y no acreditar su permanencia en las cuentas bancarias del estado, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I y III y del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29 A”.
- El ejercicio fiscal 2024 ya es responsabilidad del gobierno de González Saravia, aunque compartida con la administración de su antecesor, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el exfutbolista quien actualmente se desempeña como diputado federal por Morena, el mismo partido que representa la gobernadora.
- La mandataria declararía el 11 de enero de 2025: «Aquí no hay espacio para improvisaciones ni excusas. Tampoco hay espacio para actos de corrupción. Instruyo al consejero jurídico que, de acuerdo a los resultados encontrados en el proceso de entrega recepción, donde haya lugar se realicen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción».
Baja California: apoyos fantasma
En Baja California, la auditoría practicada sobre las participaciones federales descubrió el presunto desvío de una bolsa millonaria de recursos públicos, que habría sido transferida por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda hacia el Congreso estatal, supuestamente para la entrega de apoyos sociales entre habitantes de la entidad, aunque el órgano fiscalizador concluyó que nunca se demostró que dichos fondos llegaran a los beneficiarios:
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 8 millones 586 mil 647.18 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por no exhibir la documentación comprobatoria de que se hayan entregado las ayudas de acuerdo con lo contratado en las solicitudes de gestión social de los legisladores.
Además, por no acreditar que el reintegro de los recursos se haya realizado a la cuenta productiva específica de origen, ni que fuera efectuado por el servidor público responsable de la solicitud del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero, 43 y 70, fracciones I y V”.
- La gobernadora Ávila Olmeda ha estado en el “ojo del huracán” desde que el Gobierno de Estados Unidos determinó revocarle su visa para impedirle así su ingreso al territorio de aquel país, aun cuando se trata de la mandataria de un estado fronterizo; una medida que fue confirmada por ella misma, mediante un mensaje que publicó en sus redes sociales, el 11 de mayo de 2025, unos meses después anunciaría que se divorciaba de su marido:
“En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar. Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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