Los LÍDERES CRIMINALES son IMPUNES e INTOCABLES en MÉXICO

A principios de 2009, el capo Vicente Zambada Niebla se paseaba tranquilamente en un coche BMW o en un Audi por las calles de la exclusiva zona de Jardines del Pedregal en Ciudad de México. El joven de entonces 33 años era escoltado regularmente por cinco hombres armados que habían logrado pasar desapercibidos, hasta que finalmente llamaron la atención de los vecinos. El 19 de marzo de 2009, el líder criminal fue detenido por militares y policías después de que se recibiera una denuncia anónima.

El Vicentillo, como le apodan, es hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán. El día de su arresto fue exhibido ante los medios de comunicación como un narcotraficante que estaba al mismo nivel jerárquico de El Chapo dentro del Cartel de Sinaloa, la organización más poderosa en la historia del narcotráfico en México.

  • La imagen del joven vestido con un impecable saco azul de terciopelo dio la vuelta al mundo. El Gobierno mexicano aseguró que su aprehensión era un duro golpe al cartel al detener a uno de sus dirigentes. Pese a su función clave en el cartel durante los años más cruentos de la guerra contra el narco, en México no contaba con órdenes de aprehensión para ser llevado ante un tribunal mexicano y ser juzgado por el daño causado a la seguridad del país.
  • Su aprehensión se dio porque Estados Unidos le había pedido a México su captura a fin de extraditarlo. El 18 de febrero de 2010 fue entregado a las autoridades de aquel país para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Apenas en mayo de este año un juez federal en EE UU lo sentenció a 15 años de prisión. En México no se le ha investigado por lavado de dinero.

El caso de El Vicentillo no es el único donde las autoridades no han logrado armar investigaciones sólidas por lavado de dinero. En una revisión hecha por este medio a los cargos fincados por la Fiscalía (en los dos sexenios anteriores) en contra de 20 de los principales líderes de los cárteles mexicanos, se encontró que, hasta diciembre del año pasado, solo a 8 se les había investigado por blanqueo de recursos. En estos casos investigados por lavado, solo se habían conseguido dos sentencias condenatorias, cuatro capos estaban presos y sin sentencia, uno estaba prófugo de la justicia y otro había muerto en un enfrentamiento entre militares y delincuentes.

Desde diciembre de 2006, cuando el expresidente del conservador PAN le declaró la guerra al narcotráfico, se emprendió una persecución en contra de los líderes y miembros de los cárteles para intentar fincarles cargos por delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud, pero se puso poco énfasis en documentar sus estructuras financieras que aceitaban sus actividades criminales.

Para Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de lavado de dinero, las autoridades mexicanas han asumido su incapacidad para armar una investigación sólida y por ello en muchos casos han cedido a entregarlos en extradición.

  • “México ha renunciado en muchos de esos casos a ejercer su soberanía y aplicar sus leyes”, explica. Antes en México las autoridades no extraditaban a sus nacionales, cuenta, su política era juzgarlos en el país, con sus leyes y ejerciendo su soberanía jurídica.
  • “Si se supone que todas esas personas han cometido delitos aquí, entonces México tiene jurisdicción para investigar y juzgarlos, pero ha cambiado su política decidiendo entregarlos a Estados Unidos porque es incapaz de cuidarlos y juzgarlos”, afirma.
  • Un claro ejemplo de la ineficacia con la que actuó la Fiscalía mexicana para combatir el lavado de dinero es Joaquín Guzmán Loera. El Chapo, quien fue extraditado a Estados Unidos y en febrero pasado fue declarado culpable de múltiples cargos de narcotráfico en un Tribunal de Nueva York, no enfrentó en su país ninguna acusación de lavado.
  • Hasta diciembre pasado, la entonces llamada PGR había abierto contra él una decena de expedientes penales por delitos contra la salud, delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, ataque a las vías de comunicación y cohecho, pero ninguno por operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo a los documentos judiciales consultados.

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis –el brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización con mayor expansión en los últimos seis años–, fue detenido el 28 de febrero de 2015, pero solo con fines de extradición, porque en México hasta ese momento no se sabía que hubiese otros procesos penales en su contra. Esto, pese a que el Gobierno mexicano destacó el día de su detención que era el “principal operador financiero” del CJNG. El Cuini está en proceso de extradición porque una corte del Distrito de Columbia lo reclama por asociación delictuosa, delitos contra la salud y posesión de armas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó junto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho (el líder máximo del CJNG), en su lista negra. El Mencho, que se ha convertido en el nuevo capo más buscado después de la captura de El Chapo, tampoco había sido requerido para rendir cuentas por ilícitos de lavado de dinero. La Fiscalía lo investigaba hasta finales del año pasado por delincuencia organizada y acopio de armas./EL PAÍS

Reportaje completo en el Enlace:

https://elpais.com/especiales/2019/lavado-dinero/capitulo2.html

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