Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 13 mil 461 servidores públicos federales fueron sancionados por presuntos actos de corrupción y conductas irregulares, a los que se suman otros 975 durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Respecto a las sanciones en el período de López Obrador, se indica que 657 resultaron en destituciones de funcionarios y 5 mil 500 en inhabilitaciones.
Sanciones económicas
El documento indica que se impusieron sanciones económicas a servidores públicos por un monto de 4 mil 628 millones de pesos durante el mandato de AMLO, es decir, en el periodo de 2019 a 2024, por diversas conductas.
- De acuerdo con los anexos estadísticos del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, en el periodo 2019-2024, las sanciones resultaron de revisiones a su situación patrimonial, resultados de auditorías, denuncias ciudadanas, actos negligentes, irregularidades en contrataciones, abuso de autoridad y falta de honestidad.
- Los documentos indican que la negligencia administrativa es la mayor falta que se cometió durante el sexenio de AMLO, por lo que se sancionó a 5 mil 136 funcionarios.
El Primer Informe señala que “las cifras corresponden a las sanciones que se encuentran con situación Aplicada-Notificada, Cumplida y Vigente; es decir, se excluyen las que se encuentran sub júdice y las revocadas”.
Combate y prevención contra la corrupción
Durante el primer año del sexenio, la mandataria nacional informó que se habilitaron canales de “denuncia, a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec), en el que se recibieron 21 mil 751 denuncias por probables faltas administrativas, de la cuales 4 mil 252 quedaron concluidas y 17 mil 499 continúan en trámite.
- A su vez, el 11 de enero de 2025, el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción concluyó su primera fase, registrando 269 alertas, de las cuales, 237 están en seguimiento por las unidades de investigación correspondientes.
- El Gobierno federal avanzó en el diseño de un modelo de “prevención y combate a la corrupción, que busca monitorear de manera integral la interacción público-privada con base en la apertura y la participación de la sociedad”.
A su vez, “se creó una metodología con enfoque social para incorporar las experiencias de las personas usuarias de trámites y servicios para identificar riesgos de corrupción en los procesos”.
Indicó que se fortaleció la Oficina de Transparencia al Servicio del Pueblo, “un espacio físico y digital creado para asesorar y acompañar a cualquier persona en el ejercicio de su derecho de acceso a la información generada por la Administración Pública Federal”.
Además, “se implementaron acciones para facilitar el acceso a la información pública y cumplir con estándares internacionales. El 6 de junio de 2025, se instaló el grupo de trabajo interinstitucional que elaborará la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México”./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
