Aunque México cuenta desde hace casi dos décadas con compromisos internacionales y, desde 2017, con una ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, esta práctica sigue siendo una realidad dentro de las instituciones del Estado.
- Lejos de ser un vestigio del pasado, los registros oficiales muestran que funcionarios públicos continúan siendo señalados por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre abril de 2018 y marzo de 2026, se contabilizaron 11 mil 340 presuntos responsables —no todos funcionarios— en expedientes abiertos a nivel federal, con casos concentrados en entidades como Oaxaca, Veracruz y Baja California, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), de la Fiscalía General de la República, tras casi ocho años de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
A 20 años de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el trabajo en México no solo es reconocer el problema, sino impedir que agentes del propio Estado continúen con esta práctica, consideradas como una de las formas más graves de violencia institucional.
El RENADET revela también que entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la República abrió 9 mil 117 expedientes por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, un promedio de mil 105 casos al año.
Investigaciones por tortura evidencian un problema en instituciones de seguridad
Sin embargo, las cifras deben interpretarse con cautela, ya que corresponden a investigaciones en curso y no a personas sentenciadas, precisa Erick Ruíz de la Cruz, secretario técnico del Seminario sobre Seguridad, Defensa e Inteligencia de la UNAM.
«Estamos hablando de personas sujetas a investigación y no necesariamente de funcionarios que ya hayan sido condenados o que exista alguna sentencia emitida por un juez», explicó.
No obstante, el especialista subrayó que la presunción de inocencia no resta gravedad al fenómeno:
“De que se trate de presuntos responsables no significa que el dato sea menor. La magnitud de estos señalamientos revela que la tortura continúa siendo, lastimosamente, un problema que requiere atención permanente”.
El académico señaló que el registro de más de 11 mil presuntos responsables en apenas ocho años obliga a revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y a fortalecer sus mecanismos de control.
- Las cifras, de carácter preliminar y sujetas a actualización conforme avanza la validación de la información, muestran que Oaxaca concentra el mayor número de investigaciones, con mil 251 expedientes (13.7 por ciento), seguido por Veracruz (11.5 por ciento), Estado de México (7.2), Durango (7.2) y Chiapas (7 por ciento).
- Del total de investigaciones, 4 mil 700 corresponden al delito de tortura y 4 mil 417 a tratos crueles, lo que refleja una incidencia prácticamente equivalente entre ambas conductas. Mientras Oaxaca, Jalisco y Baja California encabezan los casos de tortura, Veracruz, Durango y Chiapas concentran la mayoría de los expedientes por tratos crueles.
Casos en Defensa y Guardia Nacional
A nivel federal los presuntos responsables registrados en expedientes abiertos pertenecen a las siguientes instituciones: Defensa 1.49 por ciento (169), Guardia Nacional 1.09 por ciento (124), Centro Penitenciario 0.98 por ciento (111), Policía Federal 0.93 por ciento (105) y Policía Ministerial 0.46 por ciento (52) del total de presuntos responsables registrados.
- Al respecto, Ruíz de la Cruz reconoció que en las últimas décadas se han impulsado mejores procesos de capacitación, certificación, controles de confianza y protocolos de actuación, pero advirtió que la profesionalización no puede limitarse a la formación académica.
«La profesionalización es un proceso continuo. No es un objetivo que se alcanza de manera definitiva al terminar un curso o un diplomado», sostuvo.
En ese sentido, consideró indispensable consolidar sistemas permanentes de supervisión, transparencia y rendición de cuentas que permitan detectar abusos desde el interior de las corporaciones antes de que afecten a la ciudadanía.
Oaxaca lidera la estadística
El registro contabiliza 9 mil 32 víctimas, prácticamente una por expediente. La mayoría son hombres: 6 mil 439, equivalentes al 71.3 por ciento del total, frente a 715 mujeres (7.9 por ciento), una proporción cercana a nueve hombres por cada mujer registrada. Oaxaca, Veracruz y Durango reúnen el mayor número de víctimas masculinas, mientras que Morelos, Ciudad de México y Oaxaca concentran las mujeres afectadas.
- En cuanto al perfil de las víctimas, 474 personas tenían entre 18 y 35 años. El registro también identifica condiciones de vulnerabilidad, aunque en porcentajes reducidos: 155 víctimas pertenecían a población indígena, 14 fueron clasificadas dentro de algún grupo vulnerable y 11 estuvieron relacionadas con delitos sexuales.
Creado como herramienta estadística y de investigación, el RENADET busca homologar la información reportada por las autoridades bajo los criterios de la legislación mexicana y el Protocolo de Estambul. Aunque los datos permanecen en actualización constante, el registro ofrece un panorama que confirma que la tortura y los tratos crueles siguen siendo un desafío vigente para las instituciones de justicia del país.
Para Ruíz de la Cruz, los datos del no desmienten los avances institucionales, pero sí evidencian que persisten desafíos estructurales para consolidar una cultura de legalidad dentro de las instituciones de seguridad.
El especialista también rechazó la idea de que los derechos humanos obstaculicen el combate a la delincuencia. Por el contrario, aseguró que representan el marco que debe guiar toda actuación de la autoridad en un Estado democrático.
Añadió que las investigaciones realizadas conforme a la ley fortalecen tanto la procuración de justicia como la confianza ciudadana, ya que producen pruebas más sólidas y resoluciones con mayor legitimidad.
Finalmente, fue enfático al señalar que ninguna circunstancia justifica la comisión de actos de tortura por parte de servidores públicos: «La tortura nunca puede considerarse un uso legítimo de la fuerza”.
La tortura se utilizaba para obtener confesiones
En las últimas dos décadas, México ha construido un marco legal e institucional más sólido para prevenir, investigar y sancionar la tortura. La creación de leyes especializadas, protocolos de actuación, registros nacionales y la adopción de estándares internacionales representan avances que hace algunos años eran inexistentes.
Para Erick Ruíz de la Cruz, secretario técnico del Seminario sobre Seguridad, Defensa e Inteligencia de la UNAM, el país ha recorrido un camino importante en el fortalecimiento de sus instituciones, aunque la erradicación de la tortura enfrenta todavía obstáculos estructurales.
El académico recordó que durante décadas la tortura estuvo vinculada a modelos de investigación que privilegiaban la confesión como principal medio para obtener información. Aunque el sistema penal mexicano evolucionó hacia un esquema basado en evidencia científica y procesos acusatorios, reconoce que aún persisten inercias difíciles de erradicar.
En ese contexto, sostiene que la estrategia para reducir estos casos debe enfocarse en fortalecer las capacidades institucionales más que en endurecer las sanciones.
«El reto del Estado mexicano ya no consiste en crear nuevas leyes o hacer más duras las penas, sino en consolidar instituciones capaces de cumplir esas leyes de manera uniforme y efectiva», explicó.
Entre esos instrumentos destacan la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), el Protocolo de Estambul y diversos mecanismos de supervisión que buscan documentar e investigar posibles abusos cometidos por agentes del Estado.
¿Es posible frenar la tortura?
Para el especialista, la reducción sostenida de la tortura dependerá de una estrategia integral que combine prevención, supervisión, investigación científica, combate a la impunidad y fortalecimiento institucional. Solo así, afirma, será posible consolidar un Estado democrático en el que el uso de la fuerza permanezca siempre sujeto a la ley y al respeto irrestricto de la dignidad humana.
- El académico considera que la prevención debe comenzar desde el interior de las propias corporaciones mediante protocolos claros para las detenciones, registros confiables, mecanismos de control interno y una mayor capacidad de investigación científica.
- Asimismo, plantea que combatir la impunidad resulta indispensable para modificar los incentivos dentro de las instituciones de seguridad. Cuando los abusos son investigados y sancionados oportunamente, disminuye la posibilidad de que los servidores públicos recurran al uso ilegal de la fuerza.
Ruíz de la Cruz también enfatiza la necesidad de fortalecer la profesionalización permanente de policías, ministerios públicos y peritos mediante el uso de inteligencia, criminalística, ciencias forenses y nuevas tecnologías, reduciendo así la dependencia de métodos coercitivos para obtener información.
Sin embargo, advierte que la capacitación, por sí sola, no resolverá el problema. A su juicio, el respeto a los derechos humanos debe convertirse en parte de la identidad institucional de quienes integran las corporaciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
Se debe vigilar cumplimiento del Protocolo de Estambul
Aunque México ha fortalecido su marco legal en materia de derechos humanos y se ha adherido a tratados internacionales para prevenir la tortura, esta práctica aún no ha sido erradicada, alertó la senadora Claudia Anaya Mota, quien llamó a reforzar los mecanismos de vigilancia durante las detenciones para impedir que persistan actos de tortura y garantizar procesos judiciales apegados a los estándares internacionales.
En entrevista con Reporte Índigo, la legisladora del PRI por Zacatecas sostuvo que uno de los principales retos es asegurar la aplicación efectiva del Protocolo de Estambul, instrumento internacional utilizado para documentar e investigar posibles casos de tortura y malos tratos.
- Explicó que, para lograrlo, es indispensable dar seguimiento puntual a cada persona detenida mediante una trazabilidad completa desde el momento de la captura hasta su puesta a disposición de la autoridad correspondiente.
- Reconoció que México ya cuenta con el Registro Nacional de Detenciones; sin embargo, consideró que aún existen vacíos que permiten la comisión de abusos.
Por ello, propuso sancionar con mayor severidad cualquier pérdida de la trazabilidad de un detenido, los retrasos injustificados o los periodos en los que la autoridad desconozca su ubicación: «Es ahí donde se mete la tortura, cuando el detenido está fuera del ojo de alguna autoridad».
Respeto de los derechos humanos
Otro de los puntos que consideró prioritarios es que los dictámenes médicos para detectar posibles actos de tortura sean realizados por peritos autónomos, tal como establecen los protocolos internacionales.
- Explicó que cuando la misma corporación responsable de una detención también realiza los exámenes médicos, existe el riesgo de que se oculten abusos o se elaboren dictámenes que no reflejen la realidad, por lo que a su juicio, separar estas funciones fortalece la imparcialidad de las investigaciones y brinda mayor protección a las personas detenidas.
Claudia Anaya afirmó que México aún tiene pendientes por homologar e implementar diversos mecanismos contemplados en la legislación y en los estándares internacionales para combatir la tortura.
Subrayó que fortalecer la supervisión de las detenciones, garantizar la aplicación del Protocolo de Estambul y asegurar peritajes independientes son acciones indispensables para construir procesos judiciales y detenciones libres de tortura, en pleno respeto a los derechos humano./Agencias-PUNTOporPUNTO
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