TEXTO ÍNTEGRO: Detenida lucha contra la CORRUPCIÓN en el País; están igual o peor 26 ENTIDADES

Yucatán, Tamaulipas, Nayarit, Campeche, Colima, Chihuahua, Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México y Morelos son las entidades que presentaron un mayor retroceso en el área de corrupción

México registra un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país donde se evidencia estancamiento en la lucha contra la corrupción, debilitamiento de los contrapesos institucionales en los gobiernos estatales y deterioro en los sistemas de justicia penal.

  • El deterioro del estado de derecho se mantiene igual o peor en 26 de las 32 entidades que componen el país con respecto al año pasado de acuerdo a la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 que publica este martes el World Justice Project (WJP).
  • Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México son las cinco entidades peor calificadas en el ranking estatal de la organización internacional, mientras que Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa se ubican a la cabeza.

En su nueva edición, que mide lo que sucedió durante 2021, el índice muestra un estancamiento de los estados e incluso deterioro, en materia de Estado de Derecho donde Guerrero y Morelos y Ciudad de México, tres entidades gobernadas por Morena o aliados, aparecen entre las peor calificadas con estado de derecho estancado o deteriorado sobre todo en las dos primeras.

  • Gobernada por el ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, Morelos es peor segunda entidad en materia de estado de derecho con 0.35 debido al mal desempeño del estado en temas como seguridad, justicia penal y ausencia de corrupción, de hecho en esta materia cupa el último lugar de las 32 entidades federativas.
  • La Ciudad de México, gobernada, Claudia Sheinbaum, es la cuarta entidad peor calificada también con 0.36, principalmente por su baja evaluación en las categorías de orden y seguridad, justicia penal, cumplimiento regulatorio, ausencia de corrupción y justicia civil.
  • 14 entidades: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, cayeron en un año, del 2020 al 2021 en estado de derecho.
  • En tanto que en 12 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se mantuvieron sin cambios en estado de derecho.

Según este estudio, estos cambios a la baja en estado de derechos en esos estados se explican en gran medida, por tres tendencias: La primera es un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico. La segunda, es un deterioro en los sistemas de justicia penal. La tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción.

El Estado de Derecho es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible. Así lo ha reconocido la comunidad internacional al incluirlo en el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, explica WPJ

ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO, PRECARIO

Al presentar el informe en la antigua sede del Senado, el director de Proyectos de World Justice Project, Alejandro González Arreola, señaló que el Estado de Derecho en México, medido desde las entidades federativas “es precario y se encuentra estancado”.

  • Ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto del análisis llega al 0.5, en escala del cero al uno, argumentó. El promedio de los estados del país es del 0.41, lo cual establece el tamaño de la brecha al que se quiere aspirar, es decir, se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea.

Refirió que, de todas las mediciones, 14 entidades retrocedieron en su puntuación, 12 se mantuvieron y seis lo incrementaron, respecto con el año pasado.

  • Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Querétaro con 0.49, Yucatán 0.47 y Guanajuato 0.46. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo 0.36, Morelos 0.35, y Guerrero 0.34.

Los factores que explican estas condiciones son los pesos y contrapesos que se han debilitado a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil, para cumplir con sus responsabilidades; y el estancamiento de los estados para controlar la corrupción.

CORRUPCIÓN

Al igual que en años anteriores, esta edición del Índice muestra una falta de avances en el combate a la corrupción, pues cayó en 16 estados :

  • Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Lis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
  • Se mantuvo sin cambios en 11: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.

El poder judicial, los sistemas de seguridad y procuración de justicia y los poderes ejecutivos estatales, son las instancias donde más se detectó un incremento en materia de corrupción.

El factor “Ausencia de corrupción” mide que ésta, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia, no exista.

“Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas y la apropiación indebida de recursos públicos, y se divide en cuatro sub-factores” para medir:

  1. Que los servidores públicos del poder Ejecutivo estatal no incurren en actos de corrupción; que los funcionarios del poder Judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados.
  2. Que los trabajadores del sistema de seguridad y procuración de justicia están libres de influencias indebidas por parte de intereses privados o de organizaciones delictivas.
  3. Que los servidores públicos del poder Legislativo se abstienen de solicitar y aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos, iniciativas legislativas o el sentido de su voto en otras decisiones.
  4. En el caso de los trabajadores del poder Ejecutivo el propósito de la medición es saber si no incurren en actos de corrupción; es decir, si no incurren en sobornos, pagos informales, e influencias indebidas en la provisión de servicios públicos y en la ejecución de regulaciones.

GOBERNADORES SIN LÍMITES

Al hacer su evaluación de los ocho factores del Índice de Estado de Derecho en México, el World Justice Project alerta que los datos muestran un deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales.

El componente de límites al poder gubernamental disminuyó en 17 entidades y permaneció sin cambios en nueve.

La caída se explica por el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal y también por la contracción del espacio cívico, es decir, de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapesos al poder público.

  • Sobre el papel de la prensa, Eréndira González señala que los periodistas aún tienen fuerza para poner límites a los gobiernos estatales, “sin embargo, lo que hemos notado y que nos ha preocupado es que, a pesar de ser el más fortalecido, ha ido decreciendo en su puntaje”.

Por otra parte, 14 estados cayeron en el componente de justicia penal y 10 permanecieron sin cambios. Dentro de esta categoría, los indicadores que reflejaron los mayores retrocesos fueron la garantía a los derechos de las víctimas, la adhesión al debido proceso y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal.

La efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de justicia penal, al ser el indicador con los puntajes más bajos de los seis que conforman esta categoría.

  • En el componente de justicia civil retrocedieron 18 estados, aunque el WJP destaca que los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) son una opción para mejorar el acceso de justicia en el país.

“Hemos visto a lo largo de cuatro ediciones que los MASC han sido de las grandes fortalezas dentro del sistema de justicia civil”, dijo González.

En cuanto a ausencia de corrupción, este componente se redujo en 16 estados y se mantuvo sin cambios en 11. Los indicadores con más caídas fueron el de ausencia de corrupción en el poder judicial y los que miden la ausencia de corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia y la ausencia de corrupción entre las autoridades del poder ejecutivo estatal.

En cuanto al componente de orden y seguridad, el índice refleja ligeros avances en 19 estados. Destaca que el indicador de percepción de seguridad tuvo mejoras en 24 entidades federativas.

  • El Índice de Estado de Derecho en México retoma datos de tres fuentes distintas: encuesta a población general, encuestas a especialistas y fuentes oficiales, para generar información original sobre el Estado del Derecho y retratar la diversidad del país.

Si bien emplea un marco conceptual y metodológico semejante al utilizado por el WJP para medir la adhesión al Estado de Derecho alrededor del mundo, los resultados de ambos instrumentos no son comparables./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro:

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