El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que no fue renovado en la elección judicial, ha anulado adeudos millonarios por impuestos de políticos vinculados previamente con casos de corrupción, también ha votado por absolverlos de otras sanciones.
- Entre ellos destacan los casos de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, así como el de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y José Carreño Camacho, exfuncionario de la Función Pública investigado por omisiones relacionadas con la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto.
- Este Tribunal, que a junio de 2024 determinaba juicios por más de 1.2 billones de pesos, sigue bajo el control de los grupos políticos de Felipe Calderón, Peña Nieto, Diego Fernández de Cevallos y Manlio Fabio Beltrones.
El Magistrado presidente de la Sala Superior, por ejemplo, es Guillermo Valls Esponda, propuesto por Peña Nieto y muy cercano a Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón y cuyo despacho, Accuracy Legal and Consulting, ha defendido al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, señalado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los adeudos de “La Maestra”
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha abordado adeudos millonarios al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Elba Esther Gordillo por 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, años fiscales en que lideraba al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
- El pleno de la Sala Superior resolvió anular varios pagos fiscales por un total de 35.5 millones de pesos, pero también en julio de 2024 determinó que pague más de 21 millones de pesos por otro crédito fiscal.
- La lideresa del SNTE (1989-2013) fue detenida a inicios del Gobierno de Peña Nieto en el aeropuerto de Toluca. El entonces Procurador Jesús Murillo Karam encabezó su detención por presunto desvío de recursos del sindicato de maestros. Estuvo en prisión preventiva y domiciliaria hasta que fue absuelta en agosto de 2018.
- El 6 enero de 2021, por propuesta del Magistrado Carlos Charaund –del grupo de Beltrones y Calderón–, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló el pago de un adeudo fiscal al SAT por 9 millones 431 mil pesos.
Desde 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había dejado sin efecto la sentencia emitida en septiembre de 2019 por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, la cual había determinado ese crédito fiscal por Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2012.
En aquel 2021, el Magistrado Charaund expuso en su ponencia que la resolución del Tribunal Colegiado no estaba fundada y que el SNTE ni “La Maestra” habían deducido o pretendían deducir comprobantes fiscales.
Entre los siete votos a favor de anular ese adeudo fiscal de “La Maestra” por el año fiscal 2012 estaba el ahora Magistrado presidente Guillermo Valls. Los tres votos en contra de anular este adeudo fiscal fueron del Magistrado Carlos Mena Adame –yerno del exministro de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia–, la Magistrada Nora Urby Genel y el Magistrado Alfredo Salgado Loyo.
Por el año fiscal de 2010, Gordillo también debía al SAT otros 16 millones de pesos. Pero el 7 de diciembre de 2022 volvió a ganar a la autoridad tributaria ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En esa ocasión la entonces Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel propuso que no pagara ese crédito fiscal, recargas y multas luego de que el SAT había impugnado la primera resolución en enero de 2021. Por decisión unánime y sin leer la ponencia en la sesión pública, el pleno del Tribunal determinó anular su obligación fiscal.
Asimismo, del año fiscal 2011 Gordillo Morales debía al SAT otros 10.1 millones de pesos que logró librar a través de este Tribunal Federal. El 5 de octubre de 2022, por ponencia del Magistrado Carlos Mena Adame –propuesto por Calderón–, el pleno de la Sala Superior determinó con 9 votos a favor y uno en contra que el SAT violó la garantía de audiencia de la líder sindical, pues estaba privada de la libertad y no pudo ejercer debidamente su defensa. El único voto en contra fue el de la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, quien propuso anular el adeudo del año 2010.
En contraste, el 3 de julio de 2024 el mismo Tribunal de Justicia Federal Administrativa determinó por unanimidad de ocho votos que Elba Esther Gordillo, debe pagar al SAT 21 millones 252 mil pesos por Impuesto Sobre la Renta, recargos y multas.
Ese adeudo se derivó de pagos que hizo con la tarjeta de crédito entre 2008 y 2009 sin justificar con documentos que tenían relación con su representación sindical, planteó el Magistrado Carlos Charaund (el mismo que propuso absolverla del pago fiscal de 9 mdp).
Las deudas de Duarte al fisco
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló de manera definitiva los adeudos fiscales del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y de Hidroponia de Parral, una productora de tomate de su esposa Bertha Duarte debido a irregularidades en las notificaciones de autorías fiscales durante el Gobierno de Javier Corral.
- Además de las irregularidades en las notificaciones, el abogado planteó que la autoridad fiscal cobró IVA a la producción primaria de tomate de la empresa familiar, actividad agrícola que la ley exenta de impuestos. Y ya con multas actualizaciones, multas y recargos a junio de 2025, los montos habrían alcanzado más de 101 millones de pesos.
- Con estas dos resoluciones fiscales del Tribunal Federal, Duarte dijo en la conferencia que está muy feliz porque se está quitando una “losa muy pesada llena de mentiras”.
En 2017, durante el Gobierno de Corral, la Fiscalía General estatal aseguró una oficina de Duarte y de la empresa familiar Hidroponia de Parral, donde se tenían documentos fiscales. Luego, en 2018 y 2019, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua notificó en esos domicilios asegurados las auditorías fiscales al exgobernador Duarte y a la empresa de tomates, lo que —determinó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa— violó su derecho a conocer y responder sobre sus adeudos fiscales.
Además las autoridades deben devolver lo embargado por los créditos fiscales. «En el caso de César Duarte Jáquez, incluye ganado y maquinaria y en el caso de la Sociedad Anónima (la tomatera Hidroponia de Parral), el valor de la maquinaria y las instalaciones de la producción de tomate», detalló el abogado fiscal Luis Delgado.
La resolución del Tribunal fue ratificada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 17º Circuito, lo que pone fin a cualquier posibilidad de acción fiscal por parte del SAT o del Gobierno del Estado.
El TFJA rechazó inhabilitar a Rosario Robles
En septiembre de 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que “por falta de veracidad en la declaración patrimonial” inhabilitó por 10 años a María del Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal.
- La sanción se emitió cuando la exfuncionaria llevaba un mes privada de la libertad por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El 13 de agosto de 2019, Robles Berlanga fue arrestada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde permaneció tres años sin ser sentenciada, la Fiscalía General de la República (FGR) la señalaba por participar en una red de corrupción que habría permitido el desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando fungió como titular de la extinta Sedesol y después en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
- Rosario Robles impugnó la sanción de la SFP y en enero de 2020 la Magistrada titular de la Ponencia II de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña Adame, otorgó una suspensión definitiva contra la inhabilitación al considerar que con ella “se perjudicaría el derecho de imagen” de la exfuncionaria tanto en el ámbito personal y profesional, lo que le crearía “un perjuicio de difícil reparación”.
La suspensión impidió que Rosario Robles fuera inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados hasta que el asunto se resolviera a fondo y se emitiera una sentencia definitiva contra la funcionaria.
Para septiembre de 2021 un proyecto del Magistrado Carlos Mena Adame del TFJA ratificó por unanimidad la inhabilitación por 10 años dictada por la Secretaría de la Función Pública, con ello rechazó los argumentos que dio la defensa de Robles Berlanga, que insistió en que la cuenta bancaria que ella no reportó durante los años en que fue titular de la Sedesol y la Sedatu (de 2013 a 2017) tenía un saldo de poco más de 2 mil 800 pesos, por lo que calificó la sanción como una muestra de la “persecución política” en su contra.
- Sin embargo, el Pleno del TFJA determinó que Rosario Robles sí incurrió en una falta administrativa grave al no declarar la existencia de esa cuenta bancaria. En junio de 2022, el vigesimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le concedió otro amparo a la exfuncionaria para que se le dictara una nueva sentencia al considerar que la sanción de la Función Pública fue excesiva.
Dos meses después de obtener ese amparo, Robles Berlanga obtuvo un cambio de medidas cautelares que le permitió seguir su proceso penal en libertad. El 22 de febrero de 2023 el Pleno del TFJA volvió analizar la inhabilitación por 10 años para obtener cargos públicos, el Magistrado Carlos Mena Adame propuso anular la sanción de la Función Pública, lo que fue aprobado con 10 votos, a excepción del Magistrado Julián Olivas Ugalde, el primer Secretario de la Función Pública del Gobierno Peña Nieto, quien se excusó de participar en la votación.
Para el 24 de febrero de ese año un juez federal decidió concluir el proceso penal contra Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la red de desvíos públicos conocida como Estafa Maestra. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 30 de octubre de 2024 decidió absolver a la exfuncionaria.
El TFJA revoca sanción por la Estafa Maestra
En otro caso relacionado con la Estafa Maestra, como se conoce al caso de desvíos de recursos a través de la Sedesol, la Sedatu y universidades públicas a empresas fantasma, el TFJA decidió anular en 2021 una multa por 9 millones 161 mil 680 pesos que la ASF había impuesto a Gerardo Pavón Luna, exgerente de servicios de Tecnologías de la Información en Banobras.
- Pavón Luna había sido sancionado por irregularidades en un contrato entre Banobras y la Universidad Autónoma del Estado de México, pero el TFJA anuló la multa millonaria en su contra al considerar que fue sancionado con una norma que no era vigente.
- El proyecto para anular la multa fue impulsado por el entonces Magistrado Alfredo Salgado Loyo –quien antes trabajó para Emilio Chuayffett en la Secretaría de Gobernación, cuando Ernesto Zedillo era Presidente de México–, él expuso que la ASF sancionó a Pavón Luna con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2010, “sin considerar las reformas publicadas en el mismo medio de difusión el 29 de noviembre de 2011 y 22 de agosto de 2012, por lo que no aplicó la normatividad vigente en que acontecieron los hechos”.
Tribunal absuelve a funcionario por la Casa Blanca
Una de las resoluciones controversiales más recientes del TFJA se relaciona con la investigación de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto. La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del tribunal absolvió en marzo a José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la SFP, denunciado por perder el expediente del caso de corrupción expuesto en 2014 que involucró tanto a Peña Nieto, a la actriz Angélica Rivera, su entonces esposa, y al director de Grupo Higa, la firma a cargo del tren México-Querétaro.
- El proceso penal contra Carreño Camacho por el delito de ejercicio indebido del servicio público ya había sido cerrado en 2022, cuando un Juez le concedió una suspensión y determinó que no sería privado de la libertad, en lugar de ello el exfuncionario tendría que hacer “acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original».
El caso contra Carreño Camacho seguía abierto por la vía civil, pero el TFJA lo desechó al argumentar que no hay pruebas suficientes en su contra de que cometió faltas administrativas graves, de acuerdo con la sentencia citada por el diario Milenio.
La investigación administrativa contra el exfuncionario la inició el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP en 2019, durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en ella se le señaló como responsable de no evitar la “extracción del expediente” original de la bóveda de la secretaría, en la que sólo se encontró una copia certificada con datos importantes testados.
De acuerdo con el OIC de la Función Pública, Carreño Camacho tenía acceso a la bóveda desde 2017, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que la secretaría no aclaró que el exfuncionario realmente estuviera a cargo de resguardar su contenido./Agencias-PUNTOporPUNTO
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