Las administraciones locales en el país enfrentan escenarios de violencia en condiciones adversas: un déficit en el número de elementos policiales y el bajo cumplimiento para su capacitación, de acuerdo con una revisión del informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el último Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) ejecutado en 2024, el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El Dato: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el primer trimestre de 2025 el promedio mensual del salario de un policía era de seis mil 620 pesos.
El reporte expuso que la situación más grave por insuficiencia de uniformados se enfrenta en las regiones centro, occidente y sur, mientras que el centro, occidente y noreste enfrentan también la falta de capacitación. En cuanto al primer caso, se trata de 18 de las 32 entidades que ni siquiera alcanzan a contar con un policía por cada mil personas.
- El promedio nacional de policías locales es de 0.9 por cada mil habitantes, lejos del estándar adecuado de 1.8, reconocido por el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, se aprecia que las regiones centro, occidente y noreste son las que concentran el problema en cuanto a capacitación, debido a que no alcanzan ni el 15 por ciento de elementos.
- La situación es referida en el reporte como un obstáculo para el cumplimiento de la estrategia Nacional de Seguridad Pública planteada para este sexenio, debido a que contar con el promedio de 1.8 uniformados por cada mil habitantes es necesario para llegar a los objetivos.
De allí se recuerda que dicho plan persigue tres objetivos generales: disminuir la incidencia delictiva, neutralizar a los generadores de violencia y grupos delictivos, así como fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales. En contraste, la única entidad federativa en cumplir y superar el indicador adecuado es la Ciudad de México, con un promedio de 3.8 uniformados por cada mil capitalinos.
Además de esta insuficiencia de elementos locales en el país, se expone una deficiencia en el cumplimiento para su adecuada capacitación, ya que sólo 18.4 por ciento, es decir, uno de cada cinco, ha pasado por los procedimientos para mantenerse al tanto de sus funciones y su adecuado desempeño en la labor de procurar la seguridad.
- Esto se mide en función de la cantidad de elementos que pasaron por el programa denominado “Certificación, Capacitación y Profesionalización de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, el cual recibe recursos del FASP y consiste en la impartición de cursos a los elementos policiales.
- De un universo de 287 mil 579 uniformados del nivel municipal, así como de fiscalías y centros de readaptación social, se reportó que únicamente 52 mil 819 fueron capacitados.
- Derivado de esto, la propia ASF recomendó al SESNSP implementar procesos de reclutamiento, selección, evaluación, formación inicial, equipamiento e infraestructura junto a los estados, con la finalidad de que se destinen recursos para crecer el número de elementos, priorizando los estados con los indicadores más bajos.
Alberto Guerrero Baena, especialista en seguridad, apuntó que la falta de capacitación policial es uno de los problemas principales que hoy se “desnuda” con la falta de su participación y mejor reacción ante la identificación de conductas ilícitas por parte de grupos delincuenciales.
Además, consideró que los estándares que limitan la capacitación policial en nuestro país a mil 80 horas resultan insuficientes, incluso para realizar las labores de proximidad básicas con la ciudadanía a la cual resguardan.
“Si bien se echó a andar un modelo de policía y justicia cívica, no se ha venido trabajando de una manera adecuada. No, los policías no tienen ese lenguaje ciudadano. Es un lenguaje paramilitar el que se utiliza cuando los cuerpos de seguridad ya tendrían que ser netamente civiles”, dijo el especialista.
De allí, consideró que las intenciones de mejorar el sistema de justicia mexicano debieron iniciar con mejoras a las corporaciones a nivel local y las fiscalías, por ser las primeras instancias en recibir y atender los conflictos de seguridad.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados deja ver que las entidades incurrieron en múltiples irregularidades que derivaron en un monto por aclarar de 58.9 millones de pesos, de los cuales 76.4 por ciento se debe a la falta de documentos que justifiquen gastos hechos; otros 12.3 millones de pesos por bienes que se adquirieron, pero no se localizaron o por servicios no realizados; 1.3 millones de pesos más por pagos en exceso, mientras que 300 mil pesos corresponden al pago de obras no realizadas o de mala calidad en materia de seguridad pública./Agencias-PUNTOporPUNTO
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