Durante el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade Kuribreña asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia consiguió incrementos presupuestales por 12 mil 645 millones de pesos que, sin pasar por el Congreso ni consultar a las dependencias previstas por la ley, tuvieron un destino incierto.
- Un análisis presupuestal del gobierno permitió observar que dichos recursos servirían para beneficiar a 2 millones 466 mil adultos mayores y a otros 2 millones y medio de niños, ambos entre la población indígena y que, según estadísticas oficiales, no existen.
La anomalía en el manejo presupuestal fue informada a Miguel Ángel Osorio Chong, cuando era secretario de Gobernación; a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, sin embargo, no indagaron ni hicieron público lo ocurrido.
- Mediante un programa llamado Pensión para Indígenas Adultos Mayores, de la Sedesol, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2015 había previsto fondos por el orden de 12 mil 958 millones de pesos. Pero a la llegada de Meade –hoy candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México– se aplicaron modificaciones en el tercer y cuarto trimestres que, de manera inexplicable, aumentó a 23 mil 376 millones de pesos.
Los datos fueron identificados en 2016 por Jaime Martínez Veloz, entonces titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, que denunció el comportamiento presupuestal anómalo del segundo semestre de 2015.
Al notar la modificación presupuestal, Martínez Veloz vio que el mencionado programa estaba destinado a indígenas de 65 años o más, una población objetivo variable, dependiendo de la definición estadística y la metodología pero que, en el gobierno federal tiene como base los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Los datos del INEGI fueron interpretados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que contabilizó 892 mil 190 indígenas mayores de 65 años en todo el país.
- El cálculo de Martínez Veloz fue elemental: un beneficiario del programa recibe una pensión mensual de 580 pesos, esto es 6 mil 960 pesos anuales. Por lo tanto, con el presupuesto de 12 mil 958 millones se podía atender a 1 millón 861 mil 800 personas, una cantidad que, conforme a la estadística oficial, era más del doble de la población objetivo.
- Ya con el incremento presupuestal a 23 mil 376 millones de pesos se podría atender a 3 millones 358 mil 588 personas. Esto es, 3.8 veces la cantidad de adultos mayores indígenas que hay en México. Dicho de otra manera: partiendo del supuesto poco probable de que todos los adultos mayores indígenas hubieran recibido el beneficio, quedan 2 millones 466 mil 398 beneficiarios que no existen.
Conforme al análisis realizado por la CDPIM, en 2016 y 2017 los recursos asignados al programa Pensión para Indígenas Adultos Mayores, volvió a los niveles que tenía originalmente en el PEF de 2015. “La cuestión es: ¿qué hicieron con los millones de indígenas mayores de 65 años que incorporaron en 2015? ¿En 2016 ya no los apoyaron? ¿Los desaparecieron de los padrones? ¿O en realidad nunca existieron?”, plantea Martínez Veloz en entrevista./CON INFORMACIÓN DE PROCESO
Entrevista Completa en el Enlace:
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