Hay incertidumbre por futuro de la Iniciativa Mérida

En diciembre de 2008, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo que modificaría la relación bilateral en materia de seguridad con la firma de la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida.

Por esas fechas se cumplían dos años de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la «guerra contra el narcotráfico» y la iniciativa que implicaba la entrega de recursos a México para desarrollar las capacidades del Estado mexicano se presentaba como un gran logro bilateral que mejoraría la seguridad en México, sustentado en 4 pilares:

• Trastornar la capacidad operativa del crimen organizado con la captura y procesamiento de los líderes, el decomiso de drogas y combate al lavado de dinero y las ganancias ilícitas.
• Institucionalizar la capacidad de mantener el estado de derecho con la mejora de la capacidad de las instituciones de seguridad pública y justicia, como la profesionalización de las fuerzas armadas y la policía y reformas a los centros penitenciarios y al sistema penal.
• Crear «la estructura fronteriza del Siglo XXI» facilitando el comercio legítimo y el movimiento de personas mientras se restringe el flujo ilícito de drogas, personas, armas y efectivo. La Iniciativa Mérida contemplaba modernizar la seguridad fronteriza mediante tecnología y capacitación.
• Construir comunidades fuertes y resilientes con programas de trabajo e involucramiento de los jóvenes en sus comunidades.

«Estados Unidos ha invertido mucho en la seguridad y mucho en las Fuerzas Armadas. El Plan Mérida digamos que es toda la plataforma de entrada de inversión, capacitación, equipo a las Fuerzas Armadas, mucho desde su política prohibicionista a las drogas», explicó Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» AC.

De acuerdo con la información disponible en la página de la Embajada de Estados Unidos en México, el Congreso estadounidense asignó más de 2 mil 300 millones de dólares a México y hasta la fecha ha entregado mil 600 millones de dólares en equipo y entrenamiento.

El semanario Proceso preguntó en una solicitud de información a la Policía Federal sobre la aeronave de vigilancia Dornier 32, valuada en 21 millones de dólares que fue entregada por el gobierno estadounidense. Esto fue lo que respondieron: «No se cuenta con registro de lo solicitado en las actas de entrega y recepción de los Comisionados Generales de esta Policía Federal (…)».

Sobre el «sistema fronterizo de telecomunicaciones seguro entre 10 ciudades hermanas de Estados Unidos y México valuado en 13 millones de dólares», la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Gobernación (Segob) no fueron capaces de informar a Proceso qué sucedió con el sistema que tenía como objetivo solicitar e intercambiar información referente a investigaciones criminales activas.

La misma falta de respuesta se repitió en los casos de los seis helicópteros UH-60M Blackhawk entregados a la Policía Federal, pese a que una fotografía de la Agencia Cuartoscuro muestra la entrega del equipo a la Policía Federal por parte del entonces embajador norteamericano, Anthony Wayne.

• A casi diez años del Plan Mérida, México atraviesa una grave crisis de seguridad y violaciones a derechos humanos que ha dejado más de 250 mil homicidios y 37 mil desaparecidos, en un contexto de ejecuciones extrajudiciales.
• Aunque uno de los objetivos de la Iniciativa Mérida era frenar el tráfico de drogas al país vecino, Estados Unidos se encuentra en una «emergencia nacional» por la adicción a los opiáceos, que cada día mata a 91 estadounidenses. «El balance del Plan Mérida es el mismo balance que se hace de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón”.
• Aceptaron la imposición de una guerra estadounidense, de un modelo de combate a las drogas que es importado, que es el que tiene Estados Unidos para los países que producen droga, pero no es el paradigma que tiene con respecto a sí mismo», dijo la politóloga Denise Dresser en entrevista con el HuffPost.
• Para Denise Dresser, Estados Unidos exportó esa guerra, pero no la adoptó en su propio territorio. Como prueba de ello cita la creciente despenalización de la marihuana en varios estados americanos.
• Nueve estados y la capital, Washington D.C., han legalizado la marihuana para uso recreativo para adultos mayores de 21 años y en otros treinta estados es legal la marihuana medicinal, de acuerdo con un recuento de Business Insider. El gobierno electo ha expresado que busca la despenalización de la marihuana y el uso de la amapola para fines medicinales.

En el marco de la estrategia actual de seguridad, Enrique Peña Nieto señaló en el Sexto Informe de Gobierno que en su sexenio se logró la captura de 110 de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno Federal, identificados como líderes de cárteles o de organizaciones criminales que representaban alta peligrosidad para la sociedad mexicana.

Aunque Peña Nieto presumió un logro de su gobierno, para algunos especialistas la estrategia de descabezamiento no solo no dio los resultados esperados, sino que exacerbó la violencia. El mes pasado, el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), David Petraeus, dijo durante su visita a México que la estrategia de descabezamiento de cárteles era algo «necesario, pero no suficiente».

En el último informe antes de que deje la presidencia el 30 de noviembre de 2018, Peña Nieto también informó sobre los resultados en la «lucha contra el narcotráfico» que son considerados el sostén del Plan Mérida para crear «la estructura fronteriza del Siglo XXI».

Los números muestran que 2017 fue el año con la mayor erradicación de cultivos de amapola, con 28 mil 916 hectáreas de amapola erradicadas, pero un bajo aseguramiento de armas, con 7 mil 301 unidades.

Para Jacobo Dayán, académico del Colegio de México (Colmex) y la Universidad Iberoamericana, la Iniciativa Mérida ha servido a los intereses de Estados Unidos, ya que en materia de derechos humanos no ha sido positivo el balance para nuestro país.

«Se anteponen temas de seguridad, migración, armas, que temas de derechos humanos. La agenda de derechos humanos no está metida en la Iniciativa Mérida, si eso va a continuar pues tampoco va a ayudar. Es una agenda impuesta desde los Estados Unidos, donde se criminaliza en México para evitar problemas en los Estados Unidos», dijo Dayán en entrevista con el HuffPost.

Entre 1990 y 2015, Estados Unidos vendió a México más de mil 770 millones de dólares de armas, cuatro veces más que el siguiente país, Rusia, de acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo retomados por Víctor Hugo Michel en Nexos.

• El análisis de Lucía de los Ángeles Díaz, fundadora del Colectivo Solecito, coincide con el de Jacobo Dayán. «Esta guerra con una cantidad de armas enorme que vienen con el famoso Plan Mérida que firman con Estados Unidos y solamente beneficia a Estados Unidos y a los que reciben el dinero del Plan Mérida, pero las víctimas no recibimos nada de ahí.

Traen todas estas armas, traen toda esta guerra que viene producto de eso, de todos estos acuerdos que son a espaldas del pueblo, sin considerar al pueblo en absoluto. Ustedes van a pagar con su vida, su libertad, pero ustedes no van a participar».

El camino que ha emprendido Lucía Díaz para encontrar a su hijo Luis Guillermo es una muestra de la violencia en México y de la deuda del Estado mexicano con los miles de mexicanos que buscan a sus seres queridos, desaparecidos por grupos criminales y por las fuerzas de seguridad del Estado.

• Para Denise Dresser, el Plan Mérida resultó tan fallido como la guerra contra las drogas. Con los niveles de violencia de México, la politóloga espera que el próximo gobierno «pensara de verdad en cómo cambiar el paradigma prevaleciente y deshacerse de tantos años de estar nosotros proveyendo los militares, los muertos, el esfuerzo, los recursos para pelear una guerra que Estados Unidos no pelea en su propio país».

A principios de agosto, el secretario de Seguridad propuesto por el Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, dijo que revisarían el Plan Mérida, pues «la colaboración en materia militar por parte del gobierno de los Estados Unidos no es la mejor forma de enfrentar los problemas de seguridad en México».

Aunque gran parte de los recursos de la Iniciativa Mérida van destinados a las fuerzas de seguridad, incluyendo la capacitación de elementos, también han asignado más de 247 millones de dólares para apoyar a México en la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal –que comenzó hace diez años–, que contempla intercambios entre procuradores de justicia estatales, asesorías para laboratorios forenses, entrenamiento, certificaciones, acreditaciones, equipo y seminarios para estudiantes y profesores de la carrera de leyes.

El gobierno estadounidense también ha beneficiado a más de 35,000 jóvenes en riesgo que formaron parte de actividades de formación profesional, apoyo psicológico, y oportunidades de empleo en Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Con el cambio de gobierno en México, el futuro de la Iniciativa Mérida está en el aire y el posible cambio de paradigma en seguridad entre los dos países también./ CON INFORMACIÓN DE THE HUFFINGTON POST