La seguridad en México es un anhelo constante y una promesa recurrente de cada administración, se presenta como un mosaico de complejidades donde las grietas son tan visibles como dolorosas. Lejos de ser un problema monolítico, las fallas que aquejan al sistema de seguridad pública en el país son el resultado de una intrincada red de factores históricos, institucionales y sociales que, al entrelazarse, han dado forma a una realidad de inseguridad persistente, cuya sombra se proyecta sobre la vida cotidiana de millones de personas. La narrativa oficial a menudo busca simplificar o atribuir culpas, pero la verdad es que la situación es un reflejo de deficiencias sistémicas que requieren un análisis más profundo y una comprensión más allá de los titulares.
Uno de los pilares fundamentales que se ha visto resquebrajado es la corrupción generalizada y la impunidad que la acompaña. Este binomio pernicioso no solo carcome la credibilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia y mantener el orden, sino que también las debilita desde sus cimientos. La percepción pública, respaldada por diversas encuestas, revela una profunda desconfianza en las fuerzas policiales y en el sistema judicial, a menudo percibidos como altamente corruptos. Cuando aquellos que tienen la responsabilidad de proteger son vistos como cómplices o beneficiarios de la ilegalidad, el círculo vicioso se perpetúa. La impunidad, que en casos de corrupción puede alcanzar tasas alarmantes y que se fluctúa a más del 90%, lo que envía un mensaje devastador a la sociedad y fomenta un ambiente de permisividad que el crimen organizado aprovecha.
En este escenario, el crimen organizado ha encontrado un terreno fértil para expandir sus operaciones y consolidar su poder. Más allá del narcotráfico, estos grupos se han diversificado hacia un amplio espectro de actividades ilícitas que incluyen diversos delitos, como la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, el tráfico de personas y la piratería, entre otros.
La violencia se ha convertido en una herramienta estratégica para imponer control, castigar a rivales e intimidar a la población, lo que se traduce en un incremento alarmante de los delitos violentos, con tasas de homicidios que alcanzan niveles críticos en varias regiones del país. Este dominio criminal no solo afecta a individuos, sino que también ejerce una presión asfixiante sobre empresas y negocios, que a menudo se ven obligados a pagar “cuotas de protección” para evitar represalias violentas.
El tejido social se desgarra por la constante amenaza de violencia, generando desplazamiento de comunidades enteras que huyen de sus hogares buscando seguridad y dejando cicatrices profundas que dificultan la recuperación y reconstrucción.
En resumen, las fallas de la seguridad mexicana no pueden atribuirse a una única causa, sino que son el resultado de una compleja interacción de corrupción y una impunidad casi garantizada, un crimen organizado en constante evolución, debilidades estructurales en las instituciones de justicia, violaciones a los derechos humanos y profundas desigualdades socioeconómicas. El camino hacia una seguridad más efectiva y justa es largo y arduo, pero es una travesía que México debe emprender con determinación y un compromiso renovado con la verdad, la justicia y el bienestar de su gente.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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