El entonces candidato aseguró que acometería la «mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos» para terminar con lo que describe como una «invasión» de «extranjeros ilegales» y «peligrosos criminales», a los que, en contra de lo que señalan los estudios sobre el tema, vincula con la delincuencia.
- Pero los ocho primeros meses de su presidencia han puesto también en su punto de mira a la migración legal hacia Estados Unidos con el fin, asegura, de favorecer a los trabajadores estadounidenses.
Hay denuncias de que extranjeros con sus documentos en regla han sido detenidos en las redadas contra inmigrantes en situación irregular que proliferan en todo el país y el gobierno ha tomado decisiones políticas de alto impacto que han cerrado muchos caminos a quienes intentan migrar cumpliendo la ley.
- Estados Unidos, que durante décadas fue visto en todo el mundo como una tierra de oportunidades y un imán para el talento mundial, está reduciendo -con Trump al mando- vías de llegada a su territorio y de permanencia legal en él.
- La nueva política restrictiva de parte del gobierno coincide con las ideas del influyente activista trumpista Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en un crimen que conmocionó a Estados Unidos.
- El activista conservador creía que Estados Unidos vivió su «mejor momento cuando detuvo la inmigración durante 40 años y redujo su porcentaje de nacidos en el extranjero al mínimo histórico».
Los expertos pronostican que tendrá profundas y duraderas consecuencias en la economía y la sociedad estadounidenses.
El asilo y los refugiados
- En su primer día en la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió indefinidamente la admisión de refugiados porque, dijo, «en los últimos cuatro años, Estados Unidos ha sido inundado con niveles récord de inmigración» y «carece de la capacidad para absorber un gran número de inmigrantes».
- Fue una de sus primeras decisiones y frustró, entre otros, las esperanzas de asilo de más de 1.600 afganos, muchos de ellos amenazados por el talibán, que habían completado el largo proceso legal para recibir asilo en EE.UU. y estaban solo a la espera de sus vuelos.
Entre ellos había incluso familiares de personal militar de Estados Unidos. Fue solo el primer paso.
- Trump aprobó también una orden que suprimía el derecho a la ciudadanía por nacimiento de los hijos nacidos en Estados Unidos de extranjeros en situación irregular o temporal en el país.
- La decisión ha sido suspendida por un tribunal federal y probablemente el asunto no se resuelva hasta que no se pronuncie la Corte Suprema.
- El gobierno de Trump también eliminó el derecho a acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos de Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Venezuela y Siria.
La situación de cada país se revisa periódicamente. Excepto Sudán del Sur, todos los que ha tocado revisar desde que Trump regresó a la presidencia han sido eliminados de la lista.
La finalización de las protecciones temporales decididas por el gobierno de Trump también ha sido recurrida ante los tribunales.
Igualmente, el gobierno puso fin a otro programa provisional que evitaba la deportación de ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela y que, según estima la ONG Consejo Estadounidense de Inmigración, protegía a alrededor de medio millón de personas.
- Además, Trump ha recuperado y ampliado una de las medidas más polémicas de su primer mandato, la prohibición de viaje a Estados Unidos de ciudadanos de una lista de países mayoritariamente musulmanes.
- A los que ahora se han sumado otros como Cuba y Venezuela, cuyos ciudadanos solo serán admitidos en EE.UU. si poseen algunas de las categorías específicas de visas aceptadas. El gobierno justifica la medida por razones de «seguridad nacional».
Pero no son solo refugiados y solicitantes de asilo o inmigrantes procedentes de países en dificultades los afectados por las medidas de la segunda era Trump.
Estudiantes y trabajadores, también en la mira
En 2025, el Departamento de Estado anunció que había revocado las visas de 6.000 estudiantes extranjeros en el país por violaciones de las leyes de Estados Unidos, entre ellas «apoyo al terrorismo».
- Las autoridades no especificaron en qué consistió ese supuesto «apoyo al terrorismo», pero el gobierno de Trump ha tomado medidas contra estudiantes extranjeros que han protestado contra la invasión israelí de Gaza.
- Desde junio de 2025, todos los solicitantes de visas deben facilitar la información de sus cuentas en redes sociales para que puedan ser examinadas en busca de «cualquier indicio de hostilidad hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de Estados Unidos».
- El DHS publicó en agosto una propuesta que, de ser finalmente aprobada, limitará el tiempo de estancia de los estudiantes extranjeros en el país a la duración del programa académico en el que participen, con un máximo de cuatro años.
La misma propuesta que afecta a los estudiantes incluye limitar a 240 días la vigencia de la visa de los periodistas extranjeros en Estados Unidos. Para los periodistas chinos, el máximo será de 90 días.
La última vuelta de tuerca ha tenido como objetivo a los trabajadores calificados beneficiarios de la visa H-1B, creada bajo el gobierno de George Bush padre en 1990 para facilitar la inmigración de 85.000 profesionales cada año para cubrir puestos altamente especializados, un sistema utilizado asiduamente por gigantes tecnológicos como Amazon o Google.
Trump firmó el viernes 19 de septiembre una proclamación que establece que para obtener una de estas visas habrá que pagar una tasa de US$100.000.
- Según el gobierno, la medida -que se aplicará a las nuevas visas y no a las vigentes- servirá para controlar un sistema del que se ha «abusado» para rebajar los salarios de los trabajadores estadounidenses.
- Previsiblemente, la nueva tasa disuadirá a muchas de las compañías que ahora recurren a este sistema, lo que, según los críticos de la medida, perjudicará la capacidad de Estados Unidos para atraer talento global.
El sistema ha sido utilizado por muchas empresas para contratar informáticos y técnicos de India. Kirk dijo poco antes de morir que «quizá ninguna forma de inmigración legal ha hecho más daño a los trabajadores estadounidenses que la gente que ha venido de India».
ICE ha expandido su poder migratorio
En los primeros 10 meses de la segunda presidencia de Donald Trump, que se cumplen este lunes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha pasado por una brutal transformación, convirtiéndose en una de las agencias federales con más poder.
La policía migratoria ha multiplicado su presupuesto significativamente en comparación con el de 2024 y está llevando a cabo una contratación masiva de agentes, a la vez que ha ampliado significativamente sus acuerdos de colaboración con cuerpos policiales estatales y locales, ha habilitado nuevos centros de detención y ha lanzado redadas y operativos a gran escala en algunas de las principales ciudades del país. Todo con el fin de cumplir con la promesa de campaña de Trump: ejecutar la “mayor deportación de la historia”.
- La expansión del ICE ha sido posible, en gran parte, gracias a la reforma fiscal del presidente aprobada en julio pasado. Bajo la llamada “gran y hermosa” ley del republicano, se asignaron 170.700 millones de dólares para la implementación de proyectos y leyes migratorias durante los próximos cuatro años.
- El ICE recibirá 75.000 millones de dólares en ese periodo, de los cuales 45.000 millones se utilizarán para construir nuevos centros de detención para inmigrantes y casi 30.000 millones para reclutar más agentes e implementar los objetivos migratorios de la Administración Trump.
- Para Stephen Miller, asesor de temas migratorios de la Casa Blanca, “la meta es un mínimo de 3.000 arrestos diarios por parte del ICE”, una cuota que después fue negada por funcionarios del Departamento de Justicia, pero que indica el direccionamiento de la política migratoria del actual Gobierno.
Para lograr el objetivo de detener más migrantes, el ICE cuenta hoy con unos 21.000 agentes en los 50 Estados, pero busca aumentar su plantilla en 10.000 agentes más antes de finalizar el año.
- Como incentivo para reclutar más oficiales, la agencia ofrece hasta 50.000 dólares como bono de ingreso a nuevos miembros, 60.000 dólares de condonación de deuda estudiantil y 10.000 dólares de bono anual.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, la cifra de solicitudes ya supera las 150.000 y se han hecho 18.000 ofertas de trabajo.
Centros de detención
Además del crecimiento de la plantilla del ICE y el aumento en su financiamiento, la agencia migratoria también ha estado ampliando su red de centros de detención para migrantes durante los últimos meses.
- A lo largo del país, la agencia ha rehabilitado cárceles privadas previamente cerradas por sus malas condiciones para albergar migrantes detenidos a la espera de ser deportados, como hizo con Delaney Hall en Newark (Nueva Jersey) o con Deportation Depot en el antiguo Instituto Correccional de Baker, Florida.
También se han abierto nuevos y controvertidos centros, como el ya infame Alligator Alcatraz, en el medio de los humedales de los Everglades de Florida, o Camp East Montana, construido en la base militar de Fort Bliss, Texas.
- Las denuncias por las pésimas condiciones dentro de estos centros se han intensificado en los primeros meses de la segunda presidencia de Trump. Organizaciones defensoras de migrantes, abogados y familiares se quejan del grave hacinamiento que se está produciendo en el interior de las instalaciones, la falta de alimentos, higiene o atención médica suficientes, y los problemas a los que se enfrentan cuando intentan visitar o hablar con los detenidos.
Además, a estos los están trasladando constantemente de centros para evitar que tengan representación legal, alejándolos de sus familias y presionándolos para firmar su autodeportación, según denuncian.
La ampliación del programa 287(g)
A la vez, la Administración Trump ha reactivado el programa 287(g) que delega la autoridad migratoria a las agencias policiales estatales y locales por medio de acuerdos de cooperación.
- Un programa que fue inicialmente creado en 1996 como parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y al que el expresidente Joe Biden prometió poner fin, pero no lo hizo. En su lugar, el demócrata adoptó una política de no firmar nuevos acuerdos durante su mandato y rescindió algunos de los ya existentes.
Desde que Trump revivió el programa con una orden ejecutiva de enero de 2025, el número de acuerdos firmados ha ascendido a 1.034, según datos del ICE actualizados a mediados de octubre. Florida y Texas son los territorios que más acuerdos tienen, superando los 200 cada uno. Virginia, Ohio, Alabama y Pensilvania cuentan con 30 acuerdos cada uno.
Bajo estos acuerdos de cooperación, entidades estatales y locales como la Patrulla de Carreteras, alguaciles locales, Autoridad Portuaria, Policía Escolar, Policía de Aeropuertos y Policía de Parques, entre otras, pueden llevar a cabo allanamientos, detenciones, arrestos y encarcelamientos de migrantes.
- Al firmar estas alianzas, el ICE paga $100.000 para vehículos nuevos, cubre el costo de los salarios y beneficios de cada agente y ofrece cubrir hasta el 25% de horas extra, entre otros costes. El ICE también financia la capacitación de los agentes locales ofreciendo cursos sobre ley migratoria, comunicación multicultural, y “cómo evitar la elaboración de perfiles raciales”.
- Sin embargo, para John Cano, de la organización Legal Aid Justice Center, el programa fue suspendido durante administraciones anteriores precisamente por perfilamiento racial y porque “hacen a la comunidad menos segura porque al redirigir los recursos para implementar la ley migratoria, se pierde el foco en lo que está pasando a nivel local, como accidentes de tráfico u otros crímenes”.
“Además, crece la desconfianza en los cuerpos policiales porque los migrantes y ciudadanos pensarán dos veces antes de contactar a la policía por miedo a ser arrestados”, añade.
EU impone tarifas migratorias
- La Administración de Donald Trump ha endurecido sus medidas migratorias con dos nuevas tarifas que elevan los costos y sanciones para las personas que intenten ingresar a Estados Unidos sin autorización o soliciten residencia temporal (parole) por razones humanitarias.
- Según datos a los que CBS News tuvo acceso, los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2025, que acabó el pasado 30 de septiembre, se redujeron drásticamente hasta alcanzar el nivel anual más bajo desde principios de la década de 1970.
- El aviso de la nueva multa coincide con la entrada en vigor, este jueves 16 de octubre, de una tarifa de 1.000 dólares para quienes soliciten o sean beneficiarios del parole humanitario, que permite la entrada temporal al país por razones urgentes humanitarias o de beneficio público significativo.
La medida fue publicada oficialmente en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
- El documento, firmado por la secretaria Kristi Noem, establece que la nueva tarifa se aplicará “a toda persona extranjera que sea admitida bajo la figura de parole”, salvo en 10 casos de excepción.
- Etre ellos emergencias médicas, la inminente muerte de un familiar, funerales, menores en proceso de adopción con enfermedades graves o colaboración con el Gobierno estadounidense en investigaciones de seguridad o justicia.
El cobro forma parte de la implementación de la ley HR-1, también conocida como la “gran y hermosa” reforma fiscal de Trump, promulgada el pasado 4 de julio. Esta legislación amplía las tarifas migratorias tanto para quienes buscan ingresar legalmente como para los mecanismos de control fronterizo.
La tarifa del parole deberá pagarse en el momento en que el permiso sea otorgado, no al presentar la solicitud. El DHS precisó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) serán responsables de recaudar el nuevo pago, según el tipo de trámite o punto de ingreso.
Otro golpe a miles de migrantes
El programa de parole humanitario fue una de las principales apuestas de la Administración de Joe Biden para canalizar de manera ordenada los flujos migratorios.
- Desde su implementación, esta opción permitió la entrada temporal y con autorización legal a más de 117.000 venezolanos, así como a 210.000 haitianos, 110.000 cubanos y 93.000 nicaragüenses.
- Aunque el programa no otorga residencia permanente ni acceso directo a la ciudadanía, ofrece una alternativa segura frente a los cruces irregulares. La Administración Trump ha intentado eliminarlo y el Tribunal Supremo le ha dado la razón.
Su fin dejaría a cientos de miles de personas ante dos únicas opciones: regresar a países marcados por la violencia, la crisis y la represión, o permanecer en Estados Unidos bajo el riesgo de deportación. /PUNTOporPUNTO
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