La FUERZA PÚBLICA

En el ordenamiento jurídico mexicano la expresión “fuerza pública” se emplea con la soltura de lo evidente, aunque permanezca huérfana de una definición legal precisa. La Constitución la menciona al conferir su mando al Ejecutivo Federal en los lugares donde resida habitual o transitoriamente, y la jurisprudencia histórica de la Suprema Corte la ha usado para identificar qué autoridades quedan sujetas al juicio de amparo. Sin embargo, el legislador cultiva una extraña predilección por los accesorios antes que por la sustancia: la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza cataloga con esmero quirúrgico el bastón, el perímetro y el arma letal, pero omite definir a la fuerza pública que los empuña.

Desde la lógica formal, toda arquitectura normativa sostenida en una premisa indefinida se condena a la ambigüedad operativa, como es el concepto de fuerza pública. Si la ley no fija con exactitud qué es, quién la ejerce y bajo qué límites actúa, se difumina la frontera constitucional entre la seguridad pública, función civil, preventiva e investigadora del artículo 21, y la seguridad nacional o la defensa exterior, confiadas a las Fuerzas Armadas bajo los artículos 89 y 129.

Cuando el concepto queda a merced de la coyuntura, la excepción se viste de rutina: la autoridad civil posterga la construcción de policías sólidas y los institutos castrenses asumen tareas ajenas a su doctrina, sembrando incertidumbre para ciudadanos y uniformados.

Este vacío conceptual no es un descuido semántico inofensivo, sino una grieta de alto costo político y social. En sociología, el monopolio de la coacción legítima constituye la razón primordial por la que el Estado salvaguarda la integridad y el patrimonio de las personas. Empero, esa potestad solo genera cohesión cuando es predecible y auditable. Sin un concepto rector, el país oscila entre dos patologías opuestas: la impotencia de corporaciones locales fragmentadas y sin estado de fuerza suficiente, y la tentación discrecional de responder al desorden con operativos reactivos. Como advierte nuestra doctrina administrativa, la fuerza material es necesaria pero delicada y excepcional; un gobierno apoyado en la fuerza al margen de la ley resulta siempre inestable y tiránico.

Hoy México afronta una prueba análoga que exige dejar los remiendos tácticos y fortalecer el cimiento normativo. Incorporar una definición vinculante de fuerza pública en la Constitución, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza es una reforma de Estado urgente. Ese concepto debe establecerla como la potestad coactiva institucional, indivisible y reglada del Estado, sujeta a la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, los derechos humanos y el control judicial.

Asimismo, debe trazar una línea inequívoca entre su vertiente policial civil, preventiva, investigadora y cercana y su reserva militar extraordinaria, fijando cadenas de mando claras entre los tres órdenes de gobierno y responsabilidades precisas por abuso u omisión.

Nombrar con exactitud en el derecho no es vanidad académica, sino el primer dique contra la arbitrariedad y el desamparo. Definir la fuerza pública ofrece al ciudadano un escudo verificable frente al abuso y otorga al agente honesto la certeza jurídica para actuar sin quedar atrapado entre la amenaza criminal y la incertidumbre legal.

En una República empeñada en recobrar la paz sin sacrificar sus libertades, cerrar filas en torno a un concepto claro y exigible de fuerza pública garantiza que la espada del Estado obedezca a un único mandato: la supremacía de la Constitución y la tranquilidad de todos los mexicanos.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario