México figura entre los países más peligrosos del continente para ejercer la defensa de derechos humanos, particularmente en temas ambientales, de búsqueda de personas desaparecidas, diversidad sexual y defensa del territorio, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Tercer Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas.
La CIDH recordó que, según el informe Global Analysis 2022, México fue el tercer país, a nivel mundial, con más asesinatos de personas defensoras con un total de 45 víctimas; sólo detrás de Colombia (186 personas) y Ucrania (50 víctimas).
“La Comisión observa, que en un 43.1% de los casos la responsabilidad de estas agresiones recaería presuntamente en funcionarios públicos, un 33.5% en la delincuencia organizada, y el 23.4% serían personas desconocidas”, se indicó en el informe.
- En el texto se detalló que la mayoría de los ataques se concentran en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán, entidades donde confluyen megaproyectos extractivos, conflictos comunitarios y altos niveles de impunidad.
- Según se explicó en el documento, entre 2019 y 2023, al menos 91 personas defensoras fueron asesinadas en México por causas vinculadas a su labor de defensa.
- Además, la CIDH dijo que en el país se documentaron 220 desapariciones de personas defensoras desde 2006 hasta mayo de 2022, muchas de ellas sin que se conozca aún su paradero.
- Advirtió que las y los defensores ambientales son uno de los grupos más golpeados: entre 2006 y 2023, 93 personas defensoras ambientales desaparecieron; 39 siguen sin ser localizadas.
“Las operaciones mineras están relacionadas con más del 40% de los asesinatos de activistas que se oponían a esa actividad”, subrayó el informe.
Además, se dio a conocer que la violencia está íntimamente vinculada con la expansión de modelos económicos extractivistas y con el uso de la criminalización como herramienta para inhibir la protesta.
Un ejemplo de ello es el caso de Kenia Hernández, defensora indígena sentenciada a 10 años de prisión en 2022 y con otras siete causas penales en su contra, señalada por delitos como “robo con violencia” y “ataques a las vías generales de comunicación”.
Mujeres y buscadoras: doble riesgo
Por otro lado, se precisó que, entre 2018 y mayo de 2023, al menos 10 personas fueron asesinadas por realizar tareas de buscadoras. Entre los casos destacados se mencionó el de Ángela Almeras León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, asesinada en Baja California en febrero de 2024, y Teresa Magueyal, integrante de “Una Promesa por Cumplir”, asesinada en Guanajuato en 2023.
- La CIDH documentó que las mujeres que buscan a sus familiares enfrentan altos niveles de estrés, daño físico y emocional, estigmatización social y sobrecarga económica, pues además de liderar las labores de búsqueda deben sostener económicamente a sus familias.
- Asimismo, entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 73 mujeres defensoras en México, y durante 2023 las agresiones digitales contra ellas aumentaron 41% respecto al año anterior. Las defensoras —en particular las indígenas, ambientales y feministas— han sido objeto de violencia sexual, amenazas de muerte, hostigamiento y campañas de desprestigio en redes sociales.
También, la Comisión manifestó su preocupación por discursos estigmatizantes provenientes de figuras públicas, que califican a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo” o “pseudoambientalistas”.
En México, el informe menciona declaraciones del Ejecutivo Federal que señalaban a nueve organizaciones de la sociedad civil de recibir fondos extranjeros para “oponerse al Tren Maya”, descalificándolas como “benefactoras disfrazadas de ambientalistas”.
Defensores ambientales también han sufrido agresiones
Desde 2016 a la fecha, al menos 84 personas defensores del medio ambiente han sido asesinadas en México en posible relación con su labor.
- Lo anterior fue detallado en un comunicado el pasado 17 de julio de 2025 el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)
- De esa cifra, siete eran mujeres y 77 eran hombres; mientras que 44 personas pertenecían a pueblos indígenas y una era afromexicana, .
“A estos hechos se suman múltiples agresiones, como criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones”, añadió el reporte publicado en el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente.
La organización señaló que este día “es un recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con quienes arriesgan su vida por proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes del país”.
- Además, dijo que a cuatro años de su reconocimiento oficial por el Congreso mexicano “esta fecha no solo conmemora, sino que exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten el avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado en múltiples regiones del país”.
- También apuntó que los defensores del medio ambiente son clave para frenar la crisis climática, resistir proyectos destructivos”, proteger los recursos naturales que sostien la vida de las personas y preservar las formas de vida indígenas que coexisten en armonía con la naturaleza.
“Su trabajo es especialmente relevante frente al avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación, acaparamiento de agua y contaminación generalizada, que continúan deteriorando nuestros ecosistemas y exacerbando desigualdades”, apuntó OSC.
A este contexto, dijo “se suma el avance del crimen organizado en múltiples regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos”.
- Explicó que actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades “se han intensificado, afectando gravemente tanto al medio ambiente como a las personas que lo defienden”.
- El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo”, añadió.
- OSC recordó que el Estado mexicano ha aprobado marcos normativos que “deben ser implementados con urgencia adecuadamente”, entre ellos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012.
Mientras que a nivel internacional, México firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020.
- El Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales es el primer tratado en el mundo que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
- OSC también expresó su “profunda preocupación” por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), decisión, que, dijo, “genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental”.
Además, consideraron urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas.
Latinoamérica registró 257 asesinatos de defensores de derechos humanos
La violencia contra los defensores de derechos humanos sigue escalando en el mundo, principalmente en Latinoamérica. La región concentró el 80 % de los asesinatos en 2024 (257) y reportó un incremento del 9 % en el número de casos, respecto al año anterior, de acuerdo con el reciente informe de análisis global de la organización Front Line Defenders.
- Por séptimo año consecutivo, Colombia se ubicó como el país con el mayor número de asesinatos: 157 casos de los 324 documentados en 32 países del mundo. Le siguen México, con 32 casos y Guatemala con 29 casos, por encima de países bajo ataque armado, como Palestina, que reportó 22 asesinatos. Sólo estos tres países latinoamericanos concentran más del 67 % de los casos documentados a nivel mundial.
- En la región también destaca Brasil con 15 casos, Perú con nueve, Honduras con cinco, Nicaragua con cuatro y Ecuador con tres asesinatos. Mientras que Cuba, El Salvador y Venezuela registraron cada uno un caso.
Durante 2024 —resalta el informe— las personas defensoras en Latinoamérica recibieron “respuestas estatales violentas a conflictos territoriales, represión de protestas y una mayor militarización de regiones dentro de los países”.
También se documentó el uso indebido del sistema de justicia contra personas defensoras, especialmente indígenas, quienes enfrentaron arrestos, ataques, campañas de difamación y represión.
Front Line Defenders sostuvo que la gran mayoría de los asesinatos y agresiones documentados estuvieron relacionadas con la defensa del territorio y del medio ambiente.
La iniciativa Human Rights Defenders (HRD) Memorial de esta organización detectó que el 20.4 % de los asesinatos en 2024 corresponden a líderes ambientales y que el 18 % de las víctimas eran defensores indígenas.
Además, advierte que en por lo menos 59 casos de 16 países, el asesinato de defensores de derechos humanos está vinculado de manera directa o indirecta con su labor en contra de intereses empresariales.
“Se pudo constatar cómo la defensa de los derechos humanos de los líderes y lideresas que fueron asesinadas estuvo marcada por una lucha contra los intereses empresariales y corporativistas”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores en Colombia, organización aliada en la elaboración del informe de Front Line Defenders.
Somos Defensores advirtió en su informe anual 2024 los 157 asesinatos de defensores en Colombia, así como 727 agresiones contra 655 personas.
- Aunque en 2024 hubo una disminución del 5 % en las agresiones en Colombia, en comparación con el 2023, la organización explica que esto no es representativo de una mejora, pues sostiene que se trata de una baja poco representativa de cambios en la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras frente a grupos armados ilegales que agudizaron la violencia durante este periodo.
“Si desmenuzamos esta cifra [727] y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado desplieguen acciones preventivas”, advierte Somos Defensores.
Criminalización: una constante en México
Front Line Defenders advierte que la criminalización contra defensores de derechos humanos es una constante en la región y relaciona esta práctica con operaciones empresariales.
- Aunque no brinda cifras precisas, el informe destaca que lo que más denunciaron las personas defensoras de América fueron las amenazas de muerte, que representan 32.5 % de los reportes hechos en 2024, seguido de las acciones legales en su contra, con un 14.6 %.
- “En lugar de proteger los derechos de las comunidades, los gobiernos se alinean con poderosas corporaciones y criminalizan a los defensores que denuncian malas prácticas empresariales, con el fin de proteger los intereses corporativos y silenciar a estos activistas”, sostiene el informe.
Esta tendencia se presentó especialmente en México, donde las personas defensoras fueron sometidas a detenciones arbitrarias, extensos períodos de prisión preventiva y penas tan altas que podrían considerarse como “cadenas perpetuas informales».
Algunos casos que destaca la organización internacional son el del defensor zapoteco Pablo López Alavez, líder comunitario que combatía la tala ilegal en la comunidad indígena San Isidro Aloápam, Oaxaca. En 2010, fue detenido arbitrariamente acusado de homicidio, en un caso que ha sido calificado por organizaciones civiles como fabricado. En 2025 recibió una sentencia de 30 años de cárcel, de los cuales ya acumula 14 detenido.
Front Line Defenders también destaca la detención en 2022 de Tomás Martínez Mandujano, líder otomí y defensor condenado a 43 años de prisión por el asesinato de un policía judicial tras un enfrentamiento con la comunidad de Llano Grande, en el Estado de México. Su defensa sostiene que Martínez no estaba en la comunidad el día del enfrentamiento y que su sentencia es en represalia por su defensa del territorio y del agua.
En tanto, la abogada y defensora amuzga Kenia Hernández Montalván, integrante de un movimiento campesino indígena, cumple una condena de 21 años y 9 meses por “robo con violencia”, tras recibir diferentes sentencias consecutivas entre febrero y marzo de 2022. Este trato, señala el informe, “refleja el racismo sistémico en el sistema judicial, con procesos sin enfoque intercultural”.
El reporte sostiene que la criminalización hacia defensores en Latinoamérica afectó más a quienes ayudaban a sus comunidades a reclamar sus derechos ante empresas nacionales e internacionales.
“Estas entidades acusaron directamente a los defensores de crímenes en represalia por su labor o apoyaron a las autoridades y ciudadanos particulares en la presentación de cargos penales en su contra”, señala.
Recientemente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó su informe anual 2024, donde documentó el asesinato de 25 defensores del territorio en México, un incremento del 25 % respecto a 2023. Además, la organización detectó la criminalización en al menos 20 eventos durante 2024, con un total de 77 líderes ambientales procesados por diferentes delitos. También se documentó hostigamiento, estigmatización y difamación.
Itzel Arteaga, coordinadora del informe de CEMDA, coincide con Front Line Defenders al señalar que hay un aumento de conflictos en el territorio derivado de la falta de consulta a las comunidades en la instalación de megaproyectos.
“En realidad son proyectos que no tienen una perspectiva de beneficio a las comunidades, que se hacen sin consultas previas, sin llegar a acuerdos, sin obtener el consentimiento”, explica.
Si bien en México se registraron 32 asesinatos de defensores de derechos humanos, Adriana Quiroz Flores, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), sostiene que el saldo podría ser más grave, debido a que hay casos por verificar.
“Las víctimas no son solo números, eran hombres y mujeres, en su mayoría indígenas y campesinos que enfrentaron violencia por defender la tierra y el territorio, principalmente contra megaproyectos”, expuso.
Autoridades ausentes en Latinoamérica
El reporte destaca que los países latinoamericanos mantienen un entorno “extremadamente peligroso” para los defensores de derechos humanos ante las dinámicas que ponen a grupos armados que participan en actividades ilegales —tala, minería, narcotráfico y acaparamiento de tierras— en conflicto con comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que resisten al control territorial.
También señala la omisión de autoridades quienes, asegura el informe, no aplican leyes que podrían proteger a los defensores, incurren en corrupción o incluso apoyan directamente a actores involucrados en disputas territoriales.
“Este clima hostil no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también socava su capacidad de defensa, silenciando voces cruciales en la lucha por los derechos humanos, la justicia ambiental y la soberanía territorial”, destaca.
- De acuerdo con el documento, la falta de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas se ha vuelto una constante, a tal punto que los Estados recurren a “un modelo de militarización” para impulsar proyectos, utilizando la violencia como respuesta a cualquier tipo de oposición.
Los conflictos generados por esta falta de consentimiento, advierte, son los que ponen en riesgo a los defensores, pues generalmente hay un interés por ocupar o utilizar territorios habitados por las comunidades vulnerables.
“Actores no estatales, incluidas empresas, grupos paramilitares y el crimen organizado, también representan graves riesgos para los defensores que trabajan en derechos sobre la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas”, menciona el documento.
Sobre los responsables de estos asesinatos a nivel mundial, Torres señala que en casi el 30 % de los casos no se pudo establecer quién presuntamente asesinó a las personas defensoras.
“En 177 casos [36 %] son los autores no estatales, seguidos por 96 casos [30 %] donde no se pudo establecer el presunto responsable. Posteriormente están los autores estatales, que se presume su responsabilidad en poco más de 40 casos [12 %]”, informa.
- Entre otros casos documentados por la organización internacional Front Line Defenders está la violencia contra las comunidades rurales, quilombolas e indígenas en Brasil, donde milicias armadas atacaron a los pueblos indígenas Guaraní-Kaiowá y Ava Guaraní en Paraná, lo que resultó en violencia física y muertes.
- En Perú se documentó la violencia contra defensores indígenas, especialmente en la Amazonía, con el asesinato de cuatro líderes, entre ellos, Gerardo Keimari Enrique, líder Matsiguenka y Mariano Isacama, líder Kakataibo.
- De acuerdo con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), desde 2014, al menos 36 líderes indígenas han sido asesinados, la mayoría en los últimos cuatro años.
Además de tres asesinatos de defensores en Ecuador, se documentó el acoso judicial contra integrantes de la comunidad de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi. Más de 70 de ellos fueron acusados de “terrorismo” tras protestar por la falta de una consulta previa para el proyecto minero La Plata.
En Centroamérica, Front Line Defenders también alertó la criminalización contra defensores del territorio que se oponen a proyectos mineros, como el caso de Juan López, coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en Tocoa, Honduras, y quien fue asesinado en septiembre de 2024. Sus protestas pacíficas por la protección de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” convirtieron al Comité en blanco de amenazas de muerte, hostigamiento y criminalización.
- En El Salvador, el informe alertó el proceso judicial irregular contra los defensores Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega que se oponen a la minería metálica en el país, prohibida por primera vez en 2017. Pese a haber sido absueltos por el cargo de asesinato en 2024, autoridades judiciales reiniciaron su proceso legal a inicios de 2025.
En Chile, advierte el informe, el pueblo mapuche siguió siendo criminalizado por sus demandas territoriales, luego de que las defensoras indígenas Gricel y Nora Ñancul, de la Comunidad Autónoma Likankura, fueron blanco de persecución judicial por su lucha para recuperar territorios frente a una empresa forestal./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf
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