La Corte podría autorizar este lunes a las fiscalías brincarse el control de jueces para asegurar toda clase de bienes relacionados o derivados de un delito.
De asumirse esta decisión se modificaría un criterio que ha imperado para evitar abusos en indagatorias.
Hasta ahora, la única autoridad que puede, por ejemplo, bloquear cuentas sin orden judicial en el marco de una investigación es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no obstante que es una oficina administrativa sin funciones Constitucionales de persecución de delitos, como las fiscalías.
- En 2018, la anterior integración de la Corte sostuvo una postura diferente, al establecer que «la intervención de los jueces de control en la autorización de las técnicas de investigación es la regla». Entonces, la Corte invalidó un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que permitía a las fiscalías asegurar cuentas bancarias y cualquier activo financiero, asunto en el que estaba interesado el Gobierno de AMLO.
- La Ministra María Estela Ríos, quien fue Consejera Jurídica de AMLO, considera en su proyecto enlistado para hoy, que el aseguramiento es una técnica de investigación y medida precautoria que sólo provoca afectaciones provisionales, pues los bienes pueden ser devueltos si no se prueba relación con un delito.
Por tanto no requerirían de una orden judicial para ser retenidos en una indagatoria.
La medida beneficiaría a la FGR y a todas las fiscalías estatales, muchas de las cuales son señaladas de actuar a las órdenes de los gobernadores, aun cuando la legislación dicta que deben ser autónomas.
«El aseguramiento de bienes en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), no requiere control judicial previo por parte del Juez y, por tanto, puede decretarse por el Ministerio Público (con auxilio de la policía, de ser necesario) durante el curso de una investigación penal», subraya la propuesta de Ríos.
- Por tratarse de una contradicción de criterios, basta el voto de cinco de nueve Ministros para aprobar la jurisprudencia obligatoria.
- La Ministra Yasmín Esquivel, quien integraba la Corte anterior a la reforma judicial y fue electa para el nuevo órgano, ha sostenido la tesis de que los aseguramientos policiales requieren de orden judicial.
Incluso tiene un proyecto que revisa un aseguramiento de la Fiscalía General de República (FGR) a un inmueble en Santa Fe. Ahí Esquivel plantea, por el contrario, que el artículo 252 del CNPP ordena que todos los «actos de investigación» que afecten derechos Constitucionales requieren una orden judicial./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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