Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República cuentan ya con el proyecto de dictamen para reducir la jornada laboral semanal a 40 horas, el cual respeta la esencia de la gradualidad, la protección salarial y la mayoría de los mecanismos de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, “con el objetivo de asegurar una transición viable para el sector productivo y la máxima protección de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos”.
- En la propuesta, los legisladores mantienen la decisión estratégica de llevar la reforma directamente a la Constitución Política, modificando específicamente el Artículo 123, Apartado A, fracciones IV y XI, lo que otorga la máxima jerarquía a este derecho social.
En un punto de coincidencia absoluta, el dictamen senatorial adoptó íntegramente el cronograma de implementación gradual propuesto por la presidenta Claudia Sheinmbaum.
Ambos textos establecen un periodo de transición de cinco años que iniciará con una fase preparatoria en 2026, manteniendo el límite en 48 horas, para comenzar la reducción efectiva el 1 de enero de 2027 con 46 horas, y descendiendo paulatinamente hasta culminar en la meta de 40 horas semanales para el año 2030.
Esta gradualidad responde a la necesidad de permitir que las empresas ajusten sus procesos productivos sin afectar la productividad, tal como se argumentó en la exposición de motivos presidencial.
Registro de jornada, a leyes secundarias
Un punto administrativo que se delegó a las leyes secundarias fue la obligación patronal de llevar un registro electrónico de la jornada laboral, la cual, a pesar de ser una adición propuesta por la Presidenta, no fue incorporada a la propuesta de cambios al texto constitucional, delegando presumiblemente esos detalles operativos a la legislación secundaria que el Congreso deberá adecuar en un plazo de 90 días tras la publicación del decreto.
- En materia de tiempo extraordinario, el dictamen presenta ajustes relevantes en la forma, pero converge en la esencia del endurecimiento. Mientras que la iniciativa de Sheinbaum proponía aumentar gradualmente el límite de horas extras permitidas de 9 a 12 semanales hacia el 2030 a través de transitorios, los senadores simplificaron el esquema fijando directamente en el texto constitucional a un tope máximo de 12 horas a la semana.
El dictamen establece que estas horas se podrán distribuir en hasta cuatro días de la semana laboral, con un máximo de cuatro horas extras en cada jornada diaria.
Respecto al costo de las horas extras, ambos documentos convergen en penalizar el abuso de la jornada. Se ratifica que las horas extras dentro de los límites legales se pagarán al doble (un ciento por ciento más), pero se constitucionaliza la sanción para el tiempo excedente.
Cualquier prolongación que supere las 12 horas semanales o los límites diarios de cuatro horas extra obligará al empleador a pagar un doscientos por ciento más del salario ordinario, es decir, un pago triple.
Una adición significativa por parte de los legisladores fue la inclusión explícita de la protección a la infancia en el artículo 123, estableciendo la prohibición textual de que los menores de dieciocho años laboren tiempo extraordinario, una cláusula de seguridad que no aparecía detallada en el articulado de la propuesta de reforma a la ley secundaria enviada por el Ejecutivo.
Protección del salario
El punto de mayor acuerdo y sensibilidad social es la protección del ingreso. Tanto la iniciativa como el dictamen garantizan que la reducción de horas no implicará, en ningún caso, la disminución de sueldos, salarios o prestaciones.
Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló que la reforma no genera impacto presupuestario adicional, dado que no implica la creación de nuevas estructuras burocráticas, lo que facilita el consenso y la viabilidad fiscal de la histórica modificación a los derechos laborales.
El 3 de diciembre de 2025, la titular del Ejecutivo Federal envió la propuesta a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. En esa misma fecha, el documento fue canalizado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con el fin de que estas procedieran a su análisis y dictaminación.
El dictamen, de 34 páginas, establece que la propuesta de reducir la semana laboral a 40 horas forma parte del Compromiso 60, denominado «República con trabajo y salario justo», incluido en los Cien Compromisos del gobierno para el periodo 2025-2030, y busca implementar esta medida de forma gradual.
Se anticipa que, tras el inicio del periodo de sesiones de la LXVII legislatura, se emitirá una convocatoria para analizar el proyecto de dictamen que busca reformar la jornada laboral semanal, manteniendo el esquema actual de seis días de trabajo por uno de descanso.
Los ejes del dictamen de reforma
Elevación a rango constitucional: Se reforma el Artículo 123, Apartado A, para establecer de manera formal una jornada laboral de 40 horas semanales.
- Regulación del tiempo extraordinario: El trabajo extra se limita a 12 horas semanales (máximo cuatro horas diarias con un máximo de cuatro días ocurriendo horas extra), con un pago del 100% adicional por las primeras 12 horas y del 200% adicional si se excede dicho límite.
- Implementación gradual hasta el 2030: La reducción de horas no será inmediata; iniciará con 46 horas en 2027 y bajará paulatinamente (dos horas cada año) hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
- Beneficios en salud y productividad: La reforma busca reducir el estrés laboral y riesgos cardiovasculares, alineando a México con estándares internacionales para mejorar el bienestar familiar y la eficiencia organizacional.
- Protección salarial íntegra: Se establece explícitamente que la reducción de la jornada laboral no podrá implicar, en ninguna circunstancia, la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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