En 1971, el presidente de EE. UU., Richard Nixon, declaró: “Las drogas son el enemigo público número uno” y se lanzó oficialmente la War on Drugs. Se priorizó la represión penal y policial, y se empezó a exportar la estrategia a América Latina. Al no ser una política integral, el narcotráfico creció en la región y en el mundo. ¿Cómo íbamos a imaginar que muchos años después el chavismo y el Cartel de los Soles que hoy comanda Diosdado Cabello en Venezuela, desde 1999, destruiría una de las principales empresas petroleras del mundo (PDVSA, Petróleos de Venezuela) para dedicarse al tráfico de drogas, oro y financiación del terrorismo? Y que en EE. UU., desde 2024, muchas ciudades como San Francisco, Baltimore, Chicago, Nueva York, Seattle y Phoenix parecerían una película de zombis por el fentanilo, que empezó con la expansión de opioides legales (OxyContin y Vicodin), con los famosos casos de demandas a Purdue Pharma y Abbott por sobre prescripciones, marketing agresivo y engañoso, que terminó con 10 millones de personas adictas solo en EE. UU.
Desde 1996 hasta consolidarse en 2019, el fentanilo fue la droga dominante del mercado ilícito, lo que en México hizo que la problemática llegara a incendiar partes de ciudades desde 2006: Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Reynosa, Acapulco, Nuevo Laredo, Celaya, Uruapan, Zacatecas, Veracruz, Sinaloa y Guadalajara. El problema no es grave, es gravísimo, y los números no mienten: 103.500 homicidios bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), 124.000 homicidios bajo la presidencia de Peña Nieto (2012-2018) y 163.600 homicidios bajo la presidencia de López Obrador. Aunque el gobierno actual celebra que bajó el promedio diario de homicidios, en 2025 la cifra fue de 30.000 homicidios ese año, lo que quiere decir que la tendencia es que en los próximos años termine el sexenio con un aproximado de 180.000 homicidios, una cifra alarmante.
El problema del narcotráfico en las Américas lo conocemos todos: países pobres y en desarrollo son productores (Bolivia, Ecuador, Colombia y México); países que se dedican al transporte, almacenamiento, transformación y logística (Venezuela, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Jamaica y México); países de alto consumo (Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, EE. UU., Canadá y México). El negocio es muy lucrativo; al parecer, parte del PIB de los países de América proviene del narcotráfico, aunque no hay cifra oficial. Según la ONU, en México puede llegar al 1% del PIB; en EE. UU., al 0,5% del PIB; en Colombia, al 2% del PIB. Cuanto más pobre es el país o menos diversificada su economía, mayor es el porcentaje; por ejemplo, en Venezuela, antes de la caída del dictador Nicolás Maduro, se estimaba un 10% del PIB del país; en Bolivia, un 2% del PIB; en Perú, un 1,5%; en Honduras, un 5%; y en Guatemala, un 3%. Esto significa que el problema no es de un solo país, es regional, afecta a todos los países y su combate debe ser integral, el sistema social está fallando, que abarca también lo político, social, ético y moral, la solución no es solo en temas de seguridad. En la pasada Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) 2026, se discutió informalmente, en los círculos de expertos que el combate al narcotráfico, su combate exige cooperación internacional, intercambio de inteligencia y fortalecimiento de instituciones, no solo acciones militares aisladas.
A los grandes cárteles, las drogas les dejan ganancias que les permiten desviar una parte hacia otros negocios lícitos, además de mantener sus estructuras como auténticos ejércitos de empleados y sicarios, cuestión que en este siglo XXI se ha descontrolado en México. La lucha contra el tráfico de drogas ha estado centralizada en los aspectos militar, policial y judicial; desde (2006-2012) se aplicó la estrategia de la “Guerra contra el Narcotráfico” del presidente Felipe Calderón. La persecución dio resultados, aunque con evidentes quejas por violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), aunque no utilizaba el término “Guerra contra el Narco”, trató de reducir la visibilidad mediática de los grandes operativos, disminuir la violencia, impulsó el sistema penal acusatorio y fortaleció a las policías civiles. Después llegó el presidente López Obrador (2018-2024), con su política de “Abrazos, no Balazos”, una supuesta estrategia de atención a las causas sociales, discurso pacifista pero que en los hechos supuso una mayor militarización de las instituciones, siguiendo el plan de alianza cívico-militar que creó Hugo Chávez desde el inicio de su presidencia en 1999. Como resultado, López Obrador logró máximos históricos de homicidios, mayor control territorial de los cárteles y menor presencia del gobierno, aumento de extorsiones y de control social. Con la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha establecido un discurso crítico hacia la “Guerra contra el Narcotráfico”, pero usando sus métodos cuando es necesario; no le declara la guerra en el discurso, pero muestra a través de su Secretario de Seguridad Omar García Harfuch que puede emplear la fuerza sin contemplaciones. Con un discurso pausado y calmado, trata de dar la imagen de una mandataria que va a atacar las causas sociales con más énfasis ideológico que técnico, habla de soberanía pero trabaja en cooperación con EE. UU. y también trata de atender sus reclamaciones; mantiene la continuidad de la política de militarización institucional, uso de policía militarizada (Guardia Nacional), coordinación con la poderosa Marina, el Ejército y la fiscalía, desplazamiento de la sociedad civil por los militares, siguiendo la corriente que empezó en México López Obrador bajo la ideología del Socialismo del Siglo XXI, conocida como Alianza Cívico-Militar.
Este problema es muy complejo necesita más análisis, no se pierdan la segunda parte de este artículo que lo mejor del análisis esta por venir gracias…
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