La relación bilateral entre México y Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. La administración de Donald Trump se prepara para lanzar una campaña anticorrupción de gran alcance. Esta ofensiva no se limitará a la cancelación de visas, sino que contempla llevar a políticos mexicanos ante tribunales federales de EUA por presuntos vínculos con el crimen organizado.
- De acuerdo con Los Angeles Times, la administración de Trump alistaría una amplia campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico.
La nueva advertencia del gobierno de Estados Unidos se da en medio de las negociaciones con México y Canadá sobre el tratado de libre comercio de América del Norte, y de acuerdo con el medio, factor económico sería la palanca que EUA pretende usar para forzar resultados.
Fue durante un evento en Sinaloa -cuna del Chapo Guzmán- que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson mandó un mensaje de combate a la corrupción.
- De acuerdo con el medio, las declaraciones del diplomático estadounidense marcan el inicio de una campaña anticorrupción del gobierno de EUA que irá más allá de la cancelación de visas para quienes se sospecha que están vinculados con cárteles.
- La advertencia de Johnson sugiere un cambio de estrategia: pues se podría incluir una acusación formal de políticos mexicanos ante tribunales federales estadounidenses, entre ellos miembros del gobernante partido Morena, según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos.
Para esos fines, el medio cita que fiscales estadounidenses podrían recurrir a informantes de alto perfil, como los hijos del ‘Chapo’ Guzmán y otros exlíderes criminales bajo custodia en Estados Unidos.
De esta manera, la administración Trump parece decidida a utilizar el sistema judicial estadounidense como una herramienta de política exterior. Si las “medidas significativas” que anunció Johnson se materializan, podríamos ver una cascada de acusaciones formales que redefinirían la relación bilateral.
- De acuerdo con el periodista Steve Fisher, en un texto publicado ayer en dicho diario, la crítica a la corrupción en México que el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, hizo la semana pasada en un evento en Sinaloa es parte de una agenda más amplia y provocadora, según fuentes familiarizadas con la relación bilateral.
“Marcan el inicio, según las fuentes, de una amplia campaña anticorrupción de la administración Trump dirigida contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado”, indicó el diario.
Fisher aseguró que una ofensiva de este tipo podría sacudir las relaciones bilaterales en un momento crucial, ya que los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá se están reuniendo para revisar el tratado de libre comercio de América del Norte, “un pilar fundamental de la economía mexicana, dependiente de las exportaciones”.
El periodista también relata que dirigiéndose a la reunión de ejecutivos de la empresa, inversores y funcionarios estatales en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, Johnson comenzó su intervención elogiando el proyecto y destacando la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y México.
“El proyecto Pacifico Mexinol representa una inversión de 3,300 millones de dólares durante su construcción y desarrollo”, dijo Johnson. “Se convertirá en la mayor planta de metanol con emisiones ultrabajas del mundo”. Pero a continuación Johnson pasó a hablar de la corrupción, un tema delicado en México.
“La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”, dijo Johnson. “Y es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”.
- A continuación, destacó el diario, el embajador lanzó un mensaje nada sutil: México debe hacer algo al respecto de su epidemia de gobernanza corrupta, desde los policías de calle hasta los alcaldes y gobernadores locales, pasando por los legisladores federales, todos en nómina de los cárteles, si los líderes quieren garantizar la estabilidad financiera de este país de 133 millones de habitantes. Dejó claro que Estados Unidos iba a perseguir a los políticos mexicanos presuntamente corruptos.
“Las contundentes declaraciones reflejaban la magnitud de la iniciativa anticorrupción. Se espera que la campaña vaya mucho más allá de la sanción tradicional: la cancelación de visados para quienes se sospeche que están en connivencia con los cárteles”, consideró el periodista.
El texto resalta que el gobierno de Trump ya revocó los visados de varios políticos de Morena, incluido el de la gobernadora de Baja California, María del Pilar y el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“El gobernador septuagenario ha logrado sobrevivir a diversos escándalos políticos, según observadores mexicanos, gracias a un hecho clave: su larga amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor de Sheinbaum”, publicó el diario angelino.
Sheinbaum pide pruebas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que ante diversas acusaciones por nexos criminales se tienen que presentar y documentar las pruebas, luego de que el diario Los Angeles Times publicó que se alista una campaña para presentar acusaciones en Estados Unidos contra políticos mexicanos ligados al narcotráfico.
- En la conferencia en Palacio Nacional, señaló que con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se tiene una buena relación y ha intervenido por México en diversos temas, “si encontráramos que hubiera una situación de injerencismo, pues entonces lo haríamos saber”.
Recalcó que la lucha contra la corrupción en el país le corresponde al gobierno de México, “igual que le corresponde en Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios de Estados Unidos en Estados Unidos, porque no es un asunto solo del gobierno de México”.
Subrayó que México ha solicitado en extradición al gobierno de Donald Trump de dos empresarios con doble nacionalidad implicados en el huachicol fiscal, pero hasta el momento no hay respuesta.
La presidenta Sheinbaum Pardo recordó que en 2020 se detuvo en Estados Unidos al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por presuntos nexos criminales, por lo que México solicitó toda la información del caso.
“Envían la información y lo que se ve que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular, ilegal que haya cometido el General Cienfuegos, tan es así que devuelven al General Cienfuegos a México y la Fiscalía General de la República entonces investiga y encuentra que no hay que perseguir”, aseguró.
“Entonces cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener prueba revisadas por la Fiscalía General de la República evidencias, no vamos a cubrir a nadie que tenga alguna evidencia de alguna algún delito, pero tiene que haber evidencias porque sino, son otros temas que estarían en esos casos y también en Estados Unidos pues tienen que revisar en Estados Unidos”, indicó.
Cuentas congeladas y visas canceladas
El reporte de marzo sobre el tema fue difundido por la agencia Reuters, en el que se reveló que el Departamento de Estado revocó las visas de al menos 50 políticos pertenecientes al partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por sospechas de vínculos criminales.
- El reporte de la agencia, que citó de forma anónima a dos funcionarios mexicanos, agregó que decenas más de funcionarios de otros partidos políticos también han visto revocadas sus visas por esas sospechas.
Aunque el reporte de la agencia no incluyó los nombres de los políticos a quienes les fueron revocadas las visas, en meses recientes la prensa mexicana ha ido revelando poco a poco los casos de políticos de alto nivel afectados por las medidas del Departamento de Estado.
Uno de los casos que causó más revuelo fue el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y de su esposo, Carlos Torres, a quienes les fueron revocadas sus visas en mayo. La prensa mexicana reportó que Torres está siendo investigado por presunta corrupción.
La funcionaria dijo que está en proceso de divorcio de Torres.
- Los casos desataron una tormenta política en México por tratarse de una acción sin precedentes del gobierno estadounidense contra una gobernadora en funciones, además de que Ávila era considerada una cercana aliada de la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Ávila, quien es de Morena, ha negado cualquier irregularidad y trató de minimizar la cancelación de su visa al decir que se trató de una acción administrativa.
- Otros funcionarios que han sufrido las acciones del Departamento de Estado son Mario López Hernández, diputado morenista de la fronteriza ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y Juan Gim, alcalde de Nogales, Sonora.
Además le fue retirada la visa a Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila.
También les han sido revocadas las visas a parientes de políticos como Luis Samuel Guerrero, esposo de la alcaldesa de Mexicali.
El Departamento del Tesoro recientemente acusó en un reporte a la diputada federal de Morena, Araceli Brown, de haber cedido el control de partes del gobierno de la ciudad de Rosarito, Baja California, cuando fue alcaldesa a una facción del Cartel de Sinaloa.
Según el Tesoro, dos presuntos criminales ligados a ‘Los Mayos’ lograron infiltrar la estructura del gobierno municipal de Rosarito a través de un individuo llamado Candelario Arcega Aguirre, identificado como un político ligado al Cartel de Sinaloa.
La agencia federal dijo que Arcega fue utilizado para corromper al gobierno municipal con Brown al frente de la ciudad.
“Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”, dice el reporte.
- La agencia federal dijo que, juntos, Brown y Arcega junto con otro otro cómplice más, sirvieron como intermediarios de los criminales ligados a ‘Los Mayos’ para recaudar pagos de extorsión para el cartel.
“Ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, acusó el Tesoro.
En un reporte reciente del semanario Zeta de Tijuana, que ha divulgado múltiples reportes sobre la presunta corrupción local en Baja California, se reveló que la Secretaría de Hacienda pidió congelar las cuentas de la diputada. Brown ha negado cualquier irregularidad en su gestión como alcaldesa.
En el caso de la gobernadora de Baja California, aseguró tras darse a conocer la cancelación de su visa que no tiene cuentas en Estados Unidos en medio de especulaciones de que también había sufrido una medida así.
La presunta “lista” de Marco Rubio sobre narcopolíticos
Las revelaciones de Reuters se suman a un reporte difundido por el medio sin fines de lucro ProPublica, que reportó en mayo, tras las cancelaciones de las visas de Ávila y Torres, que vendrían más revocaciones de visa de políticos y funcionarios.
Citando fuentes del gobierno estadounidense, ProPublica dijo que las revocaciones de las visas de la gobernadora y su esposo coincidían con supuesto un plan de la administración de Donald Trump para actuar contra funcionarios y políticos que han estado en la mira del gobierno.
- Las revelaciones de Propublica iban en línea con declaraciones previas de Trump, quien en febrero dijo al medio de comunicación birtánico The Spectator que él sí recomendaría a la fiscal general, Pam Bondi, abrir investigaciones contra políticos y funcionarios mexicanos vinculados al tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales.
- De acuerdo con ProPublica, un grupo de trabajo en la Casa Blanca había estado elaborando una “lista” de funcionarios y políticos mexicanos que, según información de agencias gubernamentales estadounidenses, podrían estar ligados al trasiego de drogas.
El medio añadió, citando fuentes anónimas dentro del gobierno de Trump, que algunos de los funcionarios y políticos pertenecen al partido oficialista, Morena.
La revisión de los supuestos funcionarios y políticos presuntamente ligados al narcotráfico inició a petición del grupo de trabajo de la Casa Blanca que está encabezado por el subjefe de gabinete, Stephen Miller, y el asesor adjunto de seguridad nacional, Anthony Salisbury, reportó ProPublica.
Ambos han estado trabajando en la elaboración de la lista de individuos que perderían sus visas con información que pidieron a agencias de seguridad y de inteligencia del gobierno estadounidense.
Además de la cancelación de sus visas, el Departamento del Tesoro podría imponer sanciones a algunos de los mencionados en la lista y congelar sus cuentas y otros activos que posean en Estados Unidos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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