Un estudio del Instituto Cato concluye que los migrantes en Estados Unidos han sido un factor clave para las finanzas públicas del país, al generar un superávit fiscal acumulado de 14.5 billones de dólares entre 1994 y 2023. El hallazgo contrasta con el discurso político que los señala como una carga, particularmente el impulsado por el Presidente Donald Trump.
El análisis, basado en un modelo desarrollado por la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine y actualizado por el Instituto Cato, es la primera estimación integral del impacto fiscal acumulado de los migrantes —tanto legales como indocumentados— en los tres niveles de gobierno en Estados Unidos durante un periodo de 30 años.
- Desde el inicio, los autores del Instituto Cato subrayan un dato central: en cada uno de los años analizados, los migrantes aportaron más en impuestos de lo que recibieron en beneficios públicos. Esta tendencia sostenida explica el saldo positivo acumulado.
- En términos generales, los migrantes generaron 24.2 billones de dólares en ingresos fiscales, mientras que el gasto público asociado a su presencia ascendió a 13.6 billones. La diferencia entre ambos rubros dejó un superávit directo de 10.6 billones de dólares. A esto se suma un efecto adicional: al reducir la necesidad de endeudamiento del gobierno, también contribuyeron a disminuir los pagos de intereses, lo que representó un ahorro de 3.9 billones de dólares. De esta forma, el impacto total alcanza los 14.5 billones, de acuerdo con el Instituto Cato.
El estudio advierte que este aporte ha sido determinante para contener el deterioro fiscal de Estados Unidos. Sin la contribución de los migrantes, la deuda pública habría superado el 200 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble del nivel registrado en 2023. Además, su participación permitió reducir el déficit en aproximadamente un tercio durante el periodo analizado. Tan solo en 2023, el efecto fiscal positivo de la migración se tradujo en un ahorro de 878 mil millones de dólares.
Uno de los factores que explica este resultado es que los migrantes generan más ingresos fiscales por persona que el promedio de la población nacida en Estados Unidos. Según el Instituto Cato, esto se debe a que presentan tasas de empleo más altas y una mayor concentración en edad productiva. Aunque en muchos casos perciben salarios más bajos, su mayor participación laboral se traduce en un volumen total de ingresos más elevado, lo que incrementa su contribución tributaria. En promedio, pagaron casi 100 mil dólares más en impuestos per cápita que los estadounidenses nativos a lo largo de estas tres décadas.
Al mismo tiempo, los migrantes utilizan menos recursos públicos, lo que amplifica su impacto positivo. El informe señala que su participación en el gasto gubernamental ha sido consistentemente inferior a su peso en la población, y esta brecha se ha ampliado con el tiempo. Mientras en 1994 el gasto asociado a migrantes era 18 por ciento menor a lo esperado por su tamaño poblacional, para 2023 la diferencia alcanzó el 25 por ciento.
Esta menor carga fiscal se observa en distintos rubros. En el caso de los programas de retiro, como Seguridad Social y Medicare, los migrantes representan costos significativamente menores debido a restricciones legales y a que muchos no cumplen con los años de cotización requeridos. En educación, el gasto también es menor porque gran parte de los migrantes llega después de haber completado su formación académica. Algo similar ocurre en el sistema de justicia penal, donde los costos asociados a la población migrante son más bajos debido a menores tasas de encarcelamiento.
- Incluso en programas sociales, donde el uso es más cercano al promedio, existen limitaciones legales que restringen el acceso de los migrantes, lo que reduce su impacto fiscal. Además, el Instituto Cato destaca que los migrantes no incrementan el gasto en rubros como defensa nacional o pago de deuda —denominados “bienes públicos puros”—, pero sí contribuyen a financiarlos, lo que alivia la carga sobre la población nativa.
- El estudio también desmonta la idea de que los migrantes sin ciudadanía representan un costo para el Estado. Por el contrario, este grupo —que incluye a personas sin estatus legal— generó 6.3 billones de dólares del superávit total. Su impacto positivo se explica principalmente porque, aunque tienen ingresos más bajos, reciben menos beneficios públicos, lo que mantiene su contribución en terreno favorable.
- En cuanto a la segunda generación, el Instituto Cato reconoce que, en el corto plazo, los hijos de migrantes implican costos, especialmente en educación. Sin embargo, estos se compensan con creces en el largo plazo, ya que al incorporarse al mercado laboral se convierten en contribuyentes. De hecho, el informe señala que esta generación es la más positiva fiscalmente en cada etapa de su vida.
Los autores enfatizan que los resultados presentados son conservadores, ya que el modelo utilizado no incorpora efectos indirectos de la migración, como el aumento en la productividad, la innovación o el crecimiento económico. Tampoco considera posibles reducciones adicionales en los costos de financiamiento de la deuda. Por ello, sostienen que el superávit estimado representa apenas el “piso mínimo” del impacto fiscal positivo.
En este contexto, el Instituto Cato concluye que la percepción de que los migrantes generan déficits públicos es incorrecta y ampliamente extendida. Por el contrario, la evidencia muestra que han sido un elemento fundamental para sostener las finanzas públicas de Estados Unidos durante las últimas tres décadas.
Así, lejos de representar una carga, los migrantes han funcionado como un amortiguador fiscal estructural, contribuyendo a reducir la deuda, contener el déficit y fortalecer los ingresos del gobierno en un periodo marcado por presiones crecientes sobre el gasto público.
Deportaciones: una decisión también fiscal
A la luz de estos hallazgos, el propio análisis del Instituto Cato plantea que las políticas de deportación no solo tienen implicaciones sociales o humanitarias, sino también consecuencias económicas directas.
Cada inmigrante deportado bajo las políticas actuales, advierten los autores, es en promedio un contribuyente neto que deja de aportar más en impuestos de lo que consume en beneficios. Esta conclusión aplica incluso en los casos que suelen ser más cuestionados en el debate público: migrantes sin diploma de secundaria, trabajadores de bajos ingresos e incluso personas sin estatus legal.
- En ese sentido, cada deportación representa una pérdida fiscal para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al eliminar a un contribuyente que cooperaba positivamente al balance público.
- El Instituto Cato también cuestiona la idea de que reducir la población mediante deportaciones disminuye automáticamente el gasto público. Explica que una parte significativa del gasto gubernamental —como defensa, deuda o infraestructura nacional— no depende del tamaño de la población, por lo que no se reduce cuando disminuye el número de habitantes.
- Además, el informe advierte que en muchos casos el gasto asociado a hogares con estatus migratorio mixto no desaparecería con la deportación de un integrante, ya que otros miembros —como ciudadanos estadounidenses— seguirían recibiendo beneficios. Incluso, la salida de un proveedor puede reducir ingresos familiares y aumentar la necesidad de apoyo público.
Los autores también subrayan que atribuir ciertos gastos —como educación o asistencia infantil— directamente a los migrantes puede distorsionar el análisis, ya que muchos de esos recursos están destinados a ciudadanos estadounidenses, como sus hijos.
En conjunto, el Instituto Cato concluye que la idea de que las deportaciones mejoran las finanzas públicas es errónea: no reducen de forma significativa el gasto estructural y, en cambio, eliminan contribuyentes que ayudan a sostenerlo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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