El derecho a la protesta social constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, ya que funciona como un canal de expresión para las demandas ciudadanas y colectivas que muchas veces no encuentran eco en las instituciones formales, como los partidos políticos.
La manifestación pública no es un derecho aislado, sino la amalgama de diversas garantías esenciales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de reunión pacífica. Estos componentes permiten a las minorías, a los grupos vulnerables y a la ciudadanía en general visibilizar injusticias, exigir rendición de cuentas y presionar por transformaciones políticas o sociales, o bien, utilizarlas con propósitos electorales o políticos.
Sin embargo, la legitimidad de las demandas sociales, por más justas y urgentes que resulten, encuentra su límite infranqueable en el respeto a los derechos de los demás y en la preservación de la seguridad pública. Las restricciones a las manifestaciones son válidas, siempre y cuando, estén previstas por la ley, persigan un fin legítimo y sean estrictamente necesarias y proporcionales.
El criterio fundamental que separa la protesta legítima de la conducta delictiva es la naturaleza pacífica del acto. Cuando una movilización colectiva abandona la resistencia pacífica y muta hacia el uso deliberado de la violencia, el vandalismo y la comisión de delitos, se desborda el cauce protector del derecho a la protesta, mediante acciones como la destrucción de propiedad pública y privada, el saqueo de comercios, las agresiones físicas directas contra las fuerzas del orden o contra terceras personas, y el daño a monumentos históricos o sedes institucionales no pueden ampararse bajo la narrativa de la libre expresión, tal y como lo han hecho los presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La frontera entre la manifestación enérgica y el vandalismo suele confundirse en contextos de alta polarización social, donde el descontento acumulado y la falta de respuestas institucionales eficaces radicalizan las tácticas de los manifestantes. Sin embargo, el origen del problema en este caso es una promesa de campaña incumplida, es decir, el uso político del anhelo de un gremio, con o sin razón.
Al elevar el tono de sus exigencias ante la falta de acuerdos con las autoridades, recurren en ocasiones a bloqueos prolongados de vías de comunicación, irrupciones violentas en recintos públicos o enfrentamientos con cuerpos de seguridad, cuyas conductas tensionan al máximo el tejido social y colocan a las autoridades en una disyuntiva compleja.
Por un lado, las autoridades deben evitar la criminalización generalizada de la protesta y el uso excesivo de la fuerza, el cual suele exacerbar la violencia. Por otro lado, tienen el deber imperativo de mantener el orden público, proteger los derechos de la ciudadanía no manifestante y aplicar la ley penal frente a actos vandálicos que constituyen delitos flagrantes.
El impacto del vandalismo y la comisión de ilícitos en el marco de las movilizaciones va más allá de los daños materiales cuantificables; socava directamente la legitimidad de las propias demandas colectivas. Cuando la violencia se convierte en la protagonista de una jornada de protesta, el debate público tiende a desplazarse desde las causas originales de la inconformidad —como mejoras laborales, justicia social o derechos educativos— hacia la condena social de los actos destructivos.
La fuerza del reclamo de la CNTE radicaría en la razón ética y un respaldo social carente, pero estos elementos se erosionan, desgastan y quedan reducidos cuando quienes deberían inculcar valores y ética son los primeros en romperla y recurren a la coacción y al daño patrimonial. Por su parte, el régimen debe afinar sus mecanismos de promesas políticas en campaña y diferenciando con precisión a los manifestantes pacíficos de los grupos e individuos que cometen desmanes. La coexistencia entre el derecho a la protesta y el derecho de la sociedad a vivir en paz, depende de un equilibrio normativo y operativo donde la exigencia de derechos nunca se convierta en la vulneración de los derechos ajenos.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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