Las Fuerzas Armadas mexicanas han dejado de desempeñar exclusivamente funciones de seguridad nacional para convertirse en actores económicos con una presencia cada vez más amplia en sectores estratégicos del país. Así lo señala la tercera edición de El Negocio de la Militarización, informe presentado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organización que advierte sobre los riesgos que representa el crecimiento del poder económico militar para el equilibrio entre las instituciones civiles y castrenses.
El documento sostiene que el control de empresas estatales, infraestructura estratégica, fideicomisos y nuevas funciones administrativas ha permitido a las Fuerzas Armadas consolidar un modelo de emprendimiento militar sin precedentes en México, en un contexto marcado por una creciente opacidad y una reducción de los mecanismos de supervisión pública.
Crece el gasto militar en México por encima del promedio mundial
De acuerdo con el informe de México Unido Contra la Delincuencia, el gasto militar mexicano registró un crecimiento sostenido durante la última década. Entre 2015 y 2024 aumentó 120%, una cifra que supera ampliamente el promedio mundial de 37% durante el mismo periodo.
- Este incremento posicionó a México como el segundo país con mayor gasto militar en América Latina y el Caribe en 2024. Ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) alcanzaron presupuestos históricos que, en conjunto, superaron los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Presupuestos históricos para SEDENA y SEMAR
El análisis destaca que el fortalecimiento financiero de las Fuerzas Armadas no solo se refleja en mayores asignaciones presupuestales, sino también en una creciente capacidad para administrar recursos públicos y activos estratégicos.
Según el informe, la expansión presupuestaria se ha desarrollado con escaso escrutinio ciudadano y legislativo, generando cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Empresas militares y control de infraestructura estratégica
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el crecimiento del aparato empresarial administrado por las Fuerzas Armadas.
Actualmente, la SEDENA controla empresas de participación estatal como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya. Por su parte, la SEMAR administra 18 autoridades portuarias, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, TURIIMAR y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
De acuerdo con MUCD, estas entidades reciben presupuestos multimillonarios, pero ya muestran señales tempranas de ineficiencia operativa y problemas de sostenibilidad financiera.
Señales de ineficiencia en proyectos estratégicos
El informe señala que, en el caso de Mexicana de Aviación, ha registrado elevados subejercicios presupuestarios, mientras que el Tren Maya depende en gran medida de transferencias públicas para mantener su operación.
Asimismo, el AICM reporta una caída en sus ingresos y diversos puertos administrados por la Marina presentan contracciones en su actividad económica, al tiempo que sus gastos corrientes continúan aumentando.
Para la organización, estos indicadores plantean dudas sobre la viabilidad financiera de los proyectos administrados por las Fuerzas Armadas y sobre los mecanismos de evaluación de resultados.
Opacidad y falta de controles democráticos
Otro de los aspectos que preocupa a México Unido Contra la Delincuencia es la forma en que se ejercen y modifican los recursos asignados al sector militar.
- El documento refiere que la SEMAR registró en 2023 un sobreejercicio de 37%, mientras que la SEDENA reportó un sobreejercicio de 111% en 2024. Además, partidas presupuestales que iniciaron el año sin asignación terminaron absorbiendo miles de millones de pesos mediante modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscal.
Según el informe, esta práctica genera una brecha significativa entre los recursos aprobados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el gasto que finalmente ejecuta el Poder Ejecutivo.
La desaparición del INAI y el gasto militar
La tercera edición de El Negocio de la Militarización también advierte que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) coincidió con un incremento en el uso de fideicomisos, mayores gastos extrapresupuestarios y una reducción de los mecanismos de rendición de cuentas.
De acuerdo con MUCD, estas condiciones han dificultado el seguimiento de los recursos públicos destinados a las Fuerzas Armadas, convirtiendo la opacidad en una característica estructural de la política de militarización.
MUCD alerta sobre riesgos para el equilibrio democrático
La organización considera que revertir esta tendencia requiere restablecer mecanismos efectivos de supervisión, transparencia y control democrático sobre el presupuesto público, independientemente de la institución encargada de administrarlo.
El informe concluye que el crecimiento económico de las Fuerzas Armadas plantea desafíos relevantes para la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y el equilibrio entre el poder civil y el poder militar en México.
Fideicomisos
El documento señaló que, además del incremento histórico en recursos para la Defensa Nacional y la Marina, las instituciones militares han ampliado su autonomía financiera mediante instrumentos que escapan parcialmente al escrutinio público, particularmente los fideicomisos públicos.
- MUCD indicó en su informe que al cierre del 2025 la Sedena (cinco) y la Marina (cuatro) administraban nueve fideicomisos públicos sin estructura orgánica con una disponibilidad de 87,706 millones de pesos con 68,155 y19,551 mdp respectivamente.
“Esta cantidad equivale al 15.8% del total de recursos administrados mediante fideicomisos sin estructura orgánica en toda la APF (Administración Pública Federal).
“El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) destaca como el principal fideicomiso de la Sedena, con $52,330 mdp al cierre de 2025, lo que representa el 76.8% del total de recursos fiduciarios de la dependencia.
“Este instrumento se ubica como el tercer fideicomiso de mayor monto en toda la APF, sólo por detrás del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y del Fondo Nacional de Infraestructura, ambos administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, indicó la ONG.
- Añadió que el problema se agrava tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en marzo de 2025, pues el sistema de transparencia quedó bajo control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependiente del Ejecutivo federal.
- Según el informe, esto representa un deterioro en las condiciones para investigar y documentar el actuar militar, debido a que las excepciones de seguridad nacional ya funcionaban como barreras importantes para acceder a información castrense.
“Los mecanismos extrapresupuestarios (fideicomisos, convenios interinstitucionales, ingresos propios de empresas paraestatales) constituyen fuentes adicionales de recursos que amplían de manera significativa la capacidad financiera real de las instituciones castrenses”, se leyó en el reporte.
“(El informe) confirma que el empoderamiento económico de las Fuerzas Armadas no es un efecto secundario de las políticas de seguridad: es una lógica deliberada de acumulación y permanencia.
“Revertirla exige restablecer los controles democráticos sobre el presupuesto público, con independencia de quién lo administre”, expresó la ONG./Agencias-PUNTOporPUNTO
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