Un nuevo informe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional advierte que el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará durante junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, podría poner en riesgo los derechos humanos de aficionados, periodistas, jugadores y comunidades locales. La organización advierte que, sin medidas urgentes por parte de la FIFA y de los gobiernos locales, el torneo podría convertirse en un escenario de deportaciones, represión de protestas y discriminación.
- Aunque la FIFA ha prometido un torneo en el que todos “se sientan seguros, incluidos y libres de ejercer sus derechos”, dice el informe “La humanidad debe ganar: defender los derechos, afrontar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, publicado este lunes, esa promesa “corre un alto riesgo de no cumplirse”.
“Esta Copa Mundial ya no es el torneo de ‘riesgo medio’ que la FIFA había evaluado previamente; ya sea para proteger a las personas de ICE, garantizar el derecho a protestar o prevenir la falta de vivienda, se necesita una acción urgente para asegurar que la realidad de esta Copa Mundial esté a la altura de su promesa original”, señala la organización.
- Durante los últimos meses, la FIFA ha dicho que, junto con los países anfitriones, está preparada para un Mundial histórico, el más grande desde que la competencia comenzó a realizarse en 1930. Este viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo durante una cumbre de inversión que el torneo será “el mayor espectáculo del planeta”.
“Durante los 39 días de la Copa Mundial de la FIFA, el mundo se detendrá, y todos estarán mirando y enfocados en el fútbol o soccer”, dijo Infantino.
El Mundial comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México y terminará el 19 de julio en Nueva Jersey. Su calendario incluye 104 partidos y se espera que el torneo genere ganancias multimillonarias debido a la venta de entradas, los patrocinios y el flujo de turistas internacionales.
La ofensiva migratoria de Trump, un riesgo para miles de aficionados en EE.UU.
El informe indica que Estados Unidos, donde se disputará la mayoría de los partidos, enfrenta lo que Amnistía Internacional describe como una “emergencia de derechos humanos” marcada por las duras acciones de política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump que incluyen “políticas discriminatorias, detenciones masivas y arrestos arbitrarios por parte de agentes enmascarados y armados de ICE y CBP”.
- Steve Cockburn, jefe de Justicia Económica y Social de la organización, advirtió que las deportaciones récord han generado un “clima de miedo” que podría afectar incluso a los aficionados durante las celebraciones del Mundial.
“Estas políticas han desgarrado comunidades y han creado un clima de miedo en todo Estados Unidos. Es un momento profundamente preocupante en el país, que sin duda también afectará a los aficionados que quieran participar en las celebraciones de la Copa Mundial”, dijo Cockburn.
El 5 de marzo, el DHS dijo en un comunicado que desempeñará un papel clave “en los esfuerzos para asegurar todos los aspectos” del torneo, “incluida la seguridad y el desplazamiento de los aficionados y los jugadores, los partidos, los eventos oficiales del Festival de Aficionados, los eventos patrocinados localmente y los campamentos base de los equipos”.
- Amnistía Internacional afirma que el contexto del Mundial podría dar a los agentes federales de inmigración de ICE y CBP oportunidades para dirigir sus acciones contra comunidades latinas, afrodescendientes, asiáticas y otras comunidades racializadas, actuando “de manera violenta y arbitraria”.
“A pesar de que el fútbol está entre los deportes más populares en muchas comunidades inmigrantes en EE.UU., y de que millones de aficionados viajan desde todo el mundo, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han brindado garantías de que las personas estarán a salvo del perfilamiento étnico, las redadas indiscriminadas, la detención ilegal y la deportación”, añade.
Funcionarios del DHS han dicho anteriormente que la agencia actúa legalmente para hacer su trabajo y han negado cualquier irregularidad.
- El informe destaca que más de 500.000 personas fueron deportadas durante 2025, el primer año del segundo mandato de Trump. La cifra coincide con los números informados por el DHS, que en octubre reportó que había deportado a más de medio millón de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, cuando comenzó el segundo mandato de Trump.
“Esto es casi ocho veces más personas de las que verán la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium en Nueva Jersey”, dice la organización sobre la magnitud de las deportaciones.
Además, el informe señala que muchos han sido deportados “en violación del principio de no devolución a terceros países con los que no tienen ninguna conexión”, donde enfrentan “detención arbitraria y prolongada”. Esta política ha generado controversia y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado, cuando permitió temporalmente su aplicación al autorizar un vuelo que transportaba inmigrantes a Sudán del Sur, un país en guerra con el que no tenían ninguna conexión. Sin embargo, un juez federal determinó recientemente que esta política es ilegal y debe ser anulada.
Las ciudades anfitrionas en Estados Unidos también han sentido el impacto de la ofensiva migratoria. Amnistía Internacional recuerda los despliegues de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, que albergará ocho partidos y será la sede del primer juego del torneo en Estados Unidos para el Mundial, tras las protestas que tuvieron lugar en junio pasado contra las redadas migratorias.
Mientras tanto, según la organización, Dallas, Houston y Miami firmaron acuerdos con ICE que aumentan la vigilancia y el perfilamiento racial.
- El informe subraya además que las restricciones de viaje podrían afectar a aficionados internacionales, especialmente de países como Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal, que podrían enfrentar dificultades para ingresar al país. El Departamento de Estado informó que a los aficionados de estos países se les negarían visas de entrada.
Además, señala Amnistía Internacional, algunos visitantes podrían enfrentar “vigilancia intrusiva” y verse obligados a compartir sus cuentas de redes sociales para que sean revisadas en busca de posibles opiniones “antiestadounidenses”, especialmente quienes solicitan beneficios migratorios, incluido el asilo.
El 20 de enero, cuando Trump alcanzó el primer año de su segundo mandato, el DHS dijo en un comunicado que una de las prioridades de la agencia para 2026 es diseñar y ejecutar planes para eventos de “seguridad especial nacional” como el Mundial. Esto incluye desplegar acciones contra amenazas de ciberseguridad, relacionadas con drones y de armas de destrucción masiva.
El despliegue de militares en México y los riesgos para quienes protestan
En México, Amnistía Internacional apunta al despliegue de fuerzas de seguridad, incluidas fuerzas federales, la Guardia Nacional y el Ejército, previsto como parte del operativo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de dudas sobre la capacidad de las autoridades para proteger a turistas y jugadores debido a los altos niveles de violencia, intensificados tras la reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, uno de los capos del narcotráfico más buscados.
“El Ejército sigue estando implicado en diversas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales”, dice el informe. El gobierno de México ha negado reiteradamente que el Ejército viole derechos humanos.
- Además, el gobierno de Sheinbaum ha insistido en que la seguridad para el evento está garantizada. “Es seguro que vengan a nuestro país, a cualquiera de las tres ciudades donde se van a desarrollar los partidos o a las otras ciudades que están incorporadas por FIFA o a cualquier ciudad del país. Pueden venir con seguridad y certeza. La van a pasar muy bien”, dijo recientemente.
- La organización de derechos humanos también advierte sobre las recientes protestas sociales que han surgido en torno al Mundial. En la Ciudad de México, una sede del torneo junto con Guadalajara y Monterrey, se han registrado manifestaciones contra la gentrificación, la desigualdad y el acceso al agua, problemas que, según activistas, se han agravado de cara al torneo.
“México ha movilizado a 100.000 efectivos de seguridad, incluidas fuerzas militares, en respuesta a los altos niveles de violencia, lo que aumenta los riesgos para las personas que protestan. Entre ellas hay mujeres activistas que están planificando una manifestación pacífica durante el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, buscando ‘verdad, justicia y reparación’ por la desaparición de sus seres queridos”, señala la organización.
Desplazamiento de personas y restricciones a la protesta en Canadá
En Canadá, las preocupaciones se centran en el desplazamiento de personas sin vivienda y las restricciones a la protesta.
La experiencia de los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 —cuando decenas de personas sin vivienda fueron desplazadas de las calles— y la reciente crisis de vivienda —un problema que el gobierno busca abordar con medidas como construir más hogares— suscitan temores de que las personas sin vivienda pierdan acceso a zonas cercanas a las sedes, dice Amnistía Internacional, citando como ejemplo el cierre de un centro de refugio temporal en Toronto, reservado para uso de la FIFA, según informaron medios locales.
- El informe también indica que las autoridades establecieron zonas de exclusión para las protestas pacíficas y propusieron reformas legales que podrían dificultar la solicitud de asilo y aumentar la detención de migrantes, creando un clima de inseguridad para activistas y visitantes.
“Canadá ha experimentado una ola de protestas contra el genocidio en Gaza, incluidas grandes manifestaciones pacíficas y campamentos estudiantiles que la policía dispersó o desalojó indebidamente”, afirma el informe.
- El portavoz de la oficina del Ministerio de Seguridad Pública de Canadá, Simon Lafortune, dijo a CNN en un comunicado que su país “está comprometido con albergar este año un Mundial seguro e incluyente —uno que refleje nuestros valores de respeto a los derechos humanos, inclusión y Estado de derecho”.
- “Tomamos estos temas seriamente y seguimos activamente comprometidos con todos los niveles de gobierno, aplicación de la ley y organizaciones comunitarias para asegurar que el torneo sea seguro, justo y acogedor para todos”, señaló.
- De acuerdo con el portavoz, el gobierno federal invirtió 200 millones de dólares canadienses para apoyar a Toronto y Vancouver en su labor como sedes mundialistas, un monto al que después sumó 100 millones adicionales.
“Seguiremos trabajando con políticas de jurisdicción y gobiernos provinciales y municipales para asegurar que todos —desde los aficionados internacionales hasta los residentes locales— puedan tomar parte en la Copa Mundial de forma segura”, concluyó.
Libertad de expresión y riesgos para la comunidad LGBTQI+
Amnistía Internacional subraya que las restricciones a la libertad de expresión y la represión de las protestas afectan a los tres países anfitriones. Estudiantes y activistas que protestan en Estados Unidos han enfrentado deportaciones o incluso violencia por parte de agentes federales, mientras que en México y Canadá las manifestaciones pacíficas también han recibido una respuesta de las autoridades.
- Los riesgos para la comunidad LGBTQI+ son significativos. Grupos de aficionados europeos afirmaron, según Amnistía Internacional, que no se sentirán seguros participando de forma visible, especialmente en Estados Unidos, donde políticas recientes han reducido los derechos de las personas trans.
- La organización advierte que estas amenazas podrían limitar la participación de miembros de la comunidad en todos los países anfitriones. La advertencia llega en medio de la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional de prohibir a las mujeres trans competir en pruebas femeninas.
A poco más de 10 semanas del inicio del Mundial, Amnistía Internacional insta a la FIFA y a los gobiernos anfitriones a actuar con urgencia.
“Mientras la FIFA genera ingresos récord con la Copa del Mundo 2026, los aficionados, las comunidades, los jugadores, los periodistas y los trabajadores no pueden pagar el precio de las violaciones de derechos humanos. Es a estas personas —no a los gobiernos, los patrocinadores o la FIFA— a quienes pertenece el fútbol, y sus derechos deben estar en el centro del torneo”, dijo Cockburn.
ONG’s exigen al gobierno mexicano atender crisis de derechos humanos
En una acción histórica, más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil de México y Estados Unidos se unieron para enviar un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las agudas problemáticas sociales y ambientales que aquejan al país, en lugar de concentrarse únicamente en el mundial de fútbol.
A horas de la inauguración de la Copa del Mundo, con una enorme manta de 21 metros de largo desplegada a 60 metros de altura en la Estela de Luz por activistas de Greenpeace México, se denunció que los temas de migración, desapariciones, violencia, despojo, desplazamientos forzados y justicia ambiental han sido ignorados y que los intereses comerciales del T-MEC están por encima de la gente.
El mensaje enviado al Gobierno de México respecto de estas problemáticas fue claro: “Esto también está en juego. El mundo está viendo”.
Las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Project Worldcup Spotlight y redes binacionales como el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC, alzaron la voz para expresar su rechazo a la asignación de recursos millonarios para la celebración de la Copa del Mundo por parte del Gobierno de México y demandaron atención a la grave crisis ambiental y de derechos humanos existente en la región.
“Mientras que el Gobierno de México ha anunciado inversiones por hasta 2 mil millones de pesos para infraestructura en movilidad en las tres ciudades sede y el despliegue de 100,000 agentes de seguridad pública, además de muchas otras inversiones millonarias por parte de los estados para asegurar la infraestructura y el desarrollo de este evento, no existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana”, señala un comunicado conjunto.
- Con más de 133,000 personas desaparecidas en México, agrega, es urgente atender las necesidades derivadas de la desaparición forzada, garantizando el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos y la protección integral de las mujeres buscadoras que realizan esta labor frente a riesgos, amenazas y violencias.
- Asimismo, parar las redadas inhumanas y criminales del Instituto Nacional de Migración en México y la Agencia de Enforzamiento de Inmigración (ICE) en Estados Unidos y proteger y asegurar la inclusión de las más de 190,000 personas deportadas mexicanas y cerca de 13,000 personas deportadas a México de otras nacionalidades -con estimaciones que van hasta las 20,000 personas- durante 2025 hasta marzo de 2026.
En conferencia conjunta, también se alertó que la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, no debería ser para beneficiar a billonarios y corporaciones, sino a las personas trabajadoras, la naturaleza, la agricultura y a los derechos humanos, los cuales deberían prevalecer al centro de la relación comercial entre estos países.
No menos importante es la demanda de atención a las causas de la discriminación, el racismo, la violencia y el desplazamiento forzado de comunidades afro mexicanas e indígenas, incluyendo los más de 2,000 desplazados de Chilapa, Guerrero, en el mes de mayo; así como la criminalización y el asesinato de defensores de derechos humanos, enfatiza el texto.
También es urgente una política de gobierno que priorice el medioambiente y los derechos humanos sobre las inversiones en proyectos extractivistas en ecosistemas marinos y terrestres. Actualmente nos encontramos experimentando la devastación de la selva maya y los océanos a manos de un modelo de “desarrollo” que prioriza las ganancias de las corporaciones frente a la protección de la vida en todas sus formas.
- La justicia ambiental es otro pendiente: como muestra están los impactos del cambio climático, cada vez más intensos, que afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables; las comunidades desplazadas climáticas; otros procesos internos de migración forzada por el despojo de tierras y bienes naturales y un contexto nacional adverso y de alto riesgo para activistas ambientales y defensores de la tierra: tan sólo en 2025 perdieron la vida 10 personas haciendo esta labor, mientras que se registraron 314 agresiones específicas (por ejemplo difamación, estigmatización, intimidación y amenazas).
“Cuando hablamos de justicia, no sólo nos referimos a la social o la ambiental. Se trata, ante todo, de un derecho colectivo, porque lo que está en juego es la vida, la integridad y la dignidad de las personas”.
Las organizaciones firmantes hacen un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a dialogar con la sociedad civil y establecer compromisos para garantizar la justicia social y ambiental y el respeto a los derechos humanos para todas y todos.
“Reiteramos que el mundo tiene los ojos puestos en los países sedes del mundial, no sólo por el evento deportivo sino como ojos vigilantes ante la falta de actuación frente a temas cruciales para la sociedad”.
Alertan de riesgos para población LGBT, migrantes y personas en calle
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos anunció la creación e inicio del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos al acusar acciones contra los derechos humanos de grupos vulnerables, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que este año se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.
- En un comunicado, el colectivo afirmó que ningún espectáculo debe estar por encima de la dignidad y los derechos de las personas, tras señalar que recientemente se han generdo casos de desplazamiento forzado, desalojos, persecución a migrantes y limpieza social de personas en situación de calle.
En este sentido, advirtió que el operativo de seguridad para el Mundial 2026, denominado “Plan Kukulcán” del gobiero federal, contempla la movilización de 99 mil efectivos de fuerzas armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de seguridad privada.
La vigilancia especial se extiende a aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento y estadios en sedes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
La Red TDT documentó operativos, desalojos, detenciones arbitrarias, destrucción de pertenencias e institucionalizaciones forzadas en distintos lugares del país.
Estas acciones se justifican bajo discursos de seguridad, turismo, movilidad y “mejoramiento urbano”, pero buscan invisibilizar problemas sociales, crisis humanitarias y condiciones de pobreza, así como expulsar a determinadas poblaciones de los espacios públicos.
“La pobreza no debe ser tratada como una amenaza y la protesta tampoco”, puntialzió.
Señaló que vivir en la calle, migrar, ejercer actividades económicas en el espacio público o expresar demandas mediante la protesta no pueden ser motivo de persecución, desplazamiento forzado, violencia institucional ni represión.
La organización recordó a las autoridades que México tiene obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, como garantizar la dignidad, integridad, no discriminación, libertad personal, unidad familiar, acceso a servicios y derecho a la ciudad para todas las personas.
Acusa riesgos para poblaciones históricamente excluidas
La Red TDT alertó sobre el riesgo de que, en el contexto del Mundial 2026, se profundicen políticas de contención, invisibilización y desplazamiento contra poblaciones históricamente excluidas, replicando prácticas observadas en otras ciudades del mundo antes y durante eventos deportivos internacionales.
- El despliegue de cuerpos militares y de seguridad armada en un evento civil genera preocupación por los posibles efectos en la integridad y derechos humanos de todas las personas, ante riesgos de represión, uso excesivo de la fuerza, vigilancia y control social, así como posibles violaciones a los derechos de personas defensoras, periodistas y comunidades.
- Frente a este panorama, la Red TDT exige a las autoridades federales, estatales y municipales que cesen las prácticas de limpieza social, desplazamiento forzado y criminalización contra poblaciones prioritarias y movimientos sociales.
Demandó a las instituciones de seguridad y asistencia social actuar con apego irrestricto a los derechos humanos y evitar operativos que vulneren la dignidad e integridad de las personas./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/sites/4/2026/04/IOR1008372026SPANISH.pdf
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