El estudio “Desapariciones en México: Panorama por sexenio”, elaborado por TResearch International, revela que el número de personas desaparecidas y no localizadas ha mantenido una tendencia ascendente durante las últimas administraciones federales, con un incremento significativo durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T).
- De acuerdo con el análisis, el fenómeno de las desapariciones se ha convertido en uno de los mayores desafíos de seguridad, derechos humanos y procuración de justicia en México, al acumular cifras que superan las registradas en administraciones anteriores.
- El documento señala que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa se contabilizaron 17 mil 054 personas desaparecidas y no localizadas. Posteriormente, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra aumentó a 34 mil 557 casos, lo que representó un incremento de aproximadamente 28 por ciento respecto al periodo anterior.
Sin embargo, el mayor crecimiento se registró durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, iniciada en 2018, donde el reporte contabiliza 52 mil 575 desapariciones, un aumento de 43 por ciento frente al sexenio previo.
TResearch advierte que la tendencia continúa durante la actual administración federal. En los primeros 18 meses del gobierno en turno, el registro acumulado alcanza 17 mil 868 casos de personas desaparecidas y no localizadas.
El estudio plantea una proyección basada en el ritmo promedio registrado: 992 casos mensuales. De mantenerse esta tendencia, México podría cerrar el actual sexenio con aproximadamente 71 mil 472 desapariciones, una cifra que colocaría el problema en una dimensión aún más crítica.
- El análisis destaca que las cifras reflejan no solamente un problema de seguridad pública, sino una crisis humanitaria que involucra a miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos ante la falta de respuestas claras de las autoridades.
- Las conclusiones del estudio coinciden con las denuncias realizadas durante años por colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han señalado que el crecimiento de los registros evidencia fallas estructurales en las estrategias de prevención, investigación y búsqueda.
Organizaciones de madres buscadoras han insistido en que las desapariciones no pueden reducirse únicamente a estadísticas, pues detrás de cada número existe una familia afectada y una investigación pendiente.
Diversos colectivos han cuestionado que, pese a los anuncios oficiales de fortalecimiento de las instituciones de búsqueda, continúan existiendo obstáculos como la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales, deficiencias en las fiscalías, expedientes incompletos y una insuficiente capacidad forense para identificar restos humanos.
La crisis también ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La ONU y distintas organizaciones civiles han advertido que México enfrenta una problemática prolongada de desapariciones, particularmente vinculada con la violencia criminal, la impunidad y la limitada capacidad del Estado para garantizar justicia.
Debate sobre la estrategia de seguridad
Las cifras de TResearch han reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad aplicada durante los últimos gobiernos. Especialistas han señalado que el aumento sostenido de desapariciones ocurre en un contexto donde grupos del crimen organizado mantienen presencia territorial en distintas regiones del país y donde persisten altos niveles de impunidad.
- Críticos de la política de seguridad de la 4T han utilizado los datos para cuestionar la efectividad de la estrategia implementada durante el gobierno de López Obrador y su continuidad en la administración actual, al considerar que el discurso de transformación no se ha reflejado en una reducción de las desapariciones.
- Desde el gobierno federal, autoridades han defendido que el fenómeno es resultado de décadas de violencia acumulada y han señalado que se han impulsado acciones para mejorar los mecanismos de búsqueda, actualizar registros y fortalecer la atención a las víctimas.
No obstante, colectivos de familiares han respondido que el reto principal sigue siendo encontrar a las personas desaparecidas y garantizar investigaciones efectivas.
- El estudio de TResearch International coloca nuevamente en el centro de la discusión una de las crisis más graves que enfrenta México. La tendencia histórica muestra un crecimiento sostenido de desapariciones en las últimas administraciones, con un aceleramiento durante los años recientes.
Más allá de las cifras oficiales y las disputas políticas, las organizaciones de búsqueda sostienen que el problema exige una respuesta de Estado que priorice la localización de las víctimas, la identificación forense y el combate a la impunidad.
Con miles de familias aun esperando respuestas, la desaparición de personas continúa siendo una deuda pendiente para las instituciones mexicanas.
Desapariciones de personas indígenas rebasan los registros oficiales
El número de personas indígenas desaparecidas podría ser considerablemente mayor al que reflejan las estadísticas oficiales. Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contiene información sobre 21 personas pertenecientes a pueblos indígenas, una investigación comunitaria documentó 152 casos en siete estados.
- La diferencia fue identificada por Voces del Territorio, una organización civil que recopiló información directamente en comunidades de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora. De acuerdo con la organización, sólo 13.8% de los casos que logró documentar tiene presencia en los registros oficiales consultados.
- En 47.7% de los casos, los familiares señalaron que realizan la búsqueda por cuenta propia, sin acompañamiento ni recursos institucionales. En otro 20.5% reportaron que ni siquiera se realizó una búsqueda de la persona desaparecida.
Además, 77.8% de las familias consultadas dijo no tener información sobre lo ocurrido.
La investigación fue realizada mediante 152 encuestas y 45 entrevistas a profundidad en 26 municipios. Oaxaca concentra la mayor cantidad de casos, con 102, seguido de Puebla, con 18; Chiapas, con 12; Sonora, con 11; Guerrero, con siete, y Chihuahua, con dos.
Han asesinado a 35 madres buscadoras
A las 8:20 horas del 27 de febrero último, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, de Mazatlán, Sinaloa, acudieron a la vivienda de Rubí Patricia Gómez Tagle, después de que la habían esperado 50 minutos en las instalaciones regionales de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, punto de encuentro para acudir a la comunidad El Verde, municipio de Concordia, donde las mujeres del grupo acudirían a realizar acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
- El retraso de Rubí, madre de Édgar Daniel Gómez Tagle, desaparecido el 29 de mayo de 2025, era inexplicable para sus compañeras, que el día anterior habían realizado con ella búsquedas en campo, y más aún porque ese viernes tenían programado reunirse con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, para trabajar en las fosas encontradas en El Verde.
“No atendía mensajes ni llamadas y decidimos pedir apoyo para ir a su casa. Entramos y me tocó ver a Rubí sin vida”, cuenta en entrevista Laura Ivonne Valdez Ramírez, consternada aún por el feminicidio de su compañera, al ser ella quien la encontró sin vida.
“La muerte de Rubí nos muestra que como mujeres buscadoras nos estamos enfrentado a mucho más que los miedos, ahora al feminicidio de una de nosotras, y desgraciadamente es la segunda integrante del colectivo que nos han arrancado en menos de un año”, advierte Laura Ivonne, quien busca a su tío Ricardo Ramírez Uribe, desaparecido el 27 de junio de 2010.
El 14 de octubre del año pasado, hombres armados privaron de la libertad a María de los Ángeles Valenzuela, quien buscaba a su papá Manuel Valenzuela Osuna, y su primo Mario Cristóbal Valenzuela Méndez, desaparecidos el 15 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2025, respectivamente. Hasta ahora no se sabe nada de la buscadora.
“Con Rubí pasó lo mismo que con María de los Ángeles, no había presentado ninguna señal de que estuviera en peligro. Es mucha coincidencia que vamos a salir a búsqueda y le pasa algo a una de las compañeras”, cuenta.
Laura Ivonne señala que el feminicidio de Rubí provocó mucho miedo, frustración e impotencia entre las buscadoras.
“Nos están matando tan sólo por el hecho de buscar. Queremos que ese miedo llegue a oídos de Claudia (Sheinbaum), de la presidenta, que tenga empatía por nosotras; somos mujeres y no le hacemos daño a nadie. Simplemente andamos buscando lo que nosotros necesitamos en nuestra casa, porque tenemos una silla vacía”, lamenta Laura Ivonne Ramírez.
El feminicidio de Rubí Patricia ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió a Mazatlán para hablar de la supuesta disminución de delitos en la entidad, sumida en la “guerra” entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, desatada tras el traslado de Ismael Mayo Zambada a Estados Unidos, en agosto de 2024.
Rubí Patricia se convirtió en la persona buscadora número 35 asesinada desde 2010, de esas 35, 25 han sido ejecutadas durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, de acuerdo con un registro llevado por la organización Artículo 19.
La organización incluyó en su base de datos a ocho personas buscadoras que han sido víctimas de desaparición desde 2010, siete de los casos ocurridos durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Los estados con mayores índices de violencia son Guanajuato con 11; Sinaloa y Jalisco con 4 cada uno; Michoacán, Sonora y Veracruz con 3 en cada entidad; y Guerrero, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas con 2 agresiones letales en cada entidad.
Del registro se advierte que las mujeres buscadoras son las más agraviadas en los últimos 16 años, acentuándose el riesgo durante los últimos siete años. Así, del total de víctimas mortales, 21 son mujeres, 17 de ellas asesinadas durante los sexenios de la 4T, 12 con López Obrador y cinco con Claudia Sheinbaum.
De las ocho desapariciones de personas buscadoras desaparecidas desde 2010, siete ocurrieron durante los gobiernos de Morena, tres de ellas mujeres. Cabe destacar que, de esas siete, durante el actual gobierno de Sheinbaum desaparecieron seis buscadores, dos son mujeres.
Malos pronósticos
Jessica Alcázar, coordinadora de Prevención de Artículo 19, alerta que el sexenio de la primera mujer presidenta se vislumbra como “uno de los más letales para las personas buscadoras, de hecho, el 2025 cerró así, con 11 casos, siete asesinados y cuatro desapariciones”. De las 11 víctimas, cinco fueron mujeres, cuatro ejecutadas y una desaparecida.
- Del análisis, Alcázar resalta que es preocupante que “a partir de la desaparición de Lorenza Cano, el 15 de enero de 2024, empezaron las desapariciones contra las buscadoras, no sólo el asesinato, desapariciones que se dan obviamente con lujo de violencia, pero donde también pueden asesinar o al momento de sustraerlas de sus espacios o de los lugares en donde ellas están haciendo su labor de búsqueda; pueden asesinar a sus familiares, tanto hijos como a sus esposos o parejas”.
- Alcázar destaca que mientras las personas defensoras, y de manera particular las mujeres, están corriendo riesgos en la búsqueda de sus familiares, labor que no hace el Estado. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación no les da protección, pasando por alto la recomendación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) de que las personas buscadoras son defensoras de derechos humanos.
“De manera sistemática, el Mecanismo lo que ha hecho es negarles las medidas de protección, porque dicen que la labor de las buscadoras o el riesgo que corren no es por su labor, sino por su condición de víctima. Esto es muy grave, porque es una revictimización de las compañeras buscadoras”, apunta Alcázar.
En un escenario en el que prevalece “una impunidad total”, tanto en casos de desapariciones como de asesinatos de personas buscadoras, Jessica Alcázar advierte que lo que se busca con esas agresiones es “inhibir” la búsqueda de personas desaparecidas por parte de los colectivos a los que pertenecía la mayoría de las víctimas.
“El fenómeno está aumentando. No hay voluntad política para protegerlas, no hay voluntad política para buscar, pero sí hay voluntad política para inhibir, para rasurar el registro de personas desaparecidas, para aligerar el fenómeno. En realidad lo que estamos viendo es que no hay medidas que garanticen la seguridad de las personas buscadoras”, advierte Jessica Alcázar.
- En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Micaela González Heras, integrante del colectivo Brigada Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, reconoce que para este sector es un día en el que saldrán a las calles a manifestarse.
“Para nosotros también es una jornada de protesta, una jornada de visibilización ante esta violencia estructural que existe”, dice la madre buscadora de Antonio de Jesús y Christian Geovany Lozoya, víctimas de desaparición forzada, ocurrida el 27 de noviembre de 2012./Agencias-PUNTOporPUNTO
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