La recurrente tentación de encargar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas suele presentarse como un atajo pragmático ante la descomposición de los cuerpos policiales.
Sin embargo, gobernar no es marchar al paso redoblado, y confundir la defensa del Estado con la tutela ciudadana es un error conceptual que termina desgastando tanto a las instituciones civiles como a la propia institución militar. Cuando un gobierno delega la preservación del orden cotidiano a sus tropas, no solo evidencia su incapacidad técnica para formar cuadros de investigación y proximidad, sino que confunde peligrosamente la neutralización de un adversario bélico con la protección de los derechos de la ciudadanía.
En términos de sociología política, el despliegue castrense en tareas vecinales opera bajo una contradicción de origen: mientras las fuerzas de defensa se adiestran bajo la doctrina del combate y la fuerza letal para repeler agresiones contra la soberanía, la función policial requiere contención proporcional, debido proceso y una estrecha proximidad con la comunidad.
Pretender que un regimiento actúe como juez cívico o policía comunitaria no solo altera la naturaleza de su entrenamiento, sino que desdibuja los incentivos del pacto social. Al enviar soldados a patrullar las esquinas, el poder civil renuncia por voluntad propia, ya sea por corrupción u obligados por la delincuencia, a profesionalizar a sus policías locales y consiente una cómoda subordinación administrativa que distorsiona las funciones elementales del Estado.
La historia de nuestra arquitectura republicana ofrece lecciones aleccionadoras al respecto. Durante los debates constituyentes de Querétaro en 1917, voces previsoras advirtieron con firmeza que los ejércitos en una democracia no deben erigirse en el sostén orgánico del régimen civil ni asumir potestades sobre la vida ordinaria del ciudadano, sino circunscribirse con disciplina a la salvaguarda de la integridad nacional. Del mismo modo, la tradición del constitucionalismo liberal nos recuerda que en tiempos de calma exterior, las autoridades militares deben limitar sus facultades a la disciplina castrense. Ante las más severas tempestades históricas e invasiones foráneas, México encontró su verdadera cohesión cuando los ciudadanos cerraron filas en torno a su bandera y a sus leyes fundamentales, uniendo a civiles y soldados bajo una causa común de soberanía y no mediante la tutela policíaca sobre la sociedad. La unidad cívica emana del imperio de la ley, no de la exhibición de pertrechos en las plazas públicas.
Desde la óptica de la seguridad nacional, desviar a las tropas de combate hacia tareas de contención delictiva genera vulnerabilidades estratégicas inadmisibles. Al exponer a las Fuerzas Armadas al desgaste constante del fuero común, a la fricción comunitaria y a los nocivos incentivos corruptores del crimen ordinario, se arriesga el mayor activo estratégico de la República: la moral y cohesión de su instituto de defensa. Además, la militarización prolongada termina por justificar la inacción de las fiscalías y congresos locales, consolidando un ciclo vicioso donde los municipios y estados jamás consolidan policías confiables ni sistemas periciales autónomos, conformándose con ser espectadores de operativos federales de nula sostenibilidad.
El verdadero camino hacia la tranquilidad de la República no reside en perpetuar un estado de excepción de facto, sino en construir un Estado de derecho robusto, civil y profesional. Esto exige canalizar presupuesto hacia academias de policía, sistemas de inteligencia civil aplicados al combate patrimonial del crimen y mecanismos de reinserción social efectivos. La patria demanda de sus soldados y marinos la defensa indeclinable de su soberanía, territorio e instalaciones estratégicas; a la autoridad política le corresponde dignificar la justicia civil ordinaria. Devolver a las Fuerzas Armadas a su misión esencial y empoderar a la autoridad civil es la única ruta genuina para que la ley impere por la fuerza de la razón y no por la frágil inercia de las bayonetas.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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