En el campo de la administración pública y el diseño institucional del Estado mexicano, pocas figuras gozan de una reverencia tan dogmática como los derechos humanos. Concebidos desde la teoría del derecho y la filosofía política como prerrogativas inherentes a la dignidad humana, estas libertades fundamentales representan el límite legítimo del poder estatal frente al individuo. Constituyen el pacto fundacional que justifica la existencia misma del Estado moderno, cristalizando los anhelos de justicia en el ordenamiento jurídico supremo.
Sin embargo, la innegable brecha entre el sofisticado diseño normativo y la cruda realidad de la deficiencia institucional obliga a cuestionar la eficacia operativa de este andamiaje. La transformación del garantismo en una mera aspiración retórica plantea un desafío sociológico mayor: los derechos humanos, en su estado actual, corren el riesgo de convertirse en un vasto catálogo de buenas intenciones sostenido por instituciones que, con demasiada frecuencia, observan la descomposición del tejido social desde la más absoluta inopia burocrática.
El fracaso operativo de la institución encargada de velar por estos derechos en nuestro país no responde a una falta de nobleza en su mandato fundacional, sino a una serie de tropiezos idealistas que impiden su realización plena, en beneficio del as instituciones del Estado mexicano pero en perjuicio del ciudadano.
La institución es ineficaz porque no quiere involucrasre en mecanismos coercitivos reales y porque desde su actual administración ha permanecido voluntariamente en la polarización política, reduciendo su elevada capacidad de arbitraje a una simple oficialía de partes procesadora de los agravios nacionales. A esto se suma un fenómeno sociológico de anomia, donde el aparato de protección se vuelve ineficaz al exigírsele resolver fallas estructurales de violencia con herramientas diseñadas exclusivamente para la persuasión moral. El derecho, para ser efectivo, requiere de la capacidad de coacción del Estado; sin ella, la norma constitucional es letra muerta.
Los mensajes en medios de comunicación con hechos y argumentos de hace 40 años o más, poco abonan en el ejercicio de defensa de los derechos humanos de ho en día.
Es en este punto de quiebre donde el análisis exige adentrarse en la esfera estratégica de la seguridad nacional. Existe una falsa dicotomía, alimentada por el desconocimiento del diseño estatal, que opone la defensa de los derechos humanos al ejercicio de la seguridad del Estado.
En la praxis política y jurídica, la relación es indisoluble y simbiótica. La seguridad nacional, conceptualizada como la condición indispensable para garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, tiene como fin último y primordial la protección de su población y el mantenimiento del orden constitucional.
Desde la estricta teoría del poder nacional, un Estado fracturado, incapaz de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y controlar su territorio, conforma el caldo de cultivo ideal para la vulneración sistemática de las libertades. No existe peor amenaza para los derechos humanos que el vacío de poder y la ausencia del Estado. A la inversa, una política de seguridad pública o nacional que ignora el marco de los derechos fundamentales se deslegitima a sí misma, perdiendo el indispensable respaldo popular y erosionando el desarrollo nacional que pretende consolidar. La seguridad aporta la coraza estratégica; los derechos humanos, la justificación moral y jurídica del pacto social.
El rescate de la dignidad humana en nuestro país exige, por tanto, abandonar la contemplación pasiva y transitar hacia un modelo de Estado donde la protección de las libertades sea un componente transversal y exigible de los objetivos nacionales.
La institución defensora de los derechos humanos debe evolucionar, dejando atrás todas las piedras que protagonizan un papel de instancia meramente testimonial, para consolidarse como un órgano con peso estratégico en las grandes decisiones de Estado. Solo mediante la armonización de una seguridad nacional robusta, capaz de neutralizar los antagonismos internos y externos, y un sistema jurídico que materialice verdaderamente el bienestar social, podremos consolidar un Estado de derecho auténtico. La salvaguarda concurrente de la vida, la libertad y el territorio no es un privilegio de tiempos de paz, es la esencia misma de nuestra supervivencia nacional.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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