Los lineamientos en materia de derechos de las audiencias perfilados por la Presidencia de la República y que están a sujetos a consulta, siguen representando riesgos, amenazas de censura y sanciones desproporcionadas a los medios de comunicación y periodistas, así como violaciones a normas nacionales e internacionales en materia de derecho a la información, alertaron especialistas, representantes de organismos defensores a nivel nacional e internacional y empresariales.
- Lo anterior, durante un foro temático convocado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
- Al inaugurar el encuentro donde se analizó el alcance de las reglas propuestas por el Ejecutivo, el diputado presidente de la instancia parlamentaria, Miguel Monraz, lanzó una serie de cuestionamientos en la materia: censura o no, sanciones o no, listas de periodistas difundidas por el Ejecutivo, medios públicos sin cumplir la regulación oficial, y cuáles serán los efectos de las disposiciones en los medios privados y si se cumplirán o no en los medios públicos.
Al manifestarse en contra de que sea el Gobierno Federal el que dicte qué es la verdad y qué no, se pronunció a favor de que el ciudadano decida si prende la televisión o la radio.
Pidió que la norma evite en todo momento caer en censura y en orillar a los medios y comunicadores a que se autocensuren, bajo el amago de ser penalizados.
Indicó que el ejercicio de revisión convocado por la instancia a su cargo tiene como fin determinar si la propuesta presidencial requiere ajustes, correcciones, si es riesgosa o si es adecuada para proteger las libertades y fortalecer la democracia.
También pidió que la regulación aplique a las conferencias de la Presidenta en Palacio Nacional y a organismos como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado, SPR.
Lineamientos podrían tener modificaciones
Al exponer la postura oficial el secretario ejecutivo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, Enrique Pavón, anticipó que habrá modificaciones
Al defender los ordenamientos propuestos, señaló que buscan proteger los derechos de los ciudadanos. Aclaró que las normas aplicarán sólo a medios electrónico convencionales, es decir, a la televisión y la radio, pero no a las plataformas.
- Pidió que las consideraciones políticas no afecten la discusión técnica y del contenido que admitió, tiene “áreas de oportunidad”.
- Enfatizó que en lo perfilado por la Presidencia busca que se hable de los derechos de los escuchas y televidentes, no solo de las personas que transmiten. Recalcó que pedir autorregulación no es orillar a nadie a la autocensura, sino que los medios se comprometan con su audiencia a revisar lo que difunden.
Negó que la propuesta vaya más allá de lo que marca la ley y manifestó que tendrá los ajustes que se consideren, en particular en los puntos que mayor preocupación generan, como las sanciones a concesionarios.
“Todo eso se va a revisar, se va a sistematizar y es compromiso de la Comisión emitir un informe de consideraciones donde se va a dar respuesta a todas las consideraciones y evidentemente tiene que haber ajustes a los lineamientos. En varios foros se ha estado hablando de cuáles podrían ser las posibles modificaciones, entendemos la parte de las sanciones que es lo que más genera debate”, reconoció.
Al hacer más aclaraciones, puntualizó que hasta el momento, en el marco de las consultas abiertas, se han recibido más de 6 mil opiniones sobre las reglas.
Indicó que los defensores de los derechos de audiencias los nombrarán los medios de comunicación, no el gobierno y en el caso de los códigos de ética, también serán elaborados por los concesionarios, que sólo deberán registrarlos ante la autoridad.
Rechazó que se esté proponiendo aplicar la “censura previa”, porque la autoridad nunca definirá los contenidos de antemano ni los frenará ni sancionará antes de que se emitan.
Se intervendrá cuando la propia audiencia considere que se afectó su derecho y pida la intervención del defensor que, requerirá la presentación de un informe y valorará las quejas.
El servidor público indicó que en dichos reclamos los espectadores y radioescuchas podrán decir “que no les gusta” un conductor, aunque sus preferencias personales no podrán considerarse “derechos de las audiencias”. Refrendó que hasta el 21 de agosto se seguirán recibiendo opiniones y comentarios en el marco de la consulta y se tomará en cuenta lo que se diga en todos los foros como el organizado en San Lázaro.
Riesgos y excesos de los lineamientos presidenciables
Antes, al fijar postura sobre el planteamiento del Ejecutivo, Jorge Enrique Bravo, presidente Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, alertó sobre la incertidumbre que han generado las propuestas del Ejecutivo.
Indicó que se ha puesto en duda si los medios y comunicadores podrán opinar o no al informar, si la autoridad interpretará los contenidos periodísticos y si la Comisión Reguladora no sobrepasará sus facultades.
- Consideró que la propuesta oficial supera la ley, al establecer medidas que en los hechos implicarán la ampliación de facultades y la capacidad de sancionar del organismo señalado.
- Aunque puntualizó que expresamente en los lineamientos no se establece la censura, sí se generará un ambiente que llevará a los medios a temer sanciones y autolimitarse si no cumplen lo que “recomiende” el defensor de las audiencias.
También, cuando pueda difundir información y opiniones que al gobierno en turno no le agrade por ser críticas y cuestionar decisiones oficiales.
“Con la propuesta de lineamientos la CRT puede iniciar un procedimiento sancionatorio contra un medio electrónico por posturas contrarias o críticas al poder, utilizando como pretexto los derechos de las audiencias. Periodistas, organizaciones de libertad de expresión, medios, han documentado durante los últimos años un clima de confrontación entre el poder y la prensa crítica”, alertó.
Insistente en que los lineamientos en cuestión no prevén directamente la censura de medios y periodistas, manifestó que caen en excesos y en disposiciones poco claras que llevarán a limitar la libertad de expresión.
Añadió que en un contexto de violencia como el que se vive en México, incluyendo la que se comete contra periodistas, la audiencia debería tener claro que tiene derecho a contar con periodistas y medios libres, así como a ejercer la libertad de expresión y de decisión editorial sin injerencias de un gobierno censor
Artículo 19 ve riesgos en los lineamientos
En su turno, Martha Alicia Tudón, integrante de Artículo 19 para México y Centroamérica fue clara en advertir que los ordenamientos a discusión son contrarios a las leyes nacionales e internacionales.
Violentan la Constitución y tratados y acuerdos suscritos, “de manera grave”, ya que por la vía indirecta de la presión a los medios con sanciones, se puede provocar autocensura o censura indirecta.
“Esto es muy grave porque estamos hablando de medios que pueden provocar censura, es una intervención indirecta en el cual, las personas periodistas, los medios de comunicación, dada la carga regulatoria que existe, dadas las sanciones que pueden afectarlas, pueden decidir moderar la manera en que expresan sus opiniones, los contenidos informativos y eso afecta la línea editorial misma”., alertó.
- Recordó que el año pasado en México hubo más de 450 agresiones a medios, la mitad cometidas por servidores públicos; aunado a que el año pasado hubo siete asesinatos de periodistas y en lo que va de este 2026, ya han sido asesinados otros seis periodistas.
- La invitada señaló que es bueno regular el sector, pero no es adecuado que el Estado sea el que dicte qué es verdad y qué no, en la información que se difunde en medios.
Subrayó que un modo de acotar la verdad por parte del gobierno, está en la modalidad de los “otros datos”, en mermar los mecanismos y sistemas de transparencia de la información pública y las constantes negativas de acceso a la misma.
Enfatizó que ante el miedo a las sanciones, a que se les acuse de cualquier incumplimiento a los lineamientos, los medios y comunicadores pueden autocensurarse.
Recordó que la Ley de Telecomunicaciones ya prevé sanciones por no tener código de ética o no contar con defensores de las audiencias, por lo que sobrerregular como se prevé, es un exceso y es desproporcionado.
- Consideró que con los lineamientos la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones accederá a más facultades de vigilancia que la ley no le otorga, por lo que estaría pasando por encima de las tareas de los legisladores.
- En su internvención, Adriana Labardini, presidenta de la organización “Conectadas” y excomisionada del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), coincidió en que los lineamientos violan el principio de legalidad, a ir más allá de lo que la propia Ley de Telecomunicaciones marca.
Consideró que la reforma en telecomunicaciones quedó rebasada al no contemplar la información que se difunde el plataformas digitales, se elaboró de manera apresurada y con prisas, “todo sale mal”.
- Añadió que la CRT está perdiendo de vista que no cumplirá con la legalidad si se extralimita con medidas como las sanciones de hasta el uno por ciento de los ingresos de los concesionarios si se incumple alguna disposición.
- Habló de anomalías en los lineamientos al pretender aplicar la misma norma a concesionarios privados y a radios indígenas y comunitarias, que se encuentran en desigualdad de condiciones y tendrían que contar con su propio régimen regulatorio.
Los lineamientos no cumplen con el “test” de legalidad, proporcionalidad y necesidad que marca la norma, anotó.
Indicó que hasta los estándares internacionales en la materia reconocen la dificultad que hay entre separar información de las opiniones en los medios masivos y aplicar reglas a rajatabla en ese rubro en México, donde el gobierno hace listas de periodistas críticos para señalarlos y las agresiones a comunicadores son crecientes, se configura un ambiente poco propicio./Agencias-PUNTOporPUNTO
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