El reclutamiento de niños por el crimen organizado es una crisis que se extiende en todo el mundo, incluyendo México, por lo que cada año cerca de un millón de niños son detenidos por la policía y alrededor de 410 mil permanecen en prisiones o centros de detención preventiva a pesar de ser víctimas de reclutamiento por el crimen organizado, de acuerdo con el informe de la Comisión Global de Política de Drogas.
- En conferencia de prensa se presentó el informe “Dar visibilidad a los niños y jóvenes en las políticas de drogas: una agenda de reforma basada en los derechos del niño”, donde se detalló que en promedio 259 mil niños permanecen privados de su libertad cada día y carecen de asesoría judicial
- En México, considerando el periodo de 2006 a 2011, el informe estimó que hasta 35 mil niños y jóvenes fueron captados por grupos delictivos organizados y que algunos, desde los 12 años, fueron utilizados como mensajeros, vigías, transportistas de drogas y, en los casos más graves, para cometer actos violentos, secuestros y asesinatos.
El informe, que contó con la contribución de la Fundación Botnar, señaló que muchos de los menores captados en México ya habían abandonado los estudios o habían sido expulsados de la escuela antes de su reclutamiento, además vivían en situación de pobreza y marginación. Los datos corresponden al periodo presidencial de Felipe Calderón.
La Comisión identificó a México entre los países que cuentan con salvaguardias legales y normativas que reconocen que la participación de menores en mercados de drogas puede ser consecuencia de trata o explotación.
Considerada explotación
Según el informe, la legislación federal mexicana contra la trata de personas reconoce como una forma de explotación el uso de niños en actividades de la delincuencia organizada, incluida la producción, transporte y tráfico de drogas, así como su participación en mercados minoristas de estas sustancias.
El documento, revisado por un Grupo Consultivo de Expertos integrado por Philip Jaffé, Manfred Nowak, Marta Santos, Ann Skelton, Beatrix Vas y Damon Barrett, precisó que bajo ese marco no se atribuye responsabilidad penal a los niños explotados, sino a quienes los reclutan y utilizan.
- Sin embargo, la Comisión advirtió que estas salvaguardias no garantizan por sí mismas protección frente a la penalización y que, en la práctica, los menores pueden seguir enfrentando arrestos, procesos judiciales o medidas punitivas cuando los indicadores de trata, explotación, coacción o vulnerabilidad no son identificados o considerados suficientes para activar una respuesta de protección infantil.
- En una consulta realizada en Bogotá en 2025 e incorporada en el informe, los participantes defensores de la juventud de México afirmaron que “los niños involucrados en el tráfico de drogas están tratando de sobrevivir; son explotados por los traficantes y no se les debería tratar como delincuentes”.
“La ayuda mutua ha sido fundamental para que las familias puedan llevar a sus hijos a la escuela y recogerlos durante las acciones policiales. Los distritos escolares han colaborado para proteger a los niños en estas situaciones”.
En la conferencia, Juan Manuel Santos, comisionado de la Comisión Global de Política de Drogas, Premio Nobel de la Paz y expresidente de Colombia, sostuvo que la protección de la infancia debe ser una responsabilidad fundamental de los gobiernos, pero advirtió que las políticas deben evaluarse por sus resultados y no por la retórica con la que se justifican.
Señaló que durante décadas se han defendido leyes punitivas bajo el argumento de proteger a los niños, aunque sus consecuencias han incluido violencia, criminalización, separación familiar y pérdida de oportunidades.
Santos planteó que los gobiernos deben estar dispuestos a modificar sus políticas cuando la evidencia demuestra que no funcionan o generan daños.
Consideró insuficiente limitar la prevención a decir a los jóvenes que no consuman drogas y castigarlos cuando esa estrategia fracasa, y pidió incorporar servicios de salud, información adecuada a la edad, reducción de daños, tratamiento, protección social y mecanismos contra la violencia y la explotación.
Otro testimonio
En tanto, Anne Marie Cockburn, de la campaña Anyone’s Child, relató la muerte de su hija Martha después de consumir MDMA y aseguró que uno de los principales problemas fue la ausencia de información práctica sobre reducción de daños.
“Fue más fácil para ella obtener las drogas que acceder a educación de reducción de daños sobre la droga que iba a tomar”, señaló al explicar que la información disponible para familias se concentraba en abstinencia, resiliencia y presión de pares.
Cockburn agregó que los amigos de su hija esperaron alrededor de dos horas para llamar a una ambulancia por temor a tener problemas con las autoridades, pese a que Martha había presentado síntomas graves poco después de consumir la sustancia.
Propuso ampliar la educación para responder ante emergencias, las pruebas de sustancias y la reducción de daños, y sostuvo que las familias necesitan información concreta para poder actuar ante el consumo.
- Por su parte, Eduardo Melo, de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia y CEBRAP, Brasil, señaló que la participación de menores en la distribución de drogas está estrechamente vinculada con desigualdad social, vivienda inadecuada y falta de oportunidades.
- Advirtió que tratarlos como jóvenes delincuentes impide analizar las condiciones de explotación y reclutamiento que existen detrás de su participación y sostuvo que las respuestas centradas exclusivamente en seguridad profundizan la violencia y la exclusión.
Melo planteó que la justicia juvenil debe sustituir las respuestas represivas por esquemas de protección, rehabilitación y justicia restaurativa.
Explicó que en Brasil se han impulsado alternativas que consideran la participación de niños en la distribución de drogas como una forma de trabajo infantil y buscan vincularlos con programas sociales y oportunidades económicas.
“Muchos niños no están involucrados en estas actividades porque lo quieren, sino porque lo necesitan”, sostuvo.
Philip Jaffé, vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, cuestionó que los Estados invoquen la protección infantil para justificar políticas punitivas que terminan criminalizando a los propios menores.
- También explicó que el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a protegerlos frente al uso ilícito y la explotación vinculada con la producción y tráfico de drogas, pero “no es una licencia” para castigarlos o aumentar el daño mediante la fuerza de la ley.
- Jaffé afirmó que las políticas continúan siendo diseñadas principalmente por adultos y aplicadas a los menores sin incorporar sus experiencias.
Sostuvo que cada decisión debería partir de una pregunta: qué consecuencias tendrá para los niños, y propuso realizar evaluaciones de impacto, ampliar el acceso a información segura y confidencial, reducción de daños y servicios de salud mental.
“Si una política de drogas no ve a los niños, no les escucha, les deja menos seguros o les evita protegerlos, los gobiernos han fracasado”, resumió.
«La prohibición me quitó mi niñez»: Aden Mccracken
En la conferencia, Aden McCracken, representante juvenil de Youth RISE, llevó al debate su propia experiencia familiar y relató haber crecido entre detenciones de sus padres, pobreza, pérdida de vivienda, vigilancia estatal, tratamientos de rehabilitación y sobredosis.
“Ningún niño debería vivir en temor viendo a sus padres siendo arrestados una y otra vez por la posesión personal como yo”, expuso.
Añadió que fue separado de su hogar e institucionalizado y sostuvo que los efectos de las políticas punitivas no terminan en las personas que consumen drogas, sino que alcanzan a familias y generaciones completas.
- McCracken exigió que los jóvenes afectados directamente por las drogas y por las políticas públicas dejen de ser utilizados únicamente como testimonios y participen en la toma de decisiones.
- Señaló que incorporarlos cuando una política ya fue diseñada “no es una participación significativa” y pidió espacios permanentes en los que puedan intervenir en la elaboración de programas, servicios y estrategias de reducción de daños.
“Las personas jóvenes que usan drogas tienen conocimiento que legisladores, investigadores, instituciones y otras autoridades sin experiencia viva simplemente no pueden tener”, afirmó.
Explotación en las economías de drogas
En términos generales, la Comisión reportó que rara vez los niños y jóvenes se incorporan por decisión propia a las economías de drogas ilícitas y señala que factores como pobreza, violencia, coacción, explotación, exclusión social y oportunidades limitadas favorecen su incorporación.
El organismo señaló que son explotados en actividades como cultivo, transporte y distribución y también pueden ser utilizados como vigías, mensajeros y en otras funciones dentro de los mercados ilegales.
La Comisión planteó que estos menores deben ser reconocidos, ante todo, como víctimas de explotación con derecho a protección, rehabilitación y reintegración y no ser tratados como delincuentes.
- A escala general, el informe advirtió que niños y jóvenes implicados en el cultivo, transporte o distribución de drogas, o en actos de violencia vinculados con estas actividades, suelen ser procesados por sistemas de justicia penal que no los reconocen como víctimas ni los remiten a servicios adecuados de protección, salud y asistencia social.
- La Comisión señaló que los mecanismos de identificación, remisión, orientación y reintegración adaptados a las necesidades de estos niños continúan siendo limitados y que los datos sobre explotación infantil son escasos y fragmentados.
El informe también advierte que las medidas punitivas de fiscalización de drogas, entre ellas la aplicación militarizada de la ley y la erradicación de cultivos, pueden aumentar la exposición de los menores a violencia, desplazamiento y otros daños graves.
Entre las consecuencias de la explotación dentro de estas economías, la Comisión identificó la coacción para realizar formas peligrosas de trabajo infantil, exposición a violencia, miedo y trauma y mayor riesgo de arresto, detención, antecedentes penales y estigmatización cuando los menores son tratados como delincuentes y no como víctimas.
El documento agregó la interrupción de la educación, debilitamiento de vínculos familiares y comunitarios, pérdida de oportunidades futuras y mayor vulnerabilidad a nuevos reclutamientos y ciclos de pobreza y exclusión.
La Comisión alertó además que medidas como reducir la edad de responsabilidad penal podrían generar un incentivo adicional para que las organizaciones delictivas recluten niños todavía más pequeños.
Políticas de drogas
La Comisión Global señaló que las leyes punitivas y prácticas represivas relacionadas con las drogas continúan exponiendo a niños y jóvenes al riesgo de arresto, detención y encarcelamiento por consumo, posesión o participación de bajo nivel en las economías de drogas.
El informe agregó que estas respuestas suelen ocurrir en contextos de pobreza, coacción y explotación y señala que existen evidencias de que la detención puede producir daños duraderos sin contribuir de manera significativa a proteger a los menores o a sus comunidades.
- La Comisión recomendó eliminar las sanciones penales por consumo y posesión de drogas cuando se trate de menores y plantea que las respuestas sean encabezadas por los servicios de salud y sociales y no por las fuerzas del orden.
- También propuso recurrir a la privación de libertad únicamente como último recurso, ampliar las medidas extrajudiciales, la justicia restaurativa y el apoyo comunitario y garantizar asistencia jurídica especializada a los menores que se encuentren detenidos.
- El informe subrayó además que los antecedentes penales derivados de delitos relacionados con drogas cometidos durante la infancia sean sellados o eliminados, según corresponda, para facilitar la reintegración y las oportunidades futuras.
Entre los efectos de la detención, la Comisión identificó exposición a violencia y abuso físico o psicológico, acceso limitado a servicios de salud, psicosociales y educativos, hacinamiento, prisión preventiva prolongada y una mayor probabilidad de reincidencia y encarcelamientos repetidos al entrar los menores en contacto con redes delictivas y alejarse de sus familias y comunidades.
Panorama global
La Comisión detalló expresamente que los datos mundiales fiables sobre niños privados de libertad específicamente por delitos relacionados con drogas son limitados, porque la mayoría de los países no desagrega las detenciones de menores según el tipo de delito y los arrestos por drogas rara vez se presentan separados por edad.
- El informe presentó que en Brasil 27 por ciento de los delitos cometidos por adolescentes privados de libertad en 2023 correspondieron a tráfico de drogas, frente a 24 por ciento en 2020.
- En Estados Unidos, la Comisión reporta aproximadamente 41 mil detenciones de menores por delitos relacionados con drogas en 2024, equivalentes a alrededor de 6 por ciento de todos los arrestos registrados en el país por ese motivo.
El informe calcula además que cada año más de 6 mil niños permanecen encarcelados junto con sus madres, principalmente por delitos relacionados con drogas; alrededor de 9 mil tienen, en un momento dado, un cuidador principal en prisión; y 1.4 millones de niños en el mundo tienen a su madre encarcelada.
En América Latina y el Caribe, la Comisión estimó que entre 1.7 y 2.3 millones de niños tienen al padre o la madre en prisión y aproximadamente 500 mil tienen a sus progenitores encarcelados por delitos relacionados con drogas.
El organismo mencionó que el encarcelamiento de los padres puede generar inestabilidad en el hogar, dificultades económicas, afectaciones en el cuidado infantil y consecuencias duraderas sobre la educación, salud mental y vida familiar de los menores.
Drogas y salud
En materia de salud, el informe señaló que la mortalidad y morbilidad relacionadas con drogas afectan de manera desproporcionada a adolescentes y adultos jóvenes y alcanzan su punto máximo entre las personas de 15 a 24 años.
La Comisión reportó que la prevalencia del consumo de drogas entre jóvenes de 15 a 24 años es similar o superior a la observada entre adultos y que los jóvenes que se inyectan drogas tienen 50 por ciento más probabilidades de contraer VIH y hepatitis C.
- El informe agregó además que las muertes por sobredosis entre jóvenes están aumentando en varias regiones, entre ellas Estados Unidos y partes de Europa, en un contexto de mercados con drogas tóxicas e impredecibles.
- La Comisión advirtió que los servicios de reducción de daños específicamente dirigidos a jóvenes continúan siendo escasos y que el estigma y el temor a ser penalizados pueden retrasar o interrumpir la búsqueda de atención médica.
Ante este panorama, el organismo plantea fortalecer los sistemas de protección infantil, crear vías seguras para que los menores abandonen situaciones de explotación mediante educación, protección social y oportunidades laborales, y mejorar la coordinación entre los sistemas de protección infantil, educación, salud y justicia./Agencias-PUNTOporPUNTO
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