Es de importante iniciar aclarando que la educación y salud pública llevan más de una década perdiendo peso relativo en el gasto federal; y que el presupuesto 2027 no revierte esa tendencia de fondo. Hace 9 años, una estrategia federal llamada “Salud en tu Escuela” partió de una premisa que la economía de la salud ha documentado con amplitud: la salud y la educación no son dos políticas paralelas, sino insumos de un mismo proceso de formación de capital humano.
- El programa llevó a estudiantes y profesionales de la salud a las aulas para medir peso, talla, agudeza visual y auditiva, salud bucal y factores de riesgo en más de 64 mil escolares durante su fase piloto. La lógica detrás de esa cifra no era menor: cada detección temprana de un problema de salud es, una intervención que puede evitar un gasto sanitario mayor en el futuro, y al mismo tiempo una condición necesaria para que ese estudiante aprenda en condiciones adecuadas hoy.
Esa relación, mejor salud, mayor asistencia escolar, mejor alimentación, mejor aprendizaje, más capital humano, mayor productividad futura, debería orientar la asignación de recursos públicos. Sin embargo, los datos presupuestales más recientes muestran trayectorias de contracción en ambos frentes que conviene analizar con series de tiempo, no solo con cifras de un año.
La gráfica muestra la evolución de la inversión pública en educación y salud como proporción del PIB entre 2010 y 2025. Hay dos patrones claros. Primero, la inversión educativa presenta una tendencia descendente: pasó de un máximo de 4.5% del PIB en 2012 a alrededor de 3.1% en 2025, con una recuperación temporal en 2020 asociada al gasto extraordinario de la pandemia. Segundo, la inversión pública en salud se mantuvo durante buena parte del periodo entre 2.5% y 3.0% del PIB, tuvo un repunte en 2020 también por Covid19 y cerró 2025 alrededor de 3.2%.
De acuerdo con los datos de cierre presupuestal, el gasto público ejercido en salud cerró 2025 en 945,010 millones de pesos, una caída de 1.6% en términos reales respecto al año anterior. Esto muestra por qué es importante distinguir entre el gasto como proporción del PIB y el gasto ejercido en pesos constantes: un indicador puede mantenerse relativamente estable mientras el otro disminuye.
- La misma precaución es necesaria para interpretar el presupuesto de la Secretaría de Salud, correspondiente al Ramo 12, propuesto para 2027. Se plantean 72,305 millones de pesos, frente a 66,826 millones aprobados para 2026: un aumento nominal de 8.2%, equivalente a 4.8% real. Sin embargo, el dato adquiere otro significado cuando se observa una serie más larga.
- En 2024, la dependencia ejerció cerca de 97 mil millones de pesos y en 2022 administraba alrededor de 193 mil millones. Así, el presupuesto propuesto para 2027 será aproximadamente 25 mil millones menor que el de 2024 y 121 mil millones menor que el de 2022.
Una parte importante de esta diferencia responde a una recomposición institucional del gasto sanitario. Para 2027, el IMSS-Bienestar concentrará 193,987 millones de pesos, un monto similar al que administraba la Secretaría de Salud antes de la pandemia. Por ello, analizar el gasto sanitario únicamente a partir del Ramo 12 puede conducir a una lectura incompleta. Es necesario observar el sistema en su conjunto: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
- Aun con esta recomposición, México se encuentra lejos de los referentes internacionales. Considerando el gasto consolidado de las instituciones públicas de salud, el país destina alrededor de 3% del PIB a este rubro, frente al 6% señalado por la Organización Mundial de la Salud como referencia para avanzar hacia una cobertura universal efectiva.
- En América Latina, México se encuentra entre los países con menor proporción del PIB destinada al gasto público en salud, a pesar del tamaño de su economía. Esta brecha no es simplemente un dato comparativo: condiciona directamente la capacidad del sistema para sostener funciones esenciales como la vigilancia epidemiológica, la cobertura de vacunación, provisión de medicamentos y los programas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
El efecto también se traslada a los hogares. La población sin afiliación a un esquema formal de seguridad social, 56% de los trabajadores, depende en mayor medida de la capacidad operativa de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar. Cuando el sistema público no garantiza consultas, estudios o medicamentos, las familias deben cubrirlos directamente. Desde la economía de la salud, el gasto de bolsillo es particularmente relevante porque puede convertirse en un mecanismo de empobrecimiento asociado a la enfermedad.
- La discusión no puede detenerse en el sistema sanitario. La otra parte de la ecuación es la educación. Como muestra la gráfica, la inversión educativa como proporción del PIB lleva más de una década en descenso, y hay más incertidumbre sobre la calidad del gasto. La extinción de las escuelas de tiempo completo, que ampliaban las horas de instrucción, eran espacio de cuidado y alimentación para millones de familias; fue un golpe para la planeación educativa y la permanencia escolar.
- En paralelo, la reforma curricular de la Nueva Escuela Mexicana integró a las matemáticas dentro de un campo de conocimiento más amplio en lugar de mantenerlas como asignatura independiente reduciendo su peso en los contenidos de los programas de educación básica, un cambio que ha generado debate sobre su efecto en el desarrollo del razonamiento cuantitativo. A esto se suma una reducción significativa en el presupuesto destinado a la formación continua del magisterio: el gasto por docente cayó de 365 a 166 pesos entre 2025 y 2026, con una contracción mayor, de más de 77% en el nivel básico.
La inversión que se posterga también tiene un costo
Las cifras presupuestales describen dos trayectorias de gasto que, aunque tienen dinámicas distintas, deberían estar gobernadas por una misma lógica económica: la inversión temprana en salud y en educación que reduce costos y riesgos acumulados en el largo plazo, mientras que su contracción sostenida traslada esos costos hacia el futuro, con un peso desproporcionado sobre quienes tienen menos posibilidades de afrontarlos.
El reto no es únicamente gastar más, sino asignar mejor y evaluar los resultados. Sin una evaluación sistemática de los efectos, costos y beneficios de las políticas públicas, cualquier lectura del presupuesto de 2027, sea al alza o a la baja, seguirá siendo incompleta. Lo que está en juego no es solamente el presupuesto de dos sectores: es la capacidad de México para construir, desde hoy, el capital humano que necesitará mañana./Agencias-PUNTOporPUNTO
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