En medio de alertas de censura, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada «Ley Antimemes», que sanciona con hasta 4.6 millones de pesos a proveedores de servicios de internet que omitan retirar contenidos como obras, imágenes, voz, videogramas o fonogramas modificados o alterados sin autorización mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.
- Morena y sus aliados impusieron su mayoría para avalar con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención la modificación a la Ley Federal del Derecho de Autor, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
- La iniciativa hace corresponsables a los proveedores de servicios de intenet de las infracciones cometidas en los entornos digitales a través de un esquema de responsabilidad secundaria.
- La reforma exige a los proveedores una política que prevea la terminación de la provisión del servicio a infractores reincidentes y atribuye responsabilidad al proveedor por las infracciones cometidas por las personas usuarias de sus servicios cuando «contribuya, induzca o cause la conducta infractora, y tenga conocimiento de la misma».
Además, plantea multas que van de 117 mil 310 pesos a más de 4 millones 692 mil pesos y una multa adicional de 100 y hasta 500 UMA para quien persista en la infracción, las cuales serán establecidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Durante el debate que inició con casi una hora de retraso en un Pleno semivacío, la emecista Gloria Núñez dijo que si bien el respeto a los derechos de autor en internet es necesario, para lograrlo no se debe poner en riesgo la libertad de expresión, el acceso la información o los derechos de los usuarios.
Advirtió que la propuesta del Ejecutivo no garantiza la defensa de usuarios señalados como infractores y no señala de qué manera se comprobará su reincidencia, ni quién revisará las decisiones de la plataforma o el procedimiento para determinar la suspensión del servicio.
«En la práctica, las medias propuestas pueden incentivar a los proveedores a que revisen constantemente a sus usuarios para evitar ser sancionados, existiendo así el riesgo de que con ello se efectúe (sic) la privacidad y la libertad de la expresión en internet, ya que es imposible perseguir la reincidencia sin vigilar de manera permanente a los usuarios, lo que desmiente la premisa relativa a que no habrá monitoreo», dijo.
- Sostuvo que la multa de 4.6 millones de pesos a proveedores ocasionará que, ante la más mínima duda o reclamación, opten por eliminar publicaciones como memes, parodias o incluso citas periodísticas para proteger su patrimonio y abrirá la puerta para que incluso lleguen a suspender cuentas aun cuando no exista la certeza de que, efectivamente, se cometieron infracciones al derecho de autor.
«El monto excesivo de estas multas convierte la remoción en un mecanismo de censura en sí», afirmó.
El priista Mario Zamora detalló que la reforma no dice qué es un infractor reincidente, cuántas infracciones se necesitan para ser catalogado de esa forma y quién lo acredita, y tampoco especifica cómo se defenderá el usuario, ni ante quién.
«Nos están quitando la parodia, nos están quitando la crítica, nos están quitando algo tan nuestro, que es de todos los mexicanos, que conocemos como la picardía mexicana. ¿Por qué tenerle miedo a ello? Por algo en la calle la gente le llama ‘Ley Antimeme'», señaló.
Al presentar una moción suspensiva, el coordinador priista Rubén Moreira advirtió que la reforma contiene un «error de esos que suscitan risa», pero se negó a revelarlo y solicitó a la mayoría suspender la discusión, para abrir un debate con especialistas y medios de comunicación para evitar que las modificaciones atenten contra la democracia y, de paso, encontrar el «gazapo».
«Yo que ustedes sí le diría al líder de mayoría: ¿y por qué no lo votamos cuando menos la semana que entra para encontrar el gazapo? Chequen lo que quiere decir en el diccionario gazapo, para encontrar el gazapo que hicieron», dijo antes de que su moción fuera rechazada.
La panista Kenia López acusó que la reforma busca obligar a los proveedores a quitar el internet cuando al Gobierno le moleste un contenido, una publicación, un meme, una caricatura, una parodia o una opinión.
Acusó a Morena de confundir a los enemigos, porque los verdaderos enemigos de México son los narcotraficantes, los huachicoleros y los narcopolíticos, no aquellos que critican al régimen.
«Han existido críticas siempre, cada sexenio, nunca habíamos visto a un gobierno que tuviera la piel tan delgadita. En este régimen solo quieren poder, dinero y privilegios, no quieren escuchar a los mexicanos (…) México necesita libertad para hablar sobre las acusaciones en contra de Rocha Moya, sobre los contratos millonarios de Amílcar Olán, sobre los negocios de ‘Andy’ López Beltrán, sobre el descaro de Inzunza de seguir en su silla como legislador», dijo.
- El morensita Raúl Villaseñor indicó que la expansión de las plataformas y los servicios digitales ha traído riegos como la reproducción no autorizada, la explotación indebida y la vulneración de los derechos de autor.
Afirmó que la reforma de la Presidenta garantiza un equilibrio entre la protección efectiva de los derechos de autor y el desarrollo de la economía digital.
«Las plataformas digitales en la actualidad no sólo son comunicación, concentran poder, información y ganancias y se deben resolver no solamente en los escenarios futuros, sino en los presentes para garantizar debidamente los derechos de los creadores», dijo.
El legislador rechazó que se trate de una reforma contra los proveedores de servicios de internet o punitiva, ya que su objetivo es establecer reglas claras y proteger a los usuarios, a los creadores y a los proveedores./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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