TEXTO ÍNTEGRO: Sin Resultados Combate contra la CORRUPCIÓN; solo 9 FISCALÍAS con Sentencias en Mx

A pesar de que los gobiernos federal y locales han abanderado el combate a la corrupción como una de sus principales acciones, los resultados de las Fiscalías Anticorrupción son preocupantes y desalentadores, señalan las organizaciones.

El combate contra la corrupción en México está lejos de dar los resultados esperados y los números de los últimos tres años reflejan que la impunidad sigue llevando la delantera.

La organización de litigio estratégico y combate a la impunidad, TOJIL, calificó como “dudosos” los resultados que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entregó en los últimos tres años.

  • La organización indicó que de 2019 a octubre de 2022 se abrieron 3 mil 36 investigaciones en la instancia adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales únicamente 111 se judicializaron y solo siete obtuvieron sentencia condenatoria.

“Es importante señalar que además esta fiscalía carece de la autonomía necesaria, pues la decisión de los que casos que indaga no recaen sobre el fiscal general y ni sobre su titular. Los casos de mayor impacto son investigados por otras áreas distintas a la Fiscalía Especial con cuestionables resultados”.— Señala el comunicado de TOJIL.

  • Asimismo, el organismo encabezado por las abogadas Adriana Greaves y Estefanía Medina detalló que la situación es similar en las fiscalías estatales, donde se identificó que de las 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las fiscalías especializadas en 2022, solo el 4.3% llegaron ante un juez y 0.2% obtuvieron una sentencia en 9 entidades federativas.

De acuerdo con el reporte de Levantemos la Voz de la Fiscalías Anticorrupción publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción carecen de los recursos necesarios para cumplir con su labor, y los estados de Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con estas instancias especializadas en combate la corrupción.

Lo anterior con importantes diferencias entre las entidades, pues mientras entidades como Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato judicializan más del 15% de los casos, entidades como Colima y Guerrero no reportan la judicialización de ningún caso.

  • TOJIL hizo hincapié en que el combate contra la corrupción en México “ha fracasado”, pues además de que nuestro país se ubica en en el lugar 124 de 180 países en el ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional; el tratamiento de los casos de mayor impacto como el de Emilio Lozoya; o el expediente abierto contra diputado federal y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, están más cercanos a la “simulación” que a la justicia.

“Lo más grave es que la mayoría de los casos de corrupción en México permanecen en la opacidad e impunidad, por lo que exhorta a las autoridades a terminar con la simulación y a emprender acciones contundentes para erradicarla”.— TOJIL.

Lozoya, está señalado por la posibles actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, como un posible soborno de 10 millones de dólares.

Mientras que “Alito” Moreno fue señalado durante meses por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por enriquecimiento ilícito y presuntos actos de corrupción; no obstante, la organización afirma que la investigación fue “congelada” luego de que el PRI votó a favor de las reformas para ampliar la presencia de militares en labores de seguridad en México hasta 2028.

Fiscalías anticorrupción

Derivado del reporte de “Levantemos la Voz de la Fiscalías Anticorrupción” publicado por IMCO y TOJIL, se identificó que Baja California y Baja California Sur aun no cuentan con fiscalías especializadas en combate la corrupción. Asimismo, la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción carecen de los recursos necesarios para un combate efectivo.

  • En términos de resultados, el reporte advierte que, de las 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción locales en 2022, sólo el 4.3 por ciento llegaron ante un juez y sólo el 0.2 por ciento obtuvieron una sentencia.

Lo anterior con importantes diferencias entre las entidades, pues mientras entidades como Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato judicializan más del 15 por ciento de los casos, entidades como Colima y Guerrero no reportan la judicialización de ningún caso.

Sólo 9 entidades federativas reportan contar con sentencias, destacando el caso del Estado de México con 35 sentencias.

  • En términos de recursos, en el 2022, el presupuesto reportado para 25 Fiscalías Anticorrupción asciende a 808 millones de pesos, aunque con mucha disparidad entre casa una de ellas. Por su parte el presupuesto para la Fiscalía Anticorrupción Federal fue de 174 millones 792 mil 336 pesos.
  • Ante este grave escenario, la organización TOJIL desde la Conferencia Internacional Anticorrupción hace un llamado para que se emprendan acciones urgentes en el combate a la corrupción a nivel nacional, y fortalecer el acceso de la sociedad civil de manera activa al combate a la corrupción.

Para ello, TOJIL ha generado acciones como el lanzamiento de un Manual que detalla precedentes y acciones de la participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción en México y en distintos países.

Además de un chatbot denominado TEO en el cual los ciudadanos pueden reportar casos de corrupción si son víctimas, así como recibir orientación y seguimiento de sus carpetas. Desde febrero de este año, el chatbot opera en la Ciudad de México, desde junio en Oaxaca y a partir de octubre en Quintana Roo.

¿Qué nivel de especialización tiene el personal de la fiscalía?

Por ejemplo, los peritos no cuentan con nivel licenciatura, no recibieron capacitación, tampoco los oficiales ministeriales han sido capacitados, los ministerios públicos no tienen licenciatura y no se registran investigaciones contra el personal.

  • En materia de procesos para el inicio y desarrollo de las investigaciones, entre otros aspectos, el trabajo de la Fiscalía veracruzana fue calificado como regular, debido a que no cuenta con esquema organizacional de trabajo, no contempla el carácter de víctima a la ciudadanía, tampoco lleva registros de la investigación y carece de una plataforma informativa. Al respecto, el reporte destaca que es importante que en los estados donde los ciudadanos presenten denuncias por casos de corrupción, la Fiscalía les reconozca y otorgue carácter de víctima.

“Estos criterios resultan de vital relevancia, ya que en un futuro permitirán una participación más activa de la sociedad civil en la vigilancia de la investigación de estos delitos, lo que impactará en la percepción de impunidad que existe en el país”, apunta.

Durante 2022, la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz registró mil 113 investigaciones iniciadas por casos de corrupción, de las cuales seis fueron judicializadas; aunque a la fecha no se han determinado sentencias condenatorias. El estudio detalla que el porcentaje de investigaciones judicializadas por investigaciones iniciadas en la entidad veracruzana apenas alcanza el 1 por ciento. Mientras que de seis investigaciones judicializadas, cuatro han sido vinculadas a proceso, lo que representa un 67 por ciento.

¿Por qué no operan de forma correcta las fiscalías anticorrupción?

A pesar de que los gobiernos federal y locales han abanderado el combate a la corrupción como una de sus principales acciones, los resultados de las Fiscalías Anticorrupción son preocupantes y desalentadores, señalan las organizaciones.

  • Las Fiscalías Anticorrupción carecen de autonomía operativa y de gestión y dependen directamente de las voluntades y deseos de los fiscales generales y/o gobernadores. Estas instituciones se han convertido en instituciones para cobrar venganzas.
  • En el estudio se identificó que en algunos casos no existe autonomía en la gestión y operación: no existen los incentivos necesarios para que puedan realizarse las investigaciones pertinentes.

Uno de los aspectos más destacados es que persiste la falta de normatividad básica para la operación de estas instituciones; la mayoría dependen de lo que hagan –o no– las Fiscalías Estatales; se conciben, hasta cierto punto (en algunos casos mucho más evidente que otros) como un área dentro de la fiscalía general y no como una institución independiente y autónoma.

La investigación concluye, por segunda ocasión, que el panorama nacional no es alentador, pues la mayoría de las FA no cumplen con los requisitos mínimos para su operación./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro:

Reporte%20Fiscal%C3%ADas%20Anticorrupci%C3%B3n%202022

 

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