La violencia político-electoral en México registró 382 incidentes durante 2025, lo que representa el segundo nivel más alto desde 2018, de acuerdo con el más reciente reporte elaborado por la consultora Integralia.
- Además, se indicó que la mayor parte de los incidentes se concentró en el primer semestre del año, cuando se registraron 254 casos, frente a 128 en la segunda mitad de 2025.
Los picos más altos ocurrieron en mayo y junio, lo que, según la empresa, reflejó que la cercanía de procesos electorales sigue siendo un detonante relevante para el uso de la violencia como mecanismo de presión política.
- Mientras que, en términos geográficos, la violencia político-electoral se concentró principalmente en Veracruz, con 104 casos; Guerrero, con 34; Morelos, con 32; Oaxaca, con 29.
- Igual Puebla, presentó 26 casos; y Guanajuato, con 21 incidentes. Estas entidades comparten, según el estudio, altos niveles de fragmentación criminal y debilidad institucional.
Además, el informe señaló que esta cifra confirma que la violencia se ha consolidado como un mecanismo recurrente de presión política y de control territorial en diversas regiones del país.
- Según el análisis, aunque 2025 no fue un año electoral típico —pues sólo se realizaron elecciones municipales en Veracruz y Durango, además de procesos judiciales en el ámbito nacional y en algunas entidades—, la cercanía de los procesos electorales continuó siendo un detonante relevante de agresiones.
- También, se advirtió que este fenómeno está estrechamente vinculado con la presencia del crimen organizado, cuyo objetivo no se limita a la agresión directa contra actores políticos, sino que busca asegurar el control territorial, económico y político en distintas regiones del país.
En el documento, se detalló que estas organizaciones recurren a mecanismos de imposición y coacción para dominar rutas, mercados y economías locales, así como influir en la vida pública.
Municipios vulnerables
- Integralia también destacó que los municipios siguen siendo el nivel de gobierno más vulnerable, al concentrar 79.3% de los casos, debido a factores estructurales como corporaciones policiales débiles, limitaciones presupuestales y escasa presencia de fuerzas de seguridad estatales o federales.
- En cuanto al tipo de agresión, el homicidio doloso fue el mecanismo predominante, al representar 49.2% de los incidentes registrados. Le siguieron las amenazas, los atentados con armas de fuego, los secuestros y las desapariciones, lo que refleja una escalada en la letalidad de la violencia política.
Finalmente, el reporte advirtió que, pese al incremento sostenido de este tipo de violencia, las actuales propuestas de reforma electoral no abordan mecanismos específicos para enfrentar el problema, por lo que se dijo que existe el riesgo de que en los próximos procesos electorales, particularmente en 2027, se registre un aumento aún mayor de asesinatos, atentados y amenazas contra actores políticos.
Crimen organizado sigue interviniendo en las urnas
Desde 2006 diversos actores políticos han intentado, de manera casi obsesiva pero ineficaz, construir una muralla legal que impida la entrada del crimen organizado a las urnas.
A pesar de que cada reforma electoral se presenta como la “definitiva” para fiscalizar recursos y limpiar candidaturas, la realidad es que el Estado mexicano lleva 20 años intentando blindar las elecciones sin éxito, lo que permite que el financiamiento ilícito y la violencia política se conviertan en actores determinantes de la vida pública.
- La lista de pactos rotos y leyes insuficientes es larga: destaca el “pacto nacional” de 2008, promovido por Jorge Carlos Díaz Cuervo, entonces presidente del Partido Alternativa Socialdemócrata, para que todos los partidos se comprometieran a no postular a personas vinculadas con la delincuencia.
- El intento quedó en el papel, pues la falta de mecanismos de verificación real por parte de la entonces PGR y el IFE lo convirtió en un gesto puramente retórico.
- En el mismo lapso se aprobó una reforma (2007-2008) que prohibió comprar tiempo en radio y TV para evitar que “poderes fácticos” influyeran en las campañas, pero eso sólo desplazó el flujo de dinero a estructuras territoriales y redes clientelares difíciles de rastrear.
- Entre 2012 y 2014 se firmó el llamado Pacto por México, que derivó en la creación del INE y un Sistema Nacional de Fiscalización que prometía revisar en tiempo real cada peso gastado.
- Sin embargo, el crimen volvió a encontrar la forma de burlar la ley para financiar candidatos a través de los reportes de “gastos no declarados” y el uso de efectivo en las campañas de 2018 y 2021.
Más tarde, entre 2021 y 2024 el INE y la Secretaría de Gobernación implementaron mesas de seguridad y acompañamiento a candidatos que al final no lograron frenar la intromisión del narco, pues según reportes oficiales esos comicios se colocaron entre los más violentos de la historia reciente, con decenas de candidatos asesinados y regiones enteras donde las planillas se retiraron por amenazas directas de cárteles.
La presidenta Sheinbaum envió al Congreso un Plan «B» en materia electoral con la que plantea fiscalizar campañas para evitar la intervención criminal: entre otras cosas, prohíbe el financiamiento de campañas con dinero en efectivo, con recursos de extranjeros y con recursos de procedencia ilícita.
- Sin embargo, voces críticas señalan que sin una reforma profunda a las fiscalías y unidades de inteligencia financiera estos candados seguirán siendo un cerrojo de papel ante un poder que opera fuera de la ley.
Narcocandidatos
El fracaso de estas estrategias ha dejado casos con nombres y apellidos, y destaca el más reciente de quien fuera presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, detenido en febrero pasado por vínculos directos con grupos del crimen organizado de la región.
También figura el caso de Julio César Godoy Toscano (2009-2010), hermano del entonces gobernador de Michoacán y hoy diputado federal por Morena Leonel Godoy Rangel.
- Julio César fue electo diputado federal mientras era buscado por la justicia por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana; sin embargo, logró tomar protesta tras entrar a la Cámara de Diputados escondido en la cajuela de un coche y obtuvo el fuero parlamentario antes de ser desaforado y convertirse en prófugo de la justicia.
- Otro caso mediático fue el de José Luis Abarca Velázquez (Iguala, 2014), exalcalde vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con el grupo criminal Guerreros Unidos, quien recibió 112 años de cárcel derivado de varias sentencias también por homicidio, secuestros y otros.
También, Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan, Puebla, fue detenido en 2026 en la denominada Operación Enjambre; Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, Chiapas, fue capturado en febrero de 2026; Emiliano Vázquez Bonilla, alcalde de Zapotitlán de Méndez, Puebla, capturado en 2024; Iván Guadalupe López Colín, edil de Chucándiro, Michoacán, detenido en junio de 2023.
También está Ricardo Pérez García, alcalde de Río Blanco, Veracruz (febrero 2023); María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, quien fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en colaboración con La Familia Michoacana, y al menos 12 ediles de Guanajuato y el Estado de México investigados por nexos criminales, pero cuyos nombres se mantienen reservados.
Con el cúmulo de casos y de intentos fallidos por blindar las elecciones, México llega a 2026 con una nueva propuesta, que será votada en los próximos días.
Estrategias cosméticas y superficiales
- Para expertos, México no ha logrado frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales porque las reformas y estrategias que se han implementado en las últimas décadas han sido “cosméticas” y “superficiales”.
- David Saucedo, consultor en seguridad, explicó que las políticas públicas que se han instaurado en México “han sido sólo para contener mediáticamente el problema, no para resolverlo de fondo”.
Planteó la aplicación de la llamada Ley de la Silla Vacía, vigente en países como Colombia.
- “Si se descubre que algún funcionario de elección tiene algún vínculo criminal, no sólo pierde el cargo y es procesado, sino que el partido que lo postuló ya no puede postular candidatos en procesos electorales.
- Pongo un ejemplo: en el caso de Tequila, Diego Rivera no sólo perdería el cargo de alcalde, sino que Morena no podría postular candidatos en Tequila durante dos y hasta tres periodos consecutivos.
- Esto obligaría a los partidos a no postular narcocandidatos y sería, desde mi punto de vista, un poderoso disuasivo para evitar la penetración del crimen organizado en los procesos electorales”, explicó.
Otra propuesta es la de una reforma para quitar a municipios las áreas de seguridad.
- “Una de las razones por las cuales los grupos del narcotráfico desean controlar a los municipios es porque desean controlar las direcciones de Seguridad Pública Municipales. Creo que hay que quitar a los municipios las facultades y que sean los estados y la Federación los que las que tengan esa facultad.
- En estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Estado de México, que son centenares de municipios, es imposible que tengamos centenares de corporaciones de Seguridad Pública municipales competentes, eficaces, transparentes, honestas.
- Es imposible, los ciclos de gobierno son de apenas tres años y no hay posibilidad de que maduren. Creo que la seguridad pública ya no puede estar en manos de los municipios, porque son fácilmente cooptables, corrompibles y se les puede amedrentar, así que si un municipio no tiene estado de fuerza se vuelve menos atractivo para un grupo criminal”.
Finalmente, Sebastián Godínez, politólogo de la UNAM, coincidió en que los esfuerzos por alejar al crimen de las urnas “ha quedado en el papel”.
“Esto tiene que ver más allá de una reforma coyuntural, ahí sí es necesario que diversas voces, y expertos, academia, políticos, los partidos tengan la capacidad de sentarse a negociar”, dijo. /PUNTOporPUNTO
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