Alimentación para el Bienestar, organismo que sustituyó a Segalmex, asignó contratos a una red de empresas que simuló competencia, que reportó domicilios inexistentes y que utilizó prestanombres con identidad robada.
- Se trata de cinco empresas “fachada” con vínculos entre sí, algunas creadas hace apenas dos años, fueron utilizadas en procedimientos de contratación para obtener asignaciones por el monto mencionado.
- Las empresas son: Konkistolo, FamilyDuck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todólogos.com.
Los métodos utilizados dentro de estas compañías son la simulación de competencia, además las empresas fantasma cuentan con direcciones inexistentes, usando departamentos, oficinas y bodegas donde nadie las identifica como sus domicilios fiscales, así como uso de prestanombres sin su consentimiento.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constató que cinco empresas con vínculos entre sí -algunas creadas hace apenas dos años- fueron utilizadas en procedimientos de contratación para obtener asignaciones por casi 2 mil millones de pesos en Diconsa, dependencia encargada de llevar alimentos a comunidades rurales y marginadas, que en el sexenio de López Obrador perteneció a Segalmex y que desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum pasó a Alimentación para el Bienestar, que hoy encabeza María Luisa Albores González.
- En una de las empresas de esta red, denominada Konkistolo, se utilizó la identidad robada de una mujer enferma y desempleada para firmar contratos por más de 256 millones de pesos.
«Esas cantidades son muy estratosféricas para donde yo vivo», dijo la mujer de 49 años de edad, quien reside en un pequeño departamento en la Alcaldía Benito Juárez.
«¿Alguien habrá ocupado mi nombre? No sé por qué aparezco ¡Imagínate algo tan serio!», añadió angustiada, al borde del llanto, al ver las actas notariadas en las que aparece como supuesta accionista mayoritaria y administradora única de Konkistolo.
- Las otras empresas ligadas a Konkistolo se denominan Abastémade, Grupo Pelmu, Todólogos.com y Comercializadora FamilyDuck. Las cinco participaron en procedimientos de contratación en Diconsa y obtuvieron las asignaciones entre 2022 y 2025, de acuerdo con cientos de documentos revisados por MCCI.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que esas cinco empresas participaron en 16 procedimientos de contratación en Diconsa. En el análisis de la dispersión del dinero, descubrió triangulaciones entre Grupo Pelmu y Todólogos.com, así como transferencias a tres personas físicas que son accionistas de distintas empresas que participaron en los procedimientos de adjudicación, lo cual es una evidencia de que simularon competencia.
Las cinco empresas de esta red aportaron como direcciones fiscales departamentos, oficinas y bodegas donde nadie los identifica.
En documentos oficiales se menciona que el domicilio de Konkistolo y de FamilyDuck está en Durango 2, interior 202, en la colonia Roma Norte, pero MCCI constató que esa dirección corresponde a un despacho legal que da servicio a personal del Poder Judicial.
Todólogos.com reportó su domicilio fiscal en unas torres de departamentos de Be Grand. Grupo Pelmu dio como su domicilio una bodega en Azcapotzalco, donde hay una imprenta.
Según la organización Empower, una vendedora de seguros y una empleada de una línea de autobuses en Morelos, fueron registradas como socias de FamilyDuck; la ex pareja de una de ellas, Enrique Magaña del Valle, es el titular del nombre comercial de la empresa. Además, Magaña del Valle también registró como propia la marca de Todólogos.com, y su hermano Yibrán es el administrador único de Grupo Pelmu.
El caso de Vanessa Flores y Konkistolo
En la investigación de MCCI se describe la historia de Vanessa Flores es una evidencia clave de este esquema. Su identidad fue robada y utilizada para formalizar contratos millonarios.
- Vanessa, una mujer de 49 años, enferma y desempleada, descubrió con incredulidad que aparecía como accionista principal, administradora única y representante legal de la empresa Konkistolo SA de CV.
- Esta empresa «fachada» recibió contratos gubernamentales por más de 256 millones de pesos.
- Los contratos fueron adjudicados a través de Diconsa, una dependencia estatal encargada de llevar alimentos a comunidades rurales y marginadas. Diconsa perteneció a Segalmex durante el sexenio anterior y ahora forma parte de Alimentación para el Bienestar en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Vanessa, quien reside en un modesto departamento en la colonia Moderna, no tenía conocimiento alguno de haber constituido la empresa o de los contratos millonarios asociados a su nombre.
¿Qué pasó en el caso de corrupción en Segalmex?
Contexto: el caso Segalmex se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con un desfalco estimado entre 9,500 y 15,000 millones de pesos, afectando a la dependencia creada en 2019 para fomentar la seguridad alimentaria en las zonas más vulnerables del país.
Desde 2020, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades por más de 3?000 millones de pesos; para 2022, ya se hablaba de más de 9?500 millones.
- Se han presentado alrededor de 156 denuncias penales, con más de 26 personas vinculadas a proceso, incluidos exfuncionarios y particulares.
- Ignacio Ovalle, presunto vinculado en el fraude, fue apartado del cargo en 2022 pero no enfrentó investigación penal directa.
- A inicios de 2022, la FGR ya tenía al menos seis carpetas de investigación abiertas, y se habían iniciado órdenes de aprehensión.
Condenan transa en el otro Segalmex
El Partido Acción Nacional (PAN) y el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, condenaron el caso de corrupción en Alimentación para el Bienestar, el órgano que sustituyó a Segalmex y asignó contratos a una red de empresas que simuló competencia, reportó domicilios inexistentes y utilizó prestanombres con identidad robada.
- «El ‘segundo piso’ del fraude de Segalmex ya está en operación: 2 mil millones de pesos entregados a empresas fantasma con identidades robadas y domicilios falsos. Los contratos se dieron en el gobierno de @lopezobrador y siguen en el @Claudiashein». Así la ‘transformación'», posteó el portavoz del blanquiazul, Jorge Triana.
- Para el senador Añorve, el caso recuerda al desfalco de Segalmex durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
- «Más de 15 mil millones de pesos desviados, la mayor estafa de este Gobierno, que sigue sin castigo para los verdaderos responsables», escribió en X.
«Hoy vemos el mismo patrón: Empresas fantasma, prestadores de identidad, domicilios falsos y millones que debían destinarse a las familias más pobres desaparecidos. ¿No que iban a acabar con la corrupción? Este nuevo capítulo de corrupción no debe quedar impune».
Empresas implicadas en el desfalco vuelve ser favorecida
Uno de los mayores esquemas de presunta corrupción detectado en la administración anterior no solo quedó impune, sino que aún funciona con el aval de exdirectivos y diputados federales.
Empresas implicadas en el desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) —con antecedentes de irregularidades, sobreprecios y documentación falsa— han vuelto a ser beneficiadas con contratos millonarios a través de licitaciones públicas a modo y adjudicación directa.
- Entre estas compañías sobresale Soluciones Logísticas Inteligentes S.A de C.V (SLI) que ha recibido al menos tres contratos por un total superior a 558 millones de pesos, bajo condiciones de opacidad, de acuerdo con Compras MX.
- La empresa había sido previamente señalada por su participación en esquemas de corrupción e incumplimiento de requisitos administrativos indispensables para este tipo de procesos de contratación.
- En 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en la Cuenta Pública de 2019 que Segalmex no acreditó el destino de más de mil millones de pesos debido a diversas irregularidades en el otorgamiento de contrataciones públicas.
Documentos internos apuntan a que la compañía Soluciones mantiene vínculos con Francisco Javier Borrego Adame, actual diputado federal, y con Tania Alejandra Valdez Reyes, exgerente de operaciones de Segalmex.
Además, fuentes internas consultadas por este diario señalan que el legislador federal ha ejercido presión directa en las áreas responsables de licitaciones y gracias a información obtenida por funcionarios que dirigieron el organismo en su etapa más opaca.
Es decir, de Ignacio Ovalle, exdirector del organismo y cesado en ese cargo (pero no en la administración pública) tras comprobarse el desvío de miles de millones de pesos, así como de Leonel Cota Montaño, quien asumió después el cargo de Segalmex, y militó en los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y ahora es miembro de Morena.
- En esta lista también aparece Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Precios de Garantía de dicho organismo y quien también sería un participante de la empresa SLI. Entre 2019 y 2022, el programa a su cargo presentó varias irregularidades, de acuerdo con las revisiones de las cuentas públicas en ese periodo de la ASF.
- Segalmex fue planeado para fusionar a Liconsa y Diconsa con el fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria de las poblaciones más vulnerables con un proceso de distribución de alimentos básicos más rápido y efectivo. Al final, la unión entre las dos entidades no se logró y en sus primeros años de operación, Segalmex presentó anomalías en la entrega de recursos.
Y es que además de las licitaciones a modo, el corporativo SLI recibió concesiones excepcionales para el traslado de insumos, tarifas elevadas por tonelada-kilómetro y selección preferente de rutas y vehículos, lo que derivó en sobrecostos para el erario y un posible daño patrimonial.
Segalmex cambia de nombre, pero repite contratos opacos
Lejos de corregir estas prácticas, el organismo reapareció en el proceso de licitación pública nacional LA-08-VSS-008VSS005-N-47-2025, bajo el nuevo nombre institucional de Alimentación para el Bienestar, S.A. de C.V que aglutina a las antiguas Segalmex y Diconsa.
- A través de su Subgerencia de Adquisiciones de este organismo se convocó a los interesados a participar para la contratación del servicio de fletes terrestres destinados al traslado de maíz, frijol, equipos, materiales e insumos relacionados con programas de alimentación social durante el ejercicio fiscal del presente año.
- Una licitación en donde aparece como proveedor SLI y otros antiguos proveedores de la era del priista Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex.
- Una situación que sugiere que el cambio de nombre no implicó una transformación real en los métodos ni en la ética institucional, tal como lo prometieron en su momento las autoridades federales.
Incluso, todo apunta a que se seguirá el mismo modus operandi en el que se desviaron millones de pesos y se documentó abuso de poder por parte de estas empresas.
Esto debido a que hay indicios de que la empresa habría incumplido en documentación oficial como pólizas de seguro y tarjetas de circulación, además de recibir condiciones preferenciales en movilizaciones logísticas.
Pagos adelantados e incumplimientos marcan contratos de Segalmex
A ello se suman otros señalamientos sobre una falta de control interno y permisividad institucional que podría configurar responsabilidades administrativas y penales hacia otras empresas que también ya han sido señaladas de prácticas irregulares.
- Los datos señalan que durante la gestión del exdirector de Precios de Garantía, Manuel Carrillo, y bajo el consentimiento de la exgerente de Operaciones, Tania Alejandra Valdez, se autorizó el pago total anticipado por 65 millones de costales de polipropileno a la empresa Fruverloz S.A de C.V, sin que esta cumpliera con los tiempos ni cantidades estipuladas en el contrato.
- El acuerdo estableció que el pago debía realizarse en parcialidades conforme a cada entrega. Sin embargo, Fruverloz solo entregó 30.5 millones de costales a tiempo, menos de la mitad de lo convenido, sin que se aplicara penalización alguna por el incumplimiento.
Peor aún, Segalmex terminó por desembolsar 342.3 millones de pesos por adjudicación directa, un procedimiento que, si bien fue legal en ciertas condiciones, en este caso careció de controles mínimos.
Posteriormente, la dependencia firmó un convenio modificatorio que incrementó en 20 por ciento el monto original, es decir, otros 27 millones de pesos adicionales a una empresa que ya había incumplido.
El patrón que se repite en ambos casos —pagos anticipados sin garantías, incumplimientos no sancionados, aumentos injustificados de contrato y relaciones personales entre proveedores y funcionarios— apunta a una presunta red de favoritismo dentro de este organismo que sigue generando un daño a las arcas públicas.
Y una empresa que fue cuestionada por la ASF por no entregar en tiempo y forma los bienes que se pactaron para Segalmex mediante contratos millonarios.
SLI y Fruverloz: así fueron sus contratos entre 2019 y 2024
Soluciones Logísticas Inteligentes S.A de C.V (SIL) y Fruverloz S.A de C.V fueron las ganadoras de contrataciones estratégicas entre 2019 y 2024 para la transportación de alimentos en todo el país.
- SIL reunió en contratos más de 2 mi 500 millones de pesos por servicio de fletes para el traslado de maíz envasado hacia los almacenes rurales de Diconsa, así como de leche en polvo. Además, traslado de maíz y frijol para su acopio.
- A su vez, Fruverloz S.A de C.V ejerció un contrato por 271 millones 200 mil pesos de marzo a diciembre de 2019 para venderle a Segalmex costales blancos de polipropileno. Fue el único que tuvo esta empresa en ese periodo.
Ese es el registro que ambas compañías dejaron en los archivos de Compras MX. Mientras sus nombres aparecían en los informes de la ASF por supuestos vínculos con una trama de corrupción para desviar recursos del organismo creado para garantizar la alimentación de las poblaciones más vulnerables, el flujo de dinero continuó para las compañías que en cinco años no recibieron ninguna sanción de la entonces Secretaría de la Función Pública.
Para SLI algunos años fueron de bonanza. En 2022 –en el que está la mayor cantidad– tuvo en cuatro contratos con Segalmex 677 millones 806 mil 603 pesos. Tres fueron por adjudicación directa y el otro por licitación pública. Un año después, la suma fue por 668 millones 794 mil 354 pesos por tres contratos también con Segalmex.
- Pero ese fue el capítulo siguiente de la historia. En 2019 y 2020, las cantidades obtenidas con contrataciones públicas no superaron los 200 millones de pesos. En esos años –los primeros en los que operaba– Segalmex perdió decenas de miles de millones de pesos. Luego, con los argumentos de la inexistencia y la reserva, el organismo se negó a proporcionar información sobre los procesos internos y jurídicos para recuperar el dinero faltante y por qué algunos contratos se asignaron a determinadas empresas.
El desfalco de Segalmex ocasionó 40 denuncias ante la Fiscalía General de la República, 661 expedientes de investigación en la Secretaría de la Función Pública (hoy Anticorrupción y de Buen Gobierno), detección de 30 empresas involucradas y la identificación de 29 funcionarios públicos que habrían participado en la trama.
SLI desata conflicto por acaparar transporte de maíz en Guerrero
Transportistas del estado de Guerrero alzaron la voz en contra de los múltiples abusos que se cometen en contra del sector en los últimos meses y que han generado escasez de productos básicos como el maíz y el desplazamiento de la fuerza laboral de esta entidad dedicada al transporte de mercancías.
- De acuerdo con representantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), la inconformidad se agudizó entre sus agremiados debido a que la empresa SLI no informó sobre quiénes serían los subcontratistas encargados de operar en Guerrero.
- Esto generó el descontento de cientos de trabajadores de la Amotac, quienes afirmaron que se buscó bloquear las rutas para trasladar el maíz en esta entidad y dar preferencia a los trabajadores de la empresa que es originaria de Guadalajara.
A estas acusaciones se sumaron señalamientos de que la empresa jalisciense trató de reducir los costos para la transportación de este alimento en Guerrero, además de imponer jornadas laborales extenuantes y bajo condiciones precarias.
Según lo expuesto en medios de comunicación locales de Guerrero, representantes de la empresa de transportes SLI y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) han buscado minimizar esta problemática y acallar las voces que se han pronunciado en contra de estas prácticas.
A consecuencia de estas protestas y bloqueos en rutas clave de Guerrero se afectó no solo el tránsito de tráilers de carga, sino también la entrega de maíz a centros de distribución y pequeños comerciantes.
- A esto se sumaron diversos reclamos de que la empresa de Guadalajara ha intentado monopolizar el traslado del grano y hecho caso omiso a las solicitudes de los trabajadores de la entidad.
- Según medios locales, representantes de SLI y la Conatram intentaron contener la protesta sin éxito alguno.
- A la par, varios establecimientos en municipios del estado han comenzado a reportar problemas para abastecerse de maíz, lo que podría desencadenar una crisis si no se resuelve el conflicto lo antes posible.
Por ello, organizaciones de transportistas exigen transparencia en los procesos, condiciones equitativas de trabajo y que se frene el acaparamiento de rutas por parte de empresas favorecidas desde el centro del país.
Escándalos de Segalmex entorpecen el plan de Sheinbaum de bajar el perfil de la paraestatal
Los escándalos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) distan mucho de ser un asunto del pasado. La Administración de Claudia Sheinbaum ha intentado bajar el perfil de la paraestatal convirtiéndola en una oficina de Diconsa, pero los numerosos casos de desvío de recursos ocurridos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador siguen golpeando a la puerta del nuevo Gobierno.
- La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a un juez órdenes de aprehensión contra cuatro exfuncionarios de Segalmex y testaferros de empresas por un fraude en la compra de pesticidas por 50 millones pesos. Se trató de una compra simulada de plaguicidas, abonos y fertilizantes ocurrida en 2020, cuando el director de la paraestatal era Ignacio Ovalle, un amigo de López Obrador y en cuya gestión se ha descubierto un boquete multimillonario.
- El negocio de los pesticidas fue otorgado a la compañía Soluservicios Globales NXK, S. A. de C. V. en abril de 2020. El monto fue de 49,9 millones de pesos. La adjudicación del contrato se hizo de manera directa —sin competencia entre proveedores—, lo que no garantiza a las dependencias públicas encontrar las mejores condiciones de compra.
Segalmex justificó la urgencia de no abrir un proceso de licitación pública con el argumento de “salvaguardar granos y semillas [así] como los productos básicos y de primera necesidad que se tienen en existencia en los centros de acopio”.
El caso fue documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano auditor del Gobierno, que señaló que no había evidencia de que la compañía vendedora haya entregado a Segalmex los productos pagados. Tanto la ASF como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en 2021 y 2022. La Administración de López Obrador había priorizado el reparto de pesticidas a productores del campo como parte del programa Fertilizantes para el Bienestar.
- La FGR, a cargo de Alejandro Gertz, ha solicitado a un juez órdenes de captura contra cuatro exfuncionarios de Segalmex, de acuerdo con las fuentes consultadas: Oliverio Pérez Santoyo, que fue gerente del Programa Precios de Garantía; Juan Rojas Fontes, exgerente de Control Presupuestal (ya encarcelado); Alejandro Kuri Olivera, exgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, y René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas. Este último ya está en prisión y es el directivo de más alto nivel procesado por los escándalos de corrupción en la paraestatal.
- Ovalle, que era el jefe de todos los exfuncionarios señalados en la época de los desvíos, no ha sido investigado por la Fiscalía. López Obrador solo lo apartó de la dirección de Segalmex y lo asignó en una dependencia de bajo perfil, donde estuvo hasta que terminó el sexenio.
La empresa investigada, Soluservicios Globales NXK, pertenece a una red de compañías factureras —esto es, que simulan operaciones y que sirven para evadir impuestos y blanquear recursos— revelada en su momento por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Otras empresas de esa red obtuvieron más contratos y también defraudaron a Segalmex, según documentó la Auditoría Superior. Por ejemplo, Fruverloz, S. A. de C. V. fue contratada para surtir 65 millones de costales de polipropileno; la paraestatal cubrió el total del contrato, pero el proveedor no entregó ni la mitad del producto acordado.
La ASF denunció ante la Fiscalía que el incumplimiento del contrato implicó un daño al erario de 182,1 millones de pesos. Otra compañía involucrada es Profesional Bright XRW, S. A. de C. V., contratada para la adquisición de 300.000 tarimas; Segalmex pagó la totalidad del pedido, pero no recibió un tercio del embarque, lo que implicó una pérdida de 67,2 millones de pesos.
- Las fuentes del Gobierno federal han referido que los exfuncionarios Rojas Fontes, Kuri Olivera, Pérez Santoyo y Gavira aparecen en otra denuncia presentada por Segalmex, por un contrato adjudicado en agosto de 2019 a Inmobiliaria Terbix, S. A. de C. V. por 70 millones de pesos (81 millones con impuestos).
El contrato, suscrito por Gavira y Kuri, era por el servicio de conservación y mantenimiento de los almacenes del Programa Precios de Garantía. El objetivo principal era acondicionar una bodega en Zacatecas para convertirla en la sede principal de Segalmex. El contrato, como muchos de los que otorgó la paraestatal, no se cumplió a cabalidad. La Fiscalía ha documentado que Segalmex hizo al menos dos depósitos a las cuentas de Terbix por 41 millones de pesos en 2019.
Gavira está en prisión en el Reclusorio Norte desde diciembre de 2023, cuando se entregó a la FGR. Es acusado de los delitos de delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y blanqueo de capitales. Dado que fungió como titular de la Unidad de Administración y Finanzas, su firma aparece en decenas de contratos, muchos de los cuales son ahora indagados por la Fiscalía.
Una de las primeras alertas del mal uso de los recursos de Segalmex saltó cuando el exfuncionario tomó dinero público para invertirlo en bonos de riesgo. Luego vinieron más denuncias en su contra: una por la compra simulada de varias toneladas de azúcar, y otra por la pérdida de leche entregada a empresas que debían procesarla en crema y polvo. Junto a Gavira, han sido detenidos exfuncionarios menores y testaferros de varias compañías.
Cayeron Gavira y varios colegas suyos, pero Ovalle se mantuvo al frente de Segalmex hasta abril de 2022. Cuando su permanencia se volvió insostenible, López Obrador designó en su lugar a Leonel Cota, que se dedicó a documentar los desvíos y cerrar, en la medida de lo posible, la sangría de recursos. El expresidente ha reconocido que la corrupción en Segalmex, la tienda creada en su Gobierno para abastecer a los más pobres, ha dejado “una mancha” en su Administración. La Auditoría Superior ha denunciado la pérdida de al menos 2.577 millones de pesos en el sexenio pasado.
Sheinbaum ha decidido fusionar a la paraestatal con Diconsa, que era, junto a Liconsa, una de las dos filiales de Segalmex. En los hechos, a esta última se le han quitado las facultades de compra y venta y se la ha convertido en una reducida área técnica que no maneja recursos. La decisión de Sheinbaum de acotar a Segalmex previene que al menos no haya nuevas fugas de dinero público en esa institución. Pero los casos de saqueo registrados en el pasado inmediato, en el corto periodo de vida de Segalmex en el obradorismo, no han quedado saldados y amenazan con seguir apareciendo./Agencias-PUNTOporPUNTO
Investigación íntegra a continuación:
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