En Centroamérica “coexisten” varias crisis: SARS-CoV2, Recesión y Levantamientos

Azotada por los desastres naturales, la pandemia de Covid-19 y riesgos fiscales por el incremento de deuda, en Centroamérica “coexisten” varias crisis: el agotamiento del Estado que surgió luego de los acuerdos de paz de hace tres décadas y un modelo de desarrollo que es necesario repensar, expuso Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México.

En entrevista, detalló que la caída en los ingresos tributarios a causa de la baja en la actividad económica, la propia reducción en el producto interno bruto (PIB) y la depreciación de las monedas, hicieron “que se dispararan los niveles de deuda pública” en la región. La situación es más crítica en unas economías que en otras, pero, en general, el manejo del endeudamiento a la par de la crisis de Covid-19 es un problema sistémico mundial.

• Agregó que otra de las crisis centrales es el debilitamiento del multilateralismo, mecanismo que supone ser una herramienta para la resolución de problemas globales. Como muestra de esta mella –describió el directivo de la Cepal– están los “fuertes nacionalismos” de algunos países en cuanto el acceso a las vacunas, lo que redujo el papel de Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, para procurar una distribución más equitativa.
• Beteta confió que el cambio de gobierno en Estados Unidos ayude a dar más soporte al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que se lanzó hace dos años. Consideró que dado lo dicho hasta ahora por Joe Biden, nuevo presidente de ese país, se coincide en el deber de atender las causas estructurales de la migración en los países de origen y avanzar en “toda la gestión del ciclo migratorio”: destino, tránsito y retorno.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020, muestran que el 46.2 por ciento de la población que se mudó de Guatemala a México lo hizo en busca de trabajo; pero 37.7 y 37.1 por ciento, respectivamente, de las personas que migraron provenientes de El Salvador y Honduras lo hicieron a causa de la violencia. A estas condiciones se sumó la pandemia.

Luego de una década de expansión interrumpida, los estimados de la Cepal apuntan a que el año pasado se vivió una contracción económica promedio de 6 por ciento en Centroamérica y República Dominicana. Beteta detalló que se explica “principalmente por las restricciones a la movilidad y el cierre de actividades relacionadas con la pandemia; así como también a un impacto de la temporada de huracanes”.

• Naciones Unidas estima que por separado, los países de Centroamérica decrecieron el año pasado: Costa Rica, 4.8 por ciento; El Salvador, 8.6; Guatemala, 2.5; Honduras, 8; Nicaragua, 4; Panamá, 11, y por la integración económica también se cuenta a República Dominicana, para la que se estima una contracción de 5.5 por ciento.
• Con ello y una caída promedio de 1.2 por ciento de los ingresos tributarios vino también un incremento de cerca de 7 por ciento en el déficit fiscal en la región, y “es preocupante” porque en algunos países el saldo de la deuda de la política registró un aumento de alrededor de 9 punto porcentuales del PIB, detalló el directivo de la Cepal.

Hubo un paquete de apoyo fiscal por cerca de 4 por ciento del PIB, sólo en financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Costa Rica obtuvo 508 millones de dólares; República Dominicana, 650 millones; el Salvador, 389 millones; Guatemala, 594 millones; Honduras, 223 millones; Nicaragua, 185.32 millones, y Panamá 3 mil 215 millones de dólares.

Por ahora, en Costa Rica la deuda pública como proporción del PIB llegó a 80 por ciento y el Salvador 88 por ciento, de acuerdo con la Cepal.

• Beteta explicó que a nivel mundial “hay un problema del manejo de la deuda pública ante la pandemia”. Tanto los países de renta baja como los de renta media van a tener un problema de financiamiento, las calificadoras de riesgo recortaron las notas de la deuda soberana haciendo más costoso el acceso a crédito, “tienden a hundir a los países en el momento en el que necesitan salir”.

“Las tasas de interés a nivel internacional están en un mínimo histórico, por lo que hace sentido adquirir deuda de calidad, pero preocupa porque este es un espacio que tenemos que aprovechar para hacer nuevos pactos tributarios y recuperar la capacidad recaudatoria en los años venideros, porque si hay un incremento en la tasa de interés se va a disparar el servicio de la deuda.”

• Una manera de contrarrestar la situación, recalcó, es ampliar la utilización de los derechos especiales de giro del FMI para apoyar el financiamiento de emergencia. Reconoció que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda aceptada el año pasado por los países del G-20 “fue correcta”, sin embargo, su capacidad de cobertura es insuficiente si se toma en cuenta que sólo fue para países de ingreso bajo y 90 por ciento de la deuda es de países de renta media, entre ellos los de Centroamérica.

Subrayó que además de todo esto, también se deben evaluar los cambios en el sistema productivo, gravar a las grandes tecnológicas y eliminar la evasión fiscal.

Explicó que a la par de la crisis de salud, en Centromérica persiste una crisis del Estado mínimo, el cual no puede enfrentar, por ejemplo, que “una buena cantidad de los servicios de salud se mercantilizaron”.

“Estamos saliendo de un ciclo después de los acuerdos de paz, ya son más de 25 años y hay un cierto agotamiento de esa etapa (…) Los Estados que salieron de esos acuerdos de paz no son capaces de liderar el desarrollo y balancear los intereses de distintos grupos. Son Estados que continúan muy debilitados”, definió.

En ese sentido, y a la luz de que en diciembre de este año se cumplen 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana, recalcó que “este cambio de ciclo también amerita que uno piense en el modelo de desarrollo” de la región, en replantearlo. Como muestra de la economía de la región, en algunos países las remesas son 10 veces la inversión extranjera directa y en algunos casos son mayores al gasto de gobierno.

El colapso en Paraguay, Perú y Brasil

Paraguay

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, solicitó a todos los ministros de su gobierno que pongan sus cargos a disposición y se comprometió a «escuchar» a la ciudadanía tras las masivas protestas del viernes que se saldaron con al menos 21 heridos.

• El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Juan Manuel Brunetti, compareció para explicar la medida adoptada por Abdo Benítez, reunido con su gobierno en la Mburuvicha Róga, sede oficial de la Presidencia, para tratar la situación.

«Vengo a anunciarles, en nombre del presidente, que él ha escuchado a la ciudadanía. Llama a la paz, a la calma entre los paraguayos, respeta a las manifestaciones pacíficas. En ese sentido, hoy ha convocado a su gabinete y ha pedido a todos sus miembros que pongan sus cargos a disposición», explicó Brunetti en declaraciones recogidas por el diario paraguayo ABC Color.

Brunetti anunció además una rueda de prensa de Abdo Benítez para informar sobre los cambios dentro de su gabinete. El ministro destacó que el presidente tiene en cuenta la reacción ciudadana y las protestas para tomar la decisión de exigir a sus ministros que pongan sus cargos a disposición.

Al menos 21 personas resultaron heridas en la movilización del viernes contra el gobierno de Paraguay en protesta por corrupción y por la gestión del sistema sanitario, con profesionales sanitarios que reclaman suministros para poder hacer frente a la pandemia de coronavirus. Hay convocadas nuevas movilizaciones para este domingo.

• “Infiltrados”. El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, declaró el viernes tras los incidentes que la violencia fue provocada por un grupo de «infiltrados» que no formaba parte de los manifestantes.

Ya el sábado, Giuzzio anunció que la Asesoría Jurídica de la Policía y del Ministerio Público va a presentar una imputación penal contra estos «infiltrados». «El informe que recibimos y a vista se vio perfectamente que un grupo se estaban manifestando, saltando y en un momento dado se dio una orden y comenzó el disturbio. La manifestación era absolutamente pacífica», explicó, al tiempo que apuntó a «barras bravas», hinchas de fútbol, por los disturbios.

Giuzzio aseguró que el presidente Abdo Benítez «quiere paz», y más en tiempo de pandemia, por lo que «desde el viernes se pidió a la Policía ir a la marcha sin armas, no se ordenó la represión».

• Oposición exige su renuncia. Mientras, desde la oposición, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), condenó la represión policial contra los manifestantes y tacó de «vergonzoso» ver a algunos «pescadores de río revuelto» hablar de corrupción aprovechando las protestas.

«Repudiamos la represión policial porque la ciudadanía fue violentada, porque si había un grupo de infiltrados, personas violentas, ellos (los policías) debían controlar a ese grupo y no salir a reprimir a los manifestantes que se fueron con alegría en una fiesta cívica a ejercer su derecho», declaró González a la emisora ABC. La diputada destacó el carácter pacífico de la protesta y señala a la Policía por no saber controlar a los «infiltrados» que «empañaron la fiesta cívica».

Por su parte, el senador Hugo Richer, del Frente Guasú, pidió que el presidente y el vicepresidente dimitan y que sea el presidente del Congreso quien asuma el liderazgo y convoque inmediatamente elecciones.

“La pregunta es qué margen tiene el Presidente, si tiene capacidad de liderar gobernabilidad ante una crisis sanitaria que tiene como consecuencia una crisis económica, social y ahora se traslada a una crisis política. Yo creo que este señor no tiene margen, necesitamos de un gobierno que lidere el proceso y no creo que Mario Abdo tenga esa capacidad», argumentó en declaraciones a la radio ABC.

• Rebasado por covid-19. El gobierno admitió recientemente que había escasez de medicamentos para tratar a pacientes de covid-19 y que casi todas las camas de cuidados intensivos de los hospitales públicos estaban llenas. Ante esta situación, el ministro de Sanidad, Julio Mazzoleni, demitió el viernes.

Paraguay se encuentra en máximos históricos de contagios, con más de mil 500 nuevos casos diarios y más de 300 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, por lo que el sistema sanitario se encuentra bajo una enorme presión. El país acumula 165 mil 811 casos y 3 mil 278 muertes desde el inicio de la pandemia.

Perú

Más de 125.000 muertos, la peor recesión en 30 años, un escándalo de vacunaciones secretas y la crisis política más feroz desde el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), con tres presidentes en una semana, es el saldo de la tormenta perfecta que azota a Perú desde hace un año, cuando se confirmó su primer caso de covid-19.

Fue el 6 de marzo de 2020 cuando comenzó esta espiral de decadencia en la que se ha sumido el país, donde el coronavirus no solo ha contagiado al menos a 1,3 millones de peruanos, sino que también ha infectado a la economía, destruyendo millones de empleos, aliado con una serie de políticos que conspiraron con el caos.

• Para ese día, en el que un piloto de avión recién llegado de Europa fue oficialmente el primer caso de covid-19, los peruanos ya veían el virus con temor, aunque al principio se subestimara por la lejanía de las noticias que llegaban primero de China y después de Europa.
• Había optimismo sobre el futuro, después de haber elegido a un nuevo Congreso que prometía acabar con la permanente crisis política que causó la anterior cámara que dominaba el fujimorismo.
• A los pocos días del primer caso, el 15 de marzo, Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar el confinamiento nacional, una cuarentena estricta y draconiana que le valió felicitaciones al entonces presidente Martín Vizcarra por la rapidez con la que tomaron esa medida.

Aunque inicialmente ese confinamiento era de dos semanas, acabó alargándose por tres meses y medio, y además de no servir para frenar al virus en seco como se pretendía, el costo fue un agonizante hundimiento de su economía.

• Economía desplomada. Prácticamente la mitad de la economía peruana quedó congelada, como se reflejó en abril, donde la caída de su producto interior bruto (PIB) fue del 40 %.

El año lo cerró con un desplome del 11,12 %, la mayor recesión de en 30 años, un porcentaje similar al ambicioso plan de gasto público del Gobierno para ayudar a familias vulnerables y empresas, con un desembolso de unos 67.200 millones de soles (unos 18.250 millones de dólares) en bonos y créditos a empresas.

Los esfuerzos evitaron que se disparara la pobreza, según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), pero no lograron salvar más de 6 millones de empleos que se perdieron durante la primera ola, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con gran parte de la población en el sector informal y dependiente de sus ingresos diarios, la ciudadanía se vio obligada a romper el confinamiento, mientras que la entrega de bonos en las oficinas bancarias causó aglomeraciones que también propiciaron la propagación del virus.

• Líder mundial en mortalidad. La covid-19 apenas tardó en colapsar el frágil, fragmentado y débil sistema sanitario de Perú, con una sanidad pública descuidada por décadas a la sombra del sector privado.

Pronto se reveló que Perú era uno de los países de renta media con menos camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) en relación a su población.

Sin espacio en los hospitales, los enfermos buscaban cuidarse en sus propias casas, lo que disparó la demanda de oxígeno medicinal.

Este fenómeno, que se ha vuelto a agudizar en la segunda ola con un incremento de la demanda del 300 %, provocó un mercado negro que elevó el precio del tanque de 10 metros cúbicos de 1.000 a 6.000 soles (de 271 a unos 1.625 dólares).

Sin oxígeno ni hospitales, los fallecidos aumentaron de manera exponencial y llevaron a Perú a ser durante varios meses el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por covid-19.

• Vive la peor crisis política. No fue hasta después de agosto que la situación sanitaria comenzó a normalizarse, pero entonces se recrudeció el ataque de la oposición hacia Vizcarra, pues el nuevo Congreso, que debía estar más alineado al Ejecutivo, se volvió incluso más rebelde y hostil que el anterior disuelto por el mandatario en septiembre de 2019.

Tras un primer intento frustrado de destitución en septiembre, el Parlamento logró su propósito en noviembre en un juicio político que fue denunciado por Vizcarra como un golpe de Estado, pues lo quitó del cargo a cinco meses de las elecciones generales de abril de 2021.

Eso convirtió en mandatario interino de Perú al presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, del partido Acción Popular, lo que desató una oleada de masivas protestas en todo el país contra su figura y su Gobierno de corte ultraderechista.

Merino solo pudo sostenerse cinco días en el cargo, pues se quedó solo, especialmente después de la muerte de dos jóvenes por disparos de la policía durante la represión de las grandes protestas del 14 de noviembre contra su gestión.

• Sagasti y su gobierno «de emergencia». En lugar de Merino, el Congreso nombró presidente interino al congresista Francisco Sagasti, del Partido Morado, que fue aceptado por la población ante la reticencia de los partidos que habían aupado a Merino.

Convertido en el tercer jefe de Estado de Perú en una semana, Sagasti vio cómo al poco tiempo se disparó la segunda ola de contagios sin que realmente estuvieran cerrados los contratos de compra de vacunas como había afirmado semanas atrás Vizcarra.

La segunda ola repitió las dramáticas escenas de la primera, con una incidencia aún mayor de muertes.

Hasta ahora hay 125.000 fallecidos por encima de las cifras de defunciones normales previas a la pandemia, de los que solo 47.000 están confirmados por covid-19 por el Gobierno.

• El «vacunagate», la cereza del pastel. En febrero llegaron las primeras vacunas, un millón de dosis de la estatal china Sinopharm, pero pronto se esfumó la buena noticia al saltar el «Vacunagate», el escándalo de vacunaciones secretas de más de 100 altos funcionarios con un exclusivo lote al que accedieron antes de que cualquier ciudadano pudiera ser vacunado.

Fueron 2.000 dosis llegadas a Perú para inmunizar en principio a los investigadores que participaban en el ensayo clínico que Sinopharm realizaba de su vacuna en Perú con 12.000 voluntarios pero que al final terminaron en manos de un grupo de privilegiados.

Ahí estaban, para desazón de la población, el expresidente Vizcarra y dos ministras (Salud y Relaciones Exteriores) en funciones, así como otros funcionarios que aprovecharon para vacunar a toda su familia pese a que el inmunizantes no estaba autorizado aún por el autoridad reguladora nacional.

Esta última crisis empañó el primer hálito de esperanza que surgió en el país como es el de que la vacunación ponga fin a la dramática situación.

Mientras, el país arranca su segundo año de pandemia en plena campaña electoral, llena de incertidumbres sin mejoras económicas en corto o mediano plazo y con el deseo de avanzar en un proceso de vacunación marcado por la llegada a cuentagotas de las dosis al país.

Brasil

Más de un año después de que un virus puntiagudo lanzara una campaña asesina en todo el mundo, la mayoría de los países han dejado atrás lo peor, con la ayuda de agresivas políticas gubernamentales y vacunas. Pero no Brasil.

La nación, del tamaño de un continente y de 212 millones de habitantes, se enfrenta a más muertes y casos de covid que nunca; sus hospitales están desbordados, su política es desordenada y su oferta de vacunas es muy limitada. Además de tener un presidente que se burla de la enfermedad, rechaza los tapabocas y deja a su suerte a los estados, el país alberga una variante que es más contagiosa y posiblemente más mortal.

Nada ilustra mejor la naturaleza extrañamente fracturada de las políticas brasileñas para enfrentar el covid —y cómo estas han sembrado la confusión, la ira y el sufrimiento— que tres ciudades a lo largo de una carretera de 230 kilómetros en el estado de Sao Paulo, donde coexisten tres enfoques distintos para enfrentar la pandemia. En una, es como que prácticamente no pasara nada; en otra, hay un confinamiento total; y en la tercera, la vacunación masiva está en marcha. En las tres, reina el caos, golpeadas por una enfermedad desenfrenada y sumidas en un profundo colapso económico que no muestra signos de terminar pronto.

“Lo que estamos viviendo ahora es mucho peor que lo que teníamos antes”, dijo Denise Garrett, experta en enfermedades infecciosas y vicepresidenta del Instituto de Vacunas Sabin en Washington. “Veo que una gran tormenta se cierne sobre Brasil”.

• Sao Paulo, el centro financiero y de la riqueza del país, es donde el virus tocó tierra hace un año en Brasil, transportado involuntariamente por esquiadores y turistas que provenían desde España, Italia y Estados Unidos. De ellos se propagó a las personas del servicio doméstico y empleados.
• Araraquara se encuentra casi en el medio del estado, a cuatro horas en auto de la capital, y hace tiempo que disfruta de su acceso a la riqueza. Sus 240.000 residentes ganan tres veces el salario mínimo de la nación.

En estos días, el trabajo es escaso. De hecho, todo es escaso. Araraquara ha estado herméticamente sellada, incluyendo el cierre de supermercados y estaciones de servicio, durante las últimas dos semanas para contener un ataque viral más fuerte que cualquier otro.

En los primeros dos meses de 2021, en la ciudad murieron más personas a causa del virus que en todo 2020. Las pruebas de covid no solo resultan ser positivas, sino que además lo son para la variante altamente contagiosa de Brasil, que surgió en la ciudad amazónica de Manaos. La cepa, que según los estudios preliminares es al menos dos veces más transmisible, apareció en más de 80% de las muestras tomadas en una clínica de la ciudad desde mediados de enero hasta mediados de febrero.

Entonces, el alcalde, Edinho Silva, impuso un confinamiento de una severidad sin precedentes.

“Opté por un cierre como el que tenían en China”, dijo. Si bien los efectos tardarán en aparecer en los números, era la única forma de evitar que la situación empeorara. “Si no cerramos, habrá personas muriendo sin tener el derecho de luchar por sus vidas”.

• A 130 kilómetros de distancia, la ciudad de Bauru, con 380.000 habitantes, se enfrenta a una tasa de contagio igualmente devastadora. Sus camas en la UCI están, al igual que las de sus vecinos, ocupadas al 100%. Los pacientes, que antes eran mayores, ahora tienen entre 20 y 30 años y llegan incluso más enfermos que los de antes.

Y, sin embargo, Bauru no está cerrando. Es bastante improbable que lo haga. La alcaldesa, Suellen Rosim, ha estado siguiendo los lineamientos del presidente, Jair Bolsonaro, e incluso se ha unido a las protestas callejeras contra el gobernador del estado por ordenar cuarentenas.

“Las personas están tomando riesgos, pero no porque sean irresponsables”, dijo el secretario de Salud de la ciudad, Orlando Dias. “Simplemente no pueden soportarlo más”. Niega que la pandemia esté en su peor momento y dice que un municipio con 70% de su producto interno bruto vinculado al comercio no puede simplemente detener las actividades porque el gobernador lo ordenó.

Así que la pequeña tienda de ropa de Fernando Christian en la ciudad no solo está abierta, sino que los clientes se prueban la ropa. El ayuntamiento lo sabe, dice. A lo que él y otros proveedores temen es la inspección estatal. Cuando llegan representantes estatales, las tiendas se apresuran a cerrar.

En la otra dirección, a 100 kilómetros de Araraquara, Serrana se ha hecho famosa por el virus de una manera muy diferente. La pequeña localidad de 46.000 habitantes, donde el virus ha sido dos veces más mortal que en las localidades vecinas, fue elegida para un estudio que, según los investigadores, es el primero de su tipo en el mundo: la vacunación masiva.

• Henrique y Viviane Ferreira hicieron alegremente la fila para formar parte del pequeño grupo de jóvenes de entre 30 y 40 años de Brasil que recibirán la vacuna. En otras partes del país, las vacunas están disponibles solo para los profesionales de la salud y aquellos de 75 años o más, además de grupos prioritarios, incluida la población indígena. El plan en Serrana es vacunar a 30.000 personas, esencialmente a todas las personas mayores de 18 años de la ciudad.
• El plan, que se mantuvo en secreto durante meses, causó revuelo cuando se anunció en febrero. Más de 90% de los residentes se inscribieron. Los forasteros intentaron comprar o alquilar propiedades, pero un censo evitó lo que el alcalde, Léo Capitelli, llamó “una migración masiva oportunista”.

Los resultados del experimento, que se esperan para mayo, podrían dar una idea de cómo sería la vida de los brasileños una vez que las vacunas aumenten de escala. Expertos en salud como Isabella Ballalai, vicepresidenta de la sociedad brasileña de inmunización, esperaban que eso ocurriera antes. El programa de vacunación centralizada de Brasil, dice, solía diferenciar al país incluso de las naciones ricas, asegurando un acceso rápido e igualitario.

“Podríamos estar vacunando mucho más”, dijo. “Es realmente triste ver la situación a la que hemos llegado”.

Las tres ciudades ejemplifican la enorme diversidad de las experiencias frente al covid que han vivido los brasileños. Las restricciones han variado de una ciudad a otra y a menudo se flexibilizan, solo para volver a imponerse semanas después, en una mezcla de políticas que tienen poca o ninguna aplicación, lo que reduce su eficacia y prolonga la situación. Los políticos que establecen las reglas han sido sorprendidos evadiendo sus propias órdenes y a menudo discuten públicamente sobre quién tiene la culpa de la crisis.

• El rayo de esperanza que ofrece la vacuna sigue siendo difícil de alcanzar. El país tiene solo unas pocas dosis a su alcance, insuficientes incluso para cubrir a los grupos prioritarios. Jonas Donizette, un exalcalde que encabeza una agrupación de 400 jefes municipales, culpa al Gobierno federal por no adquirir vacunas. Las ciudades, dice, intentan comprarlas por su cuenta, algo que nunca había sucedido antes.

Y luego está la economía. Los subsidios en efectivo del Gobierno, que ayudaron a más de 66 millones de brasileños el año pasado e incluso redujeron los niveles de pobreza, se agotaron en diciembre. Si bien los legisladores debatieron una nueva ronda de ayuda, que se aprobó esta semana, los datos de las ventas minoristas se han desplomado, lo que muestra el efecto de la eliminación gradual de los llamados cupones de descuento.

Christian, dueño de una tienda de ropa en Bauru, se encuentra entre los millones que perdieron sus empleos durante la primera ola de la pandemia. Después de ser despedido de una tienda de ropa deportiva, abrió un camión de comida con su suegro, solo para tener que venderlo, junto con todo lo demás, a medida que la crisis empeoraba.

Hoy gana aproximadamente la mitad de lo que ganaba antes de que el virus golpeara al país. Pese a que su esposa también gana dinero horneando pasteles y vendiendo ropa usada, no es inusual que su refrigerador esté vacío, especialmente ahora que la ayuda del Gobierno se ha agotado. Es una preocupación diaria: “Si hay un confinamiento, no ganaré nada”, dice.

• Los Ferreira, en Serrana, también han observado una desaceleración de los negocios, especialmente en su trabajo a tiempo parcial como fotógrafos de bodas. La vacunación masiva aún no se ha materializado en un repunte de la actividad, aunque el hecho de saber que ellos y sus familias están más seguros suaviza un poco el golpe.
• La sensación de que la política va a la deriva y el aumento de las muertes (en Brasil han fallecido más de 260.000 personas a causa del virus, cifra que solo supera EE.UU.) está generando ansiedad política.

Esta semana, los gobernadores estatales criticaron al Gobierno federal por difundir información falsa y “priorizar los conflictos, crear imágenes del bien contra el mal y socavar la cooperación”. Estados desde Sao Paulo hasta Pernambuco y Rio Grande do Sul han endurecido las restricciones en los últimos días para tratar de detener la propagación.

Los secretarios de Salud estatales emitieron una declaración en la que instaban al Gobierno a reconocer la gravedad de la pandemia, que está causando el colapso de varios sistemas de salud públicos y privados. Lamentaron la falta de una política nacional coherente y solicitaron reglas más estrictas para las empresas no esenciales, como la prohibición de actividades deportivas y religiosas, y todas las clases presenciales, al igual que el cierre de bares y playas. También pidieron a las autoridades que consideren cerrar los aeropuertos y suspender los viajes interestatales, así como imponer un toque de queda nacional de 8 p.m. a 6 a.m. durante la semana y durante todo el día los fines de semana.

Si bien algunos miembros del Ministerio de Salud están abiertos a discutir medidas a nivel nacional con los gobernadores, la preocupación es que el propio Bolsonaro prohibirá cualquier iniciativa de este tipo, dijo una persona familiarizada con el asunto.“Vamos a seguir viendo una gran cantidad de contagios y muertes durante al menos tres meses, porque no hay nada que impida que ocurra”, dijo Antonio Carlos Bandeira, director de la sociedad brasileña de enfermedades infecciosas. “No son los confinamientos que se realizan en un lugar u otro lo que lo evitará. Se tendrían que haber hecho de forma coordinada hace mucho tiempo”.

Esta semana, al tiempo que Brasil informaba una cifra récord consecutiva de muertes a causa del virus, Bolsonaro invitaba a sus aliados a un almuerzo en Brasilia. El grupo, en su mayoría sin tapabocas, se deleitó con platos típicos, como frijoles con salchicha y col rizada, además de un cerdo asado entero. Al día siguiente, el presidente montó en cólera contra los gobernadores por crear pánico en la población.

• Variantes colapsan a Brasil. Las variantes del coronavirus consideradas más transmisibles y peligrosas avanzan en Brasil y ya son predominantes en al menos un cuarto del país, que enfrenta la peor fase de la pandemia con más de mil 800 muertos diarios.

Contenedores frigoríficos para almacenar cuerpos, ambulancias transformadas en improvisadas habitaciones de hospital, traslado de pacientes a miles de kilómetros de distancia… Las señales de un colapso sanitario son cada vez más visibles en Brasil.

En los cuatro últimos días el número de fallecidos asociados al COVID-19 no ha bajado de mil 600. El viernes fueron mil 800. El miércoles se perdieron mil 910 vidas, récord absoluto en el país, según el Ministerio de Salud.

El hartazgo de la sociedad después de un año de restricciones, el negacionismo del presidente Jair Bolsonaro y la falta de medidas a nivel nacional, convierten además a Brasil en un enorme «granero» para la aparición de nuevas variantes, según especialistas.

En al menos siete de los 27 estados brasileños ya son mayoría los casos detectados con las llamadas «variantes de preocupación». Son Amazonas, Ceará, Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

• La mutación brasileña, conocida como P.1 y originaria de Amazonas, ya está presente en casi todo el territorio nacional. Cada vez son más los indicios que apuntan a que la variante es capaz de evadir los anticuerpos generados por una persona que superó el COVID-19.
• Mientras, la campaña de vacunación avanza lentamente, en medio de una gran desesperación social. Apenas ha recibido la primera dosis 3.5% de la población.
• En consecuencia, cada vez son más los gobiernos regionales y municipales que han optado por endurecer las medidas sanitarias para contener el virus. Desde el viernes entró en vigor un toque de queda nocturno en la ciudad de Río de Janeiro.

Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, inició ayer el cierre de todos los negocios, salvo los de primera necesidad, durante las próximas semanas debido al grave repunte de casos y muertes, que han puesto su sistema sanitario al borde del colapso./Agencias-PUNTOporPUNTO