La iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador impactará a 260 plantas de generación eléctrica privadas en operación comercial en el país, con una capacidad instalada de 32.6 gigawatts, es decir, 47% de la capacidad instalada en México, de acuerdo con cálculos realizados por las asociaciones de energía renovable del país.
- Cabe recordar que entre los cambios planteados a 12 artículos y transitorios de esta ley que entró en vigor en el 2015 como parte de la reforma energética, está la revisión de contratos previos a la creación del mercado que se diseñó mediante estos ordenamientos, con lo que los productores independientes de energía (PIE) que le venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y quienes cuentan con un contrato legado de autoabasto podrían verse obligados a modificar sus contratos si son considerados ventajosos por parte de la autoridad.
Además, la denominada contrarreforma –cuya discusión inicia este jueves 11 de febrero a partir de las 11:00 horas vía remota en el Canal del Congreso de la Unión mediante la modalidad de Parlamento abierto con la participación de expertos– incluye también un orden de prelación para el despacho de energía a la red que beneficia a la CFE por encima de los productores privados de cualquier régimen, legado o de la nueva legislación, que incluye a los generadores de las subastas y a quienes tienen contratos de generación para vender directamente al mercado o en contratos bilaterales con consumidores.
De ahí que durante su argumentación en contra de la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional –ordenamiento suspendido por la Suprema Corte hace una semana tras la sentencia de inconstitucionalidad a favor de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)– las empresas agrupadas en la Asolmex, Amdee, Cogenera, AME y la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica, detallaron que además hay 56 proyectos con una capacidad de 8.4 gigawatts en pruebas y 130,000 sistemas de generación distribuida operando en el país.
- La inversión privada en el sector eléctrico del país ha generado 81,500 empleos directos e indirectos asociados con estos proyectos que hoy están dispersos en todas las entidades del país.
- En términos de inversiones ejecutadas, en la última década ascienden a 44,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, pero se calcula que entre 2021 y 2033 ascenderá a 24,000 millones de dólares con 113,000 empleos asociados. Lo anterior, derivado del potencial para instalación de renovables como eólica y solar con que cuenta el país.
- De los proyectos privados en operación del país, el 58% corresponde a tecnología térmica, mientras que 19% ya es energía eólica y 12% fotovoltaica. Del resto, 7% son proyectos de cogeneración, 3% es energía solar distribuida y 1% son hidroeléctricas.
Pero de los proyectos en construcción o pruebas, 51% de la tecnología es solar fotovoltaica, 27% son proyectos térmicos (principalmente ciclos combinados a gas natural) y 22% corresponde a energía eólica.
ICC alerta por efectos negativos de iniciativa
La Cámara Internacional de Comercio (ICC) pidió al pleno de los diputados rechace la iniciativa de reforma de la industria eléctrica, y con ello se evite someter al país en juicios de amparo y/o arbitrajes nacionales e internacionales, a los que acudirían las numerosas empresas para defender sus inversiones en el país.
El organismo privado consideró “innecesario” llevar al país a un debate cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya sentenció en contra de los principales argumentos de la reforma preferente.
La ICC, capítulo México solicitó al Congreso de la Unión “rechazar la Iniciativa Preferente enviada por el presidente de la República para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, turnada a la Cámara de Diputados el pasado 29 de enero ya que, además de afectar a toda la industria productora de energías limpias, perjudicaría también profundamente y a largo plazo la reputación de nuestro país frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros”.
Iniciativa de reforma eléctrica, ‘cambio mayúsculo’
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada por el Presidente atenta contra las empresas que ya operan en México, por lo que es indispensable que los legisladores analicen si cambiar la ley es una buena decisión para el país o si es correcto pensar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es más importante que México.
- El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, recordó que desde hace meses, muchos sectores productivos extranjeros se manifestaron contra los cambios que pretendieron hacer en 2019, cuando las empresas se sintieron afectadas.
- “Ahora, estamos hablando de un cambio mayúsculo, ya no de cambios a los reglamentos o a las normas, sino a la ley. Esa es la preocupación de todos, incluidos los mexicanos, al decir: oye será esta una buena decisión para el país, o creemos que la CFE es México. Yo creo que es más que eso. Nuestro llamado a los legisladores es que, ojalá con una gran altura de miras, vean si esto realmente beneficia a nuestro país”, comentó.
Viola iniciativa eléctrica Constitución
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) propuesta por el Ejecutivo tiene por lo menos ocho aspectos que ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte debido a que violan la competencia en el mercado, advierten especialistas.
- El 3 de febrero, la Corte invalidó diversas disposiciones de la Política de Confiabilidad emitida por la Secretaría de Energía (Sener), la cual también tenía como objetivo principal privilegiar el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación y despacho de energía eléctrica.
La iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el mismo objetivo.
Entre los puntos que coinciden entre la propuesta de reforma y lo declarado como inconstitucional por la Corte, se encuentra justamente el principio de competencia para el mercado eléctrico, el cual se vería vulnerado si la CFE toma un papel preponderante ante los privados.
Israel Hurtado, abogado especialista en energía, dijo que es importante que los legisladores tomen en cuenta la resolución judicial al revisar la iniciativa, pues de lo contrario será materia de controversias y amparos.
- «La Suprema Corte al final lo que determina en términos generales es que la política de confiabilidad obstaculiza la competencia económica (…) porque beneficia indebidamente a CFE con relación a todos los participantes en el sector eléctrico.
- «Estos criterios de invalidez tienen que ser incorporados en la discusión de la Comisión de Energía de la Cámara, tienen que ser tomados en cuenta, porque si no los consideran, y si no los quitan (lo que es complicado porque es echar para atrás la iniciativa), pueden ser materia nuevamente de una controversia o de amparos, incluso esto funciona como un antecedente; estarían aprobando una ley que será declarada inconstitucional», expuso.
Para Paolo Salerno, socio y fundador de Salerno y Asociados, también se podría buscar protección al amparo de los acuerdos del T-MEC.
«Todo el tema de competencia económica será el mismo camino, porque el Artículo 25 de la Constitución prevé la libre competencia, y además no sólo se podrá meter una controversia constitucional (sino que están), por otro lado, el T-MEC y los amparos. El escenario que se proyecta es de conflicto y no veo cómo puedan ganar», puntualizó
Iván Alemán, socio de Alemán y Asociados, coincidió en que la iniciativa replica varios aspectos de la Política de Confiabilidad que fueron invalidados.
La Sener, explicó, pretende legitimar su posición a través de esta iniciativa.
«El análisis de la política de confiabilidad se hizo al amparo de la Constitución, no de la ley, por lo que es de esperarse que los Ministros, en su caso, resuelvan, de aprobarse la iniciativa, en el mismo sentido de que es inconstitucional», comentó.
México, por arriba del promedio en pérdidas de energía eléctrica en AL: Cepal
México se encuentra por arriba del promedio de pérdidas de energía eléctrica al situarse en 17 por ciento, cuando la referencia es de 16 por ciento para la región y 8 por ciento a escala internacional, de acuerdo con un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
- En el reporte Análisis de las tarifas del sector eléctrico, la Cepal explicó que varios países se encuentran en niveles de pérdidas muy superiores al 16 por ciento, que es la media de la región, aún cuando esta no representa un óptimo, sino que es el doble de la referencia a nivel internacional.
La organización refirió que posiblemente las instalaciones de distribución no tienen las inversiones y mantenimiento adecuado y esto se traduce en mayores pérdidas técnicas y no técnicas de gestión, o que existe parte de la población que por diferentes motivos hace un uso no registrado de la electricidad conectándose de manera ilegal.
- Los datos muestran que México se encuentra solo por debajo de países como Suriname (19 por ciento), Guyana (21), Paraguay (24), Jamaica (26), Venezuela (29), Honduras (30) y Haití (59).
«La incorrecta definición de las tarifas, su actualización a destiempo y su apartamiento de la capacidad de pago de los usuarios puede motivar al hurto de energía», refirió. La Cepal apuntó que el sistema tarifario debe perseguir dentro de sus objetivos la comunicación de una correcta señal precio que forme una cultura de pago en el consumidor y a la vez el servicio debe ser tal que el usuario sienta que vale por lo que paga.
A su vez, en determinados sectores, un precio inadecuado fomenta el uso no eficiente de la energía, y en ese sentido los subsidios juegan un rol fundamental. «Si el usuario con capacidad de pago siente que lo que abona por el servicio de electricidad es muy poco, tenderá a hacer un uso ineficiente», afirmó.
- Las pérdidas de energía eléctrica se dividen en las técnicas, que se originan al distribuir la energía eléctrica, por el calentamiento de los conductores eléctricos y transformadores, y las no técnicas generadas por usos ilícitos (robos de energía), fallas o daños equipos de medición) y errores administrativos.
- La última información de la CFE mostró que derivado de las estrategias desplegadas en el país para reducir las pérdidas de energía, se logró contener este indicador y se ingresaron 3 mil 194 millones de pesos a la compañía.
La eléctrica nacional cuenta con un plan estratégico para contener y reducir las pérdidas de energía no técnicas, que incluyen revisiones a equipos de medición, modernización de medidores que cumplieron su vida útil o presentan daños, regularización de asentamientos y usuarios, así como el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.
Advierten fuga de empresas
Ante la incertidumbre generada por las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, empresas han tenido que cerrar, migrar o despedir a trabajadores, revela una investigación de El País.
De acuerdo con el diario español, el sector energético es el más afectado debido a que la actual Administración busca regresarle el monopolio del mercado del petróleo y la electricidad a Pemex y a la CFE.
- Apenas hace un par de semanas, el Jefe del Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente que busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad mediante una reforma a la Ley de Industria Eléctrica.
- El País aborda el caso de Urbix Resources, una startup en tecnología mineral que migró de Hermosillo, Sonora, a la ciudad de Mesa, Arizona, a principios de 2019.
- “Nosotros, como startup, vimos demasiada incertidumbre en la Presidencia de México”, dijo al diario el ingeniero sonorense Nicolás Cuevas, de 34 años, fundador de la empresa.
“No sabíamos quién iba a ganar, pero teníamos que decidirnos por un país y la realidad es que el país más estable era Estados Unidos. Entonces, decidimos vender nuestros activos en México y mudarnos”.
Ya en los Estados Unidos de Norteamérica, Cuevas y sus colegas consolidaron una compañía que en 2020 rebasó sus metas de crecimiento y financiamiento. Esperan para 2025 alcanzar ganancias anuales por 300 millones dólares derivadas, en parte, de órdenes ejecutivas firmadas por el nuevo Presidente, Joe Biden.
“Teníamos que ofrecerle a nuestros inversionistas, tanto americanos como mexicanos, certeza y protección. Certeza más que nada”, agregó Cuevas.
- Otros casos son los de la empresa inglesa de energía renovable Solarcentury, que cerrará su oficina en México este año, y Sowitec, empresa alemana de energía renovable, que redujo su plantilla en septiembre pasado ante un panorama de incertidumbre para sus proyectos.
- Según El País, las compañías se han enfrentado a múltiples obstáculos desde que López Obrador asumió la Presidencia. Entre ellos, enlistan el freno a los permisos para operar, los ataques del Mandatario contra la inversión privada y polémicas iniciativas como la prohibición del outsourcing o la reforma eléctrica.
Además, la cancelación de proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y una planta cervecera en Baja California, así como la falta de apoyos ante la crisis por la pandemia.
“Empezó a obstaculizar el poder desarrollar este tipo de proyectos desde limitar el acceso a información del Sistema Nacional Eléctrico, la obtención de permisos a nivel federal e inclusive local. La pandemia fue para el Gobierno federal una oportunidad para impedir la expedición de permisos, ya que las oficinas de reguladores y secretarías como la Semarnat, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) han permanecido cerradas, aseguró Alejandra Domínguez, gerente de Sowitec.
“Esto impidió que pudiéramos obtener las autorizaciones de los proyectos que teníamos”.
Los inversionistas ahora tienen la mira en las elecciones de junio, en las que Morena podría perder su mayoría en el Congreso.
Es la iniciativa más destructiva para la economía
Para las empresas de energías renovables en México, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es la más devastadora para el país por sus posibles impactos a la economía.
- “Es la más destructiva de todos los intentos del gobierno en el sector eléctrico desde hace más de un año, pero no solo por su impacto en el sector, sino por las consecuencias para la economía de México”, declaró en entrevista con Forbes México el vocero de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energías Renovables (AMDEE), Julio Valle.
- El pasado 29 de enero de 2021, el político tabasqueño envío a la Cámara de Diputados una propuesta que pretende priorizar las plantas eléctricas de CFE en el despacho al sistema eléctrico nacional y relegar las plantas de energía renovable de la iniciativa privada, cancelar permisos de autoabasto eléctrico, así como eliminar la obligación para que la subsidiaria CFE Suministro Básico —que atiende a 45 millones de clientes— compre luz de las Subastas Eléctricas derivadas de la Reforma Energética del priista Enrique Peña Nieto.
El representante del sector de energía renovable citó un impacto a la Constitución mexicana en competencia económica, además de aplicación retroactiva de una medida para cancelar permisos de forma arbitraria, y limitar la rentabilidad de inversionistas privados, no sólo en generación eléctrica sino en el acceso a redes de transmisión.
- Para explicar su punto, Valle citó los costos de generación derivados de las subastas eléctricas, con precios de 650 pesos por MegaWatt-hora (MW-h), incluido el Certificado de Energía Limpia (CEL), frente a los 1,400 pesos por MW-h que ofrece el portafolio de la empresa productiva del Estado.
- “Es más del doble. Si el gobierno se avoca a generar electricidad con tecnología más cara, esto se traducirá en tarifas más altas o subisdios, y tendría una presión para las finanzas públicas en el corto y mediano plazo”, advirtió.
En 2019, el gobierno de López Obrador entregó a CFE subsidios por 75,000 millones de pesos para las tarifas eléctricas, según el reporte anual de la compañía estatal. La administración morenista ha prometido que la luz sólo suba de acuerdo con la inflación.
- Otro golpe de la iniciativa de reforma eléctrica es un posible aumento en tarifas eléctricas que afectaría la competitividad del país y ahuyentaría nuevas inversiones, la planta laboral existente, con recortes adicionales por no poder fabricar componentes de exportación.
Además, dice el vocero, para corporativos o empresas con ambiciones medioambientales sería una señal muy negativa porque no tendrían cómo cumplir sus compromisos para frenar el calentamiento global./Agencias-PUNTOporPUNTO
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