La administración de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) transfirió, “en una sola exhibición”, 227 millones de pesos a la empresa AMPS, creada por Jorge Tello Peón y Marco Antonio Novella Juárez, dos personajes del círculo de confianza del extitular de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, hoy convicto en una prisión de los Estados Unidos por crimen organizado.
- Tello Peón fue asesor presidencial de Felipe Calderón en materia de seguridad pública, y se le atribuye el fichaje, en aquella administración, de García Luna, quien fue condenado a casi 40 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. Marco Antonio Novella Juárez , por su parte, fue director de Desarrollo Penitenciario de la SSP en el primer círculo del ahora convicto.
- De acuerdo con una investigación desarrollada por EMEEQUIS con base en la consulta de registro notariales y corporativos, recursos de transparencia y consultas al INE, la transferencia del dinero se efectuó para cubrir el costo de un contrato asignado de manera directa y con vigencia de diciembre de 2025 a diciembre de 2026, por “la prestación del servicio para el proyecto” denominado “Centro Estratégico de Seguridad Integral”.
No sabemos si AMPS fue contratada por el INE, por un proyecto escrito, por la ejecución de una obra o por un servicio operativo, ya que la versión pública del contrato no incluyó el anexo técnico.
EMEEQUIS solicitó con oportunidad al INE el documento faltante o en su defecto especificación sucinta sobre los bienes o servicios adquiridos con la contratación señalada, así como una exposición sucinta sobre el criterio preciso por el que decidió omitir la licitación para asignar el contrato.
Como respuesta, el organismo remitió a este medio de información la copia de una respuesta a una solicitud de información sobre el contrato en cuestión, en la que se informa que los detalles relacionados con el anexo único del contrato fueron clasificados por cinco años, por cuestiones de seguridad nacional y para la preservación de la democracia; y en la que se alude al surtido de cámaras de vigilancia y torniquetes colocados en dos edificios del mismo instituto.
- Por otro lado, pedimos a la IA de Google que, con base en el precio por metro cuadrado para el ciclo 2025 – 2026 del Centro de Ingeniería de Costos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), estimara qué obra podría ejecutarse con los recursos transferidos por el INE a la caja de la empresa fundada por Novello y Tello Peón.
Según la IA, con dichos recursos podría financiarse un hospital privado completo, de tamaño mediano, con aproximadamente 9,500 metros de construcción; un edificio corporativo moderno de diseño estándar de unos 7,500 metros cuadrados; una nave industrial de manufactura o centro de distribución logística de poco más de 21 mil metros cuadrados; o 261 viviendas de interés social (incluidos costos de terrenos y urbanización).
El dinero salió del INE directo a la cuenta de la compañía creada por los amigos de García Luna en un solo depósito.
- Y es que el contrato, con número INE/050/2025, se decidió a dedo: “el instituto aprobó la excepción a la licitación pública para la adquisición de bienes objeto del presente contrato, mediante Acuerdo No. 1, tomado en Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios” del 5 de diciembre de 2025”. Le notificaron al proveedor en la misma fecha.
- El objeto del contrato consistía en “la prestación del servicio para el proyecto integral ‘Centro Estratégico de Seguridad integral’ para los inmuebles del Instituto Nacional Electoral (Tlalpan, Tláhuac, orum, Zafiro, Insurgentes, Quantum, Centro de Cómputo y Resguardo Documental, y Moneda) y las 32 juntas locales ejecutivas”.
El monto que la institución destinó por este servicio para la empresa de Novella y Tello Peón fue de 227 millones de pesos cerrados, con el IVA incluido, que fue liquidado en una sola exhibición.
El INE establece que la firma del contrato “se realizó a petición de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (a cargo de Mario Alfonso Burciaga Esparza) de la Dirección Ejecutiva de Administración”, y designó como administradora del contrato a Ofelia Sánchez Frías, coordinadora de Seguridad y Protección Civil del organismo, y a Guadalupe Durán para recibir la documentación del beneficiario.
La vigencia del contrato es de la fecha del 5 de diciembre de 2025 al 5 de diciembre de 2026. Es decir, inició su vigencia en cuanto se asignó y continúa al menos durante este año.
El INE justificó la “excepción” para asignar el contrato sin licitación ni concurso de ningún orden, “con fundamento en los artículos; 134, párrafo cuarto, de la Constitución”; “21, fracción II; 23, 24, 26; 31, párrafos primero, fracción I; segundo y décimo primero, fracción I; y 35, fracción I, del Reglamento de INE en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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