El pequeño comercio en México enfrenta, cada vez más, la extorsión del crimen organizado. No se trata solo del llamado “derecho de piso”; en múltiples regiones del país, los tenderos son obligados a vender mercancía ilegal, pirata o adulterada bajo amenaza de violencia. Este fenómeno, silencioso pero en expansión, convierte a miles de tiendas de barrio en eslabones involuntarios de la cadena delictiva.
- El impacto económico es devastador. Juan Carlos Buitrago, general colombiano en retiro y especialista en seguridad del comercio legal, ha documentado cifras alarmantes: “En México solo en el sector textil se pierden cerca de 250 mil empleos al año. Tienen que cerrar uno de cada 100 establecimientos en Ciudad de México; se han cerrado seis de cada 100 establecimientos, precisamente como resultado de este comercio informal que está cada vez más creciendo. Además, la afectación en el recaudo es enorme”.
El comercio ilegal no solo debilita la economía formal, también erosiona la capacidad del Estado para financiar programas de cultura, salud y educación. Buitrago advierte que “cada vez que un consumidor compra en la informalidad, alimenta a las mafias y priva al país de recursos públicos”.
Una presión constante sobre el pequeño comercio
“La presión del mercado informal y del mercado negro en las calles, en los barrios, es muy fuerte porque tenemos una economía de mercado negro muy robusta”, explica Cuauhtémoc Rivera, director de ANPEC.
En sus palabras, el canal tradicional —las tiendas de barrio, las misceláneas, los abarrotes— es el eslabón más cercano al consumidor, lo que las convierte en objetivo del crimen. “En México, si hay 10 pequeños comercios, cuatro padecen violencia y extorsión. Y probablemente son más, porque muchos no se atreven a reconocerlo ni siquiera en encuestas”, subraya.
- El resultado es un círculo vicioso: consumidores con bajo poder adquisitivo buscan productos más baratos, los tenderos enfrentan cuotas de extorsión y, al mismo tiempo, se ven obligados a vender mercancías de contrabando o adulteradas.
- El fenómeno se explica por su rentabilidad y el bajo riesgo que representa para los grupos criminales. El estudio del Observatorio Nacional Ciudadano indica que en 2021 se cometieron 4.9 millones de extorsiones, pero solo se denunciaron 246 mil, y de esas apenas 129 mil derivaron en una carpeta de investigación. En contraste, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó menos de 9 mil casos ese año.
La brecha refleja la “cifra negra” del delito y la falta de consecuencias para quienes lo cometen. “Es un delito muy rentable, castigado de manera suave, con penas bajas que permiten que los delincuentes rápidamente salgan libres y retomen su actividad”, afirma Rivera.
Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, agrega que la extorsión “afecta la competitividad, encarece productos y desplaza a los comerciantes legales”.
De la amenaza al control del mercado
El crimen organizado no se limita a cobrar dinero: toma control de la cadena de distribución. Rivera detalla ejemplos: “En Culiacán, desde hace tiempo imponen las marcas de contrabando de cigarros que se venden e impiden que se oferten los legales. En Guerrero ocurre con pollo, huevo, cerveza o tortillas. Ellos dictan las reglas de qué marcas se venden y a qué precio”.
- Para Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, este fenómeno es parte de un problema global: “El crimen organizado infiltra productos ilícitos en las cadenas legales de distribución. Utilizan la misma infraestructura del comercio internacional y se aprovechan de la falta de controles para mover mercancías ilegales con facilidad”.
- La consecuencia es clara: los pequeños comercios se convierten en vitrinas de un mercado negro impuesto por la violencia y sostenido por la corrupción.
- Uno de los ejemplos más documentados de este fenómeno es el del mercado ilícito de cigarros. Manuel Pérez Aguirre, investigador del Colegio de México y coautor del estudio Cigarros ilegales y crimen organizado, explica que el comercio ilícito pasó de representar 8.5% del consumo nacional en 2017 a 20.4% en 2023.
“Los cigarrillos presentan altos márgenes de beneficio y se encuentran entre los productos más comerciados en el mercado negro. Su producción y distribución son relativamente fáciles, con bajas tasas de detección y penalizaciones laxas”, indica el estudio.
- A esta tendencia se suma un nuevo estudio del Instituto Politécnico Nacional, que revela que actualmente 3 de cada 10 cajetillas consumidas en México son ilegales, lo que representa una pérdida de hasta 26,700 millones de pesos anuales en recaudación fiscal. El documento, presentado el 2 de octubre de 2025, advierte que este tipo de comercio ya concentra 28% del consumo nacional, triplicando la cifra registrada hace ocho años y afectando la efectividad de las políticas de control del tabaco.
El impacto no es menor: en 2017, la pérdida fiscal por este comercio se calculaba en más de 9,000 millones de pesos; para 2021 ascendió a 13,500 millones.
El general Buitrago enfatiza que, a diferencia del narcotráfico, “el contrabando de cigarrillos o alcohol adulterado es una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad”.
Una logística criminal aceitada por la corrupción
¿Cómo llega la mercancía a las tienditas? Rivera lo explica: “Llega por Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Altamira, Tijuana, Laredo y hasta por el aeropuerto de la Ciudad de México. También por vías subacuáticas. El tema es de capacidad logística, no de impedimento legal”.
- Campos añade otro ángulo: “Las mafias utilizan tanto canales físicos como digitales. Hoy, un consumidor puede recibir mercancía ilegal en su casa comprando en plataformas electrónicas sin saber que está alimentando al crimen organizado”.
Una vez dentro del país, la mercancía se concentra en nodos como Tepito en la Ciudad de México o San Juan de Dios en Guadalajara. Desde ahí, se reparte a bodegas menores y finalmente a los pequeños comercios.
El Observatorio Nacional Ciudadano confirma que la falta de controles efectivos en aduanas y la corrupción local son factores esenciales para entender la expansión del mercado ilícito.
El Comerciante: Víctima atrapada
El tendero de barrio queda en medio de este engranaje. La disyuntiva es simple: vender lo que el crimen impone o arriesgar la vida.
- Rivera lo resume: “Los comerciantes no quieren pleito, solo buscan trabajar. Pero cuando los amenazan, no queda otra opción que pagar, aceptar las reglas o cerrar”.
- El problema, advierte, es que se ha ido normalizando: “Si llegamos a aceptar la extorsión como parte de la realidad, México pierde muchas de sus posibilidades”.
La extorsión al pequeño comercio y la venta forzada de mercancía ilegal son dos caras de un mismo fenómeno: un sistema que combina violencia, corrupción y economía informal. Su expansión responde a la lógica del bajo riesgo y alta rentabilidad para el crimen organizado, frente a un Estado incapaz de proteger a los comerciantes y garantizar la legalidad.
El delito de extorsión “tiene de rodillas” a miles de empresarios
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), acusó que el delito de extorsión es el que “tiene de rodillas” a miles de empresarios en el país.
- Al clausurar el foro “Buenas Prácticas en Materia de Seguridad: Por un México en paz”, que organizó la Coparmex, Sierra Álvarez dijo que la seguridad es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y la posibilidad de un país mejor.
- “En Coparmex lo tenemos claro: sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo”, agregó.
Sin embargo, dijo que México vive un momento en el que la violencia, impunidad y falta de certeza jurídica han deteriorado el tejido social, afectando directamente la competitividad de la nación.
Estimó que en los últimos años, la inseguridad se ha convertido en el principal obstáculo para la inversión, el crecimiento económico y la generación del empleo formal.
Puntualizó que en la actualidad está en puerta la renegociación del T-MEC, por lo que urge que la atención a la inseguridad sea una prioridad.
- La Coparmex reveló que cada dos empresas socias han sido víctimas de por lo menos un delito durante el último año. Agregó que es aún más alarmante que 12.8% de los empresarios fue víctima de extorsión, un delito que lejos de disminuir se ha expandido y se ha sofisticado.
“Entre ellos, el llamado ‘derecho de piso’ se ha convertido en una práctica criminal inaceptable que vulnera la libertad económica, inhibe la inversión y amenaza la seguridad de miles de negocios en todo el país. Lo hemos dicho desde Coparmex es el delito de extorsión que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país”.
- Insistió en que la extorsión telefónica y el cobro de piso se han convertido en un cáncer, y la impunidad en un enemigo del desarrollo, ya que golpean con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, corazón productivo del país que genera 70% de los empleos formales.
- Sostuvo que la situación obliga a redoblar esfuerzos y a trabajar intensamente, gobierno y sociedad, para abatir las afectaciones y devolver la tranquilidad a las comunidades.
“Sí hay soluciones posibles y los empresarios estamos listos para aportar, desde la convicción de que una economía sólida necesita un entorno seguro”, concluyó.
Urgen a fortalecer las policías municipales
El fortalecimiento y la profesionalización de las policías municipales son factores fundamentales para garantizar la seguridad en el país, coincidieron autoridades de Coahuila, Michoacán y Estado de México en el foro “Buenas Prácticas en Materia de Seguridad: Por un México en Paz”, organizado por la Coparmex.
- Consideraron que sí es posible rescatar a las policías municipales, muchas de las cuales tienen un sistema de corrupción arraigado que permea no sólo a los elementos, sino que también está marcado por matices políticos y complicidades.
- “Que no les engañen, donde hay un policía en la calle robándole dinero a la ciudadanía, hay un mando operativo que lo respalda y un político que lo protege”, dijo Fabián Gómez comisario de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
- Javier Nieto, secretario de Seguridad Pública de Uruapan, Michoacán, dijo que a las policías no sólo les hace falta recursos económicos y profesionalización, sino también disciplina y valores a los elementos que las componen.
Coincidieron en que para sacar adelante a las policías municipales es fundamental la voluntad y coordinación política en los tres niveles de gobierno, porque el rostro de la delincuencia ha cambiado (ellos sí trabajan organizados).
Extorsión a las empresas cuesta más de 21 mil mdp
El delito de extorsión generó a las empresas que operan en el país un costo de 21 mil 358.6 millones de pesos de enero a septiembre de este año, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“El delito que no ha sido contenido y que reconoce el gobierno federal es la extorsión. En lo que va del año van más de siete mil carpetas de investigación y unas pérdidas de 21 mil millones de pesos, solo por extorsiones”, señaló Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex.
- Peñuñuri detalló que las empresas no suelen denunciar este delito por miedo a represalias del crimen organizado o bien, por desconfianza en las autoridades.
- Explicó que los delitos que se cometen, pero no se reportan siguen siendo uno de los mayores obstáculos para dimensionar la crisis de inseguridad en el país. En el caso de la extorsión, la cifra negra ha alcanzado históricamente hasta 96.7 por ciento.
“Las autoridades dicen que ciertos delitos van a la baja, pero eso no es cierto. La realidad es que no hay denuncias, hay cifra negra”, expresó.
Este fenómeno provoca que una gran parte de las extorsiones no existan en las estadísticas oficiales, lo cual crea una percepción falsa de mejoría en materia de seguridad.
El representante de Coparmex agregó que las empresas gastan alrededor de 30 mil pesos al año en cámaras de seguridad, vigilantes o vehículos blindados, debido a la inseguridad.
“Nosotros tenemos por lo menos un promedio de 30 mil pesos por empresario, que se está invirtiendo en la inseguridad. Llámese cámaras de seguridad vigilantes, eventualmente, vehículos blindados. Todo esto está generando unas pérdidas millonarias”.
Peñuñuri subrayó que, sin una estrategia que fomente la denuncia, fortalezca la protección a víctimas y garantice investigaciones eficaces, el delito seguirá creciendo en silencio.
- El gasto promedio de 30 mil pesos por empresario en seguridad, incluyendo cámaras, vigilantes y vehículos blindados, está generando pérdidas millonarias
- “Mientras la gente tenga miedo o no confíe en la autoridad, la extorsión seguirá avanzando y seguirá cobrando vidas, empleos y empresas”.
- Peñuñuri señaló que hay consenso político para aprobar la Ley General de Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. “Es una ley necesaria. Si no se ataca la extorsión, no hay inversión, no hay empleo y no hay paz”.
Por su parte, Juan José Sierra, presidente de Coparmex, adelantó que las negociaciones para definir el salario mínimo de 2026 iniciarán a finales de este mes. Aseguró que en los últimos años el salario mínimo ha tenido aumentos históricos. No obstante, Sierra advirtió que cualquier incremento deberá proteger la viabilidad de las empresas y el empleo formal.
Guanajuato lidera focos rojos de extorsión a nivel nacional
La organización no gubernamental «México Evalúa» reporta que, durante 2025, el estado de Guanajuato lidera la lista de mayores “focos rojos” de extorsión en el país. Junto con Morelos y la Ciudad de México, concentra las tasas más elevadas de víctimas de extorsión, con cifras por encima del promedio nacional y una tendencia al alza.
- De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto se iniciaron en Guanajuato 853 carpetas de investigación por extorsión, un promedio de tres diarias.
- “El centro del país y la franja Centro–Bajío concentran los mayores focos rojos, con Guanajuato, Morelos y CDMX como núcleos de extorsión, y estados vecinos como Querétaro y Estado de México en situación delicada”, indica México Evalúa.
- De acuerdo con el medio Milenio, quien ha documentado en la entidad, desde pequeños negocios, como los de tortilleros, hasta carniceros, vendedores en centrales de abasto y grandes empresarios, son víctimas de extorsión, principalmente mediante la modalidad de cobro de piso.
Al medir la incidencia por cada 100 mil habitantes, el reporte de México Evalúa muestra que Guanajuato no solo ocupa el primer lugar a nivel nacional en denuncias por extorsión, sino que estas habrían incrementado 26.1% con respecto a 2024. Este aumento se atribuye a la presencia de múltiples organizaciones criminales que se disputan el control del territorio.
“Por un lado, estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Baja California enfrentan una multiplicidad de organizaciones en disputa por el territorio, con presencia simultánea de violencia letal, extorsión y delitos patrimoniales”, explica el documento.
Adicionalmente, en una medición de los principales delitos —como violencia letal u homicidio, extorsión, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículo, robo a transportista y robo a negocio— Guanajuato también se encuentra entre las cinco entidades críticas que de manera recurrente registran los niveles más altos de incidencia o los incrementos más acelerados. “Concentra tasas elevadas en extorsión y narcomenudeo, además de repuntes en robo a transportista”, señala el estudio.
- En contraparte, algunos estados de la República muestran señales positivas en la disminución de este delito, como Campeche, Oaxaca y Durango, que reducen su incidencia. Otras diez entidades se encuentran en balance positivo, lo que demuestra que la contención de la extorsión es alcanzable.
Crimen organizado mantiene el control de precios sobre productos y servicios
El crimen organizado mantiene el control de precios sobre productos y servicios en al menos 10 estados de México, generando un impacto directo en la economía familiar y en las cadenas de distribución.
La extorsión y la imposición de precios afectan artículos de la canasta básica, materiales de construcción, combustibles, alimentos procesados, refrescos, cerveza y útiles escolares.
- En regiones de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el Estado de México, comerciantes, locatarios, transportistas y productores describen un esquema recurrente: los cárteles acaparan las mercancías, fijan los precios y obligan a los establecimientos a comprar en bodegas controladas por grupos delictivos.
Afectaciones derivadas del cobro de piso
Los tráilers que transportan productos básicos también deben pagar cuotas para circular y liberar su mercancía. Pobladores de Tierra Caliente en Michoacán, citados por El Universal, señalaron a Los Viagras y Los Blancos de Troya, grupos aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como los principales responsables de acaparar y distribuir productos como refresco, cerveza, abarrotes y carne.
- Un habitante narró para El Universal que “si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25; la carne 200 pesos y se da entre 230 y 240, porque los cárteles tienen presencia”.
- Los tenderos están obligados a comprar mercancía en determinados puntos de venta y deben pagar cobro de piso; la negativa puede derivar en amenazas de muerte.
Estos mecanismos se replican en Guerrero, donde grupos como Los Granados y Los Ardillos controlan precios y distribución de productos en la Costa Grande y la zona centro, generando redes paralelas de comercios.
Del mismo modo, en Tamaulipas, los lugareños reportan que solo pueden comprar a proveedores autorizados por el crimen organizado, especialmente en el caso de la carne, huevo y bebidas alcohólicas.
- La presión no se limita a productos alimenticios. Empresarios y comerciantes de materiales de construcción, agua embotellada, papelería y hasta servicios de internet están sujetos a los precios fijados por las organizaciones delictivas.
- El pago de extorsiones incrementa el precio final para el consumidor y lleva a muchos dueños de negocios a la quiebra o al cierre definitivo.
Dueños de carnicerías en Veracruz relataron que “el producto lo tienen que dar más caro” para solventar las cuotas semanales o mensuales impuestas.
- El fenómeno afecta tanto a zonas urbanas como rurales. En la Comarca Lagunera, entre Durango y Coahuila, organizaciones agrícolas y ganaderas denunciaron ante El Universal una ola creciente de extorsiones y control de mercados y dijeron vivir “en un ambiente de constante amenaza y miedo”.
- En Oaxaca y Veracruz, las extorsiones alcanzaron a empresarios, comerciantes y productores agrícolas, quienes sufren amenazas para que vendan, por ejemplo, cajas de mango a precios hasta cinco veces menores al del mercado.
- El coyotaje tradicional fue desplazado por la imposición directa del crimen. El pago de extorsiones, conocido como derecho de piso, repercute en encarecimiento de víveres, transportes y servicios.
El Universal registró que en Guanajuato la extorsión afecta especialmente a las tortillerías, y en Morelos más de la mitad de los comerciantes pagan derecho de piso. El transporte público también enfrenta amenazas; concesionarios de la Ruta 11 en Cuernavaca analizan suspender el servicio tras recibir ultimátums de grupos criminales.
- En Tabasco la extorsión afecta tanto a dueños de negocios como a transportistas, mientras que en el Estado de México el crimen usa su poder para controlar la distribución de mercancías robadas.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, afirmó a El Universal que la extorsión y el cobro de piso constituyen un problema consolidado y en expansión en el país: “fue un delito que se dejó crecer y ahora impacta negocios, productores y consumidores”, subrayó./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
