AGENCIAS
Varias organizaciones denunciaron hoy ante la CIDH que la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos «supera el 98%» en México, además de una creciente «criminalización de la protesta social», tanto en el caso de periodistas como de defensores de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación sobre esos dos asuntos durante sendas audiencias públicas en Washington.
«Según distintos informes, la impunidad alcanza niveles superiores al 98 %, siendo que tan solo alrededor del 1,5 % del total de denuncias presentadas llega ante un juez», indicó en la primera audiencia Nancy López, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
«Por un lado, las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los responsables. Por otro lado, el uso indebido de la jurisdicción militar ha favorecido que las violaciones permanezcan en la impunidad», destacó López.
Las torturas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales caen en un patrón «endémico y sistemático de impunidad» que se explica por la «falta de voluntad de las autoridades mexicanas para investigar y sancionar casos» que impliquen a «integrantes de sus propias instituciones», añadió.
«¿Cómo es posible que haya 22.600 desaparecidos en estos últimos 8 años y ni siquiera una condena?», preguntó por su parte Ximena Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Al respecto, el relator para México en la CIDH, James Cavallaro, indicó que «si las cifras (sobre impunidad) no cambian, tendrá (el Estado) que buscar las soluciones en otra parte, en la voluntad política», algo que respaldó la comisionada Rosa María Ortiz.
«Somos conscientes de que el Estado está tomando medidas muy importantes, pero la realidad las supera, y se necesitan resultados más inmediatos y efectivos para romper la impunidad. Si la sociedad no confía en sus autoridades, es muy peligroso», señaló Ortiz.
De parte del Ejecutivo mexicano, Eliana Garcia Laguna, de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dijo que el Gobierno federal «reconoce que existe impunidad» y trata de afrontarla mediante varias herramientas.
El problema de la tortura, dijo, es «una preocupación central de la Procuraduría General de la Nación y se están haciendo las acciones internas para avanzar en la investigación de ese delito».
En la siguiente audiencia, Pilar Tavera, de Propuesta Cívica, aseguró que su organización ha «identificado una tendencia a restringir el espacio público, la libertad de expresión y la protesta social en México», que resulta en la «criminalización» de periodistas y defensores de derechos humanos.
Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón, indicó que «la forma más efectiva de evitar violaciones a defensores y periodistas es sancionando las que se dan, y ahí existe un reto importante que tenemos que enfrentar todos, tanto en ámbito local como federal».
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, señaló que «en un Estado democrático de Derecho lo que hay que regular más» es el funcionamiento de las fuerzas de seguridad pública.
«El paradigma democrático no es controlar a la población, es controlar a la policía», subrayó Icaza.
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