En 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada a manos de policías municipales y grupos criminales en Iguala, Guerrero. A casi 12 años de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, en la cual exculpa al Ejército mexicano.
Tan solo en 2018, el mismo organismo publicó la Recomendación 15VG/2018, la cual documenta omisiones, conocimiento de los hechos en tiempo real y posibles responsabilidades de elementos militares —principalmente del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala— y recomienda investigar su actuación.
- Además de que en 2022, Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj)—creada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para investigar los hechos—, también publicó un informe en el que la Comisión sostiene que existían elementos para señalar una participación y responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas en distintos niveles.
- La evolución del criterio de las autoridades sobre el papel del Ejército en el caso Ayotzinapa puede observarse al comparar la Recomendación 15VG/2018 de la CNDH, el Informe de la Covaj publicado en 2022 y la Recomendación 208VG/2026 emitida recientemente.
- En la Recomendación 15VG/2018, la CNDH documentó que elementos del 27 Batallón de Infantería tuvieron conocimiento de los ataques contra los estudiantes mientras ocurrían, además de que asegura que estuvieron presentes en algunos de los lugares donde se desarrollaron los hechos. Sobre esto, la Comisión cuestionó la nula intervención de los militares para proteger a las víctimas y consideró que existían elementos suficientes para profundizar la investigación sobre su actuación.
Sin embargo, no concluye que el Ejército participó directamente en la desaparición forzada de los 43 normalistas, tampoco atribuye responsabilidad penal a mandos o soldados específicos.
Cuatro años después, el Informe de la Covaj, adoptó una postura más contundente. El documento calificó el caso como un “crimen de Estado” y sostuvo que autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido personal militar, tuvieron conocimiento de los hechos y participaron por acción u omisión.
Además, en el informe se señala que existían indicios para investigar penalmente a algunos integrantes del Ejército y que la información obtenida permitía sostener responsabilidades individuales de mandos militares.
- Ahora la Recomendación 208VG/2026 representa un cambio respecto de las posturas anteriores. Aunque reconoce que hubo graves violaciones a los derechos humanos y mantiene que la investigación del caso estuvo marcada por irregularidades, la CNDH concluyó que “no existe evidencia objetiva suficiente para acreditar la participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición forzada de los estudiantes”.
Pero el cambio más importante radica en el concepto de “participación institucional”.
Mientras que en 2018 la CNDH consideró necesario investigar la actuación de militares y en 2022 la Covaj sostuvo que existían elementos para atribuir responsabilidades a integrantes del Ejército, la Recomendación reciente concluye que las pruebas disponibles no permiten responsabilizar a la Secretaría de la Defensa Nacional como institución por la desaparición forzada.
Presencia militar en la investigación de la desaparición de los normalistas
Con el paso de los años, las distintas investigaciones que se han realizado sobre el Caso Ayotzinapa han señalado posibles omisiones, intervenciones y responsabilidades de elementos militares en hechos incluso posteriores a los hechos.
- En 2022, la Covaj dio a conocer la identificación de un militar infiltrado entre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Se trata de Julio César López Patolzin, integrante del Ejército mexicano que estudiaba en la Normal como parte de una labor de inteligencia.
De acuerdo con la Comisión, la presencia del militar no era conocida públicamente por sus compañeros y esta “habría permitido que autoridades militares tuvieran información sobre el movimiento estudiantil”.
López Patolzin desapareció junto con los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
Otro de los puntos señalados en las investigaciones es la intervención de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, lugar donde la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que habían sido asesinados y calcinados los estudiantes, versión declarada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, conocida como la “verdad histórica”.
Pero hallazgos de la Covaj y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) apuntan a la presencia de elementos de la Marina en la zona antes de la diligencia oficial reportada por la entonces PGR.
Ante los cuestionamientos sobre posibles alteraciones en el lugar de los hechos, la Marina ha reiterado en diversas ocasiones que no participó en la manipulación de pruebas.
Sin embargo, al menos veinte militares han sido señalados dentro de investigaciones judiciales relacionadas con el caso. Aunque estas acusaciones no implican que todos estén señalados por ordenar la desaparición de los 43 normalistas, si los señalan por distintos delitos vinculados con el caso como la presunta alteración de la investigación, delincuencia organizada, tortura, omisiones y desaparición forzada.
Las acusaciones no solo señalan tortura durante la desaparición de los normalistas, sino también contra personas detenidas durante las investigaciones que construyeron la “verdad histórica”.
- Después de que se presentaran los avances de esta investigación en enero de 2015, organismos nacionales e internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentaron casos de personas detenidas durante las primeras investigaciones que enfrentaron golpes, amenazas, asfixia, descargas eléctricas y otras formas de violencia física y psicológica para obtener declaraciones o modificar versiones de los hecho, estos casos se incluyeron en el informe “Doble Injusticia”.
Uno de los casos a resaltar es el de Carlos Canto Salgado, quien fue detenido en octubre de 2014 y acusado de delincuencia organizada y secuestro. En un video difundido años después se muestra parte de su interrogatorio, en el que se observa a un hombre con el rostro cubierto que lo interroga mientras se escuchan amenazas.
Padres acusan estancamiento del caso para proteger al Ejército
El gobierno de Claudia Sheinbaum se ha estancado en el tema de las funerarias y el Semefo de Iguala para deslindar al Ejército de su implicación en el delito, alertaron madres, padres y organizaciones de derechos humanos al arrancar la jornada de lucha por los 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“A estas alturas no estamos dispuestos a retroceder con migajas”, dijo Emiliano Navarrete Victoriano, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete González.
- Mientras que el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos, dijo que el Estado mexicano está sujeto al derecho internacional donde no cabe ningún criterio de reserva o clasificación de información civil y militar que obstruya la investigación para esclarecer lo que ocurrió con los jóvenes, en referencia a la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de entregar 830 folios de información previa, durante y después de la noche de Iguala.
El represente de la ONU afirmó que se acrecienta la responsabilidad de un Estado porque a través de algunos de sus agentes tenía conocimiento de la situación de riesgo real e inminente al que se enfrentaban los jóvenes en aquella fatídica noche.
“El derecho internacional y la convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones indican de manera clara que se deben de abrir todos los archivos, todo el acervo documental en posesión del Estado.
“Que los aparatos de inteligencia y de seguridad civiles y militares tienen que estar a disposición de la verdad, de los esfuerzos de esclarecimiento y acceso a la justicia”.
- Aseguró que no cabe ningún criterio de reserva o de clasificación que pueda obstruir que las autoridades investiguen y esclarezcan lo que ocurrió en el caso Ayotzinapa. Al igual que la infausta etapa de la Guerra Sucia.
- El defensor de Derechos Humanos, Abel Barrera Hernández, pronunció un mensaje contundente y de apoyo a los padres.
- Señaló que los seis informes del GIEI no los han leído las nuevas autoridades y aun así han descalificado el trabajo y aporte que echó abajo la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Rememoró que las madres y padres fueron a refrendar el apoyo al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en Iguala y que ahí se comprometió a investigar y a dar con los 43 jóvenes.
La investigación del GIEI, dijo, constató el involucramiento en varios momentos del Ejército, desde la infiltración que tenía en la Normal inscribiendo a militares como estudiantes.
Luego cuando le dieron seguimiento a los movimientos de los jóvenes desde Chilpancingo a Iguala.
“Los monitoreó con el C4 y estuvo (el Ejército) en la clínica Cristina cuando quiso llevarse a los estudiantes que estaban heridos”.
El informe que ha dado la Defensa, dijo, es que no sabían qué había pasado esa noche en Iguala, cuando todo mundo sabía la persecución encarnizada que estaban enfrentando los estudiantes.
- Recordó que en la “guerra sucia” más de 800 personas desaparecieron y los perpetradores principales fueron los militares, pero que ninguno fue investigado ni está en la cárcel por el delito de desaparición forzada y que son pocos los expedientes que se conocen para investigarlos.
- Tampoco el Estado mexicano ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que dictó en 2009 de investigar al Ejército en el caso de la desaparición ocurrida en Atoyac en 1974 del cantante de corridos de Lucio Cabañas, Rosendo Radilla Pacheco.
Tampoco hay ninguna investigación sobre los vuelos de la muerte que se realizaban en la Base Aérea Militar 7 de Pie de la Cuesta en Guerrero.
¿En qué país estamos? ¿en el país de las tragedias, de la impunidad?, ¿dónde está el entramado delincuencial entre los actores gubernamentales, por qué no se quiere romper con ese pacto?, ¿el sistema no debe de tocar a los elementos del Ejército para que persista la estabilidad en México?, cuestionó Barrera Hernández.
Repuntan quejas contra el Ejército por violaciones a derechos humanos
En México se registra más de 300 militares involucrados en violaciones a derechos humanos, de acuerdo con la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos).
- De los 358 casos se observa que sólo 23 —el equivalente al 7.2%— han sido sentenciados por sus acciones.
- La mayoría son militares cuya situación jurídica es de indiciados; lo que significa que sólo están siendo investigados por las autoridades competentes.
- Por su parte, 109 han sido procesados; 16 de ellos han sido absuélvanmelos y destaca que 16 de ellos están prófugos de la justicia mexicana.
Los principales delitos por los que son investigados los militares son: actos de tortura, privación de la vida, desaparición forzada, cateo ilegal, allanamiento de morada, retención ilegal e incomunicación, violación y abuso de autoridad y otras lesiones.
Con el viraje en la estrategia de seguridad, que dejó atrás los “abrazos y no balazos” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo un incremento en el número de quejas contra elementos del Ejército mexicano por presunta violación a derechos humanos.
- Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), actualizado al 15 de marzo pasado, revela que en 2025 hubo 428 quejas, la mayor cifra contra militares por violación a derechos humanos en lo que va de la ‘4T’.
Durante el sexenio del ex presidente López Obrador el promedio anual de quejas por presunta violacion a derechos humanos por parte de elementos del Ejército mexicano fue de 358.
- En 2019 fueron 421 quejas; en 2020 hubo 276; en 2021 se registraron 383; en 2022 se recibieron 388, en 2023 la cifra bajó a 367 y en 2024 tuvo una nueva baja y se ubicó en 314 quejas.
- En contraste, en 2025, primer año completo de la actual administración, se recibieron 428 quejas. Dicha cifra, comparada con la de 2019, es 1.6 por ciento mayor; y comparada con la de 2024, es 36 por ciento más alta.
Según la cifra oficial, en lo que va de la actual administración se han recibido 613 quejas, de las cuales 109 fueron en el periodo octubre-diciembre de 2024; 428 en 2025 y 76 en lo que va de 2026.
- Del total de quejas en la actual administración, 359 (58.5%) están totalmente concluidas y 254 (41.5%) continúan en trámite.
- Además, ese total de quejas han derivado en 12 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos en el periodo octubre-diciembre de 2024; ocho en todo 2025 y dos en lo que va de 2026.
- En contraste, en 2019, primer año del gobierno de López Obrador, hubo cuatro recomendaciones y en 2024 fueron tres.
Una recomendación contra el Ejército, en la actual administración, es la 201VG/2025 por violaciones graves a una familia atacada a tiros por parte soldados del 42 Batallón de Infantería.
En ese evento, ocurrido el 6 de mayo de 2025, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, murieron dos niñas (Alexa y Leydi, de 7 y 11 años), y cuatro personas más resultaron heridas. Todos viajaban en una camioneta cuando militares, por error, dispararon 119 veces.
Ese evento destaca, según la CNDH, porque miembros de esa misma familia murieron a manos de militares, en un evento similar, ocurrido el 26 de marzo de 2008, en la comunidad Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, hechos que derivaron en la recomendación 36/2008./Agencias-PUNTOporPUNTO
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